México, ¿una democracia violenta?
México, ¿una democracia violenta? Para combatir al crimen organizado y a los grupos subversivos, el Estado mexicano carecía de una policía capacitada, eficaz. Sucesivamente, los ejecutivos federales —desde Ernesto Zedillo hasta Enrique Peña Nieto— recurrieron a las tropas del Ejército y la Marina mientras alistaba a la fuerza civil que preservara la seguridad pública.
La Policía Federal abrevó de la antigua Policía Federal de Caminos y de los batallones de la Policía Militar que dejaron los cuarteles para obedecer a los mandos civiles. En el camino surgieron las propuestas fallidas de crear una Gendarmería —bajo la propuesta del general Óscar Naranjo, a la sazón exvicepresidente de Colombia— y de consolidar a las fuerzas federales bajo un mando unificado.
Frente a los escudos y los toletes, a lo largo de esos cuatro sexenios, estuvieron expresiones ciudadanas de distinta índole, destacadamente el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que se opuso a la construcción del aeropuerto internacional en Texcoco; los pobladores de San Juan Ixtayopan, que lincharon a dos policías encubiertos; la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que sitió la capital oaxaqueña después de una confrontación con la policía estatal, y —más recientemente— las autodefensas esparcidas por una docena de entidades de la República, que procuraron justicia y seguridad para sus comunidades, ante los embates de las fuerzas federales y el crimen organizado.
Ni el Estado ni los grupos criminales son los únicos actores en un pluralismo violento de México, evidencian las investigadoras Clarisa Pérez-Armendáriz y Lauren Duquette-Rury en un ensayo reciente. La aparición de las policías comunitarias y las autodefensas en Guerrero, Michoacán, Morelos, Hidalgo y Guanajuato a lo largo de la última década —revelan— es un fenómeno vinculado a la migración.
Pérez-Armendáriz es profesora de política y estudios latinoamericanos en Bates College y Duquette-Rury enseña sociología en la Universidad Estatal de Wayne. Su trabajo sobre la influencia de los migrantes en la violencia política apareció en el Journal of Ethnic and Migration Studies: es una investigación basada en información recopilada en 2,352 municipios en 30 entidades federativas a lo largo de una década (entre el 2002 y 2013).
Las autoras citan —entre un cúmulo de referencias bibliográficas— un trabajo del profesor sudafricano Karl Von Holdt publicado en el 2014 para establecer que organizaciones civiles y otros grupos sociales a menudo recurren a actos violentos para oponerse a acciones gubernamentales ilegítimas, no representativas y que no responden a los intereses de la mayoría.
Y distinguen: la policía comunitaria son organizaciones semilegales altamente institucionalizadas, que se basan en prácticas de gobernabilidad indígena y años de movimientos de justicia social y resistencia armada contra un Estado represivo mexicano. Surgieron en muchas de las comunidades predominantemente indígenas de México a fines de los años 90. Las autodefensas son grupos de vigilantes armados que han aparecido en todo México después de la llamada “Guerra contra las drogas” por razones que continúan en disputa.
En el 2010, recordaron, el expresidente Felipe Calderón otorgó a empresas extranjeras numerosas concesiones mineras en partes de Guerrero con grandes poblaciones indígenas, una federación de grupos de policía comunitaria lideró una amplia coalición con el objetivo de persuadir al gobierno federal para que adoptara una política que sería más respondiendo al interés de los ciudadanos locales en proteger la tierra. Su repertorio de disputas incluía tanto la acción violenta informal como la demanda a través de instituciones democráticas formales, como los tribunales y varias agencias federales.
En el caso de las autodefensas, el expresidente Enrique Peña Nieto legalizó, institucionalizó e incorporó algunos de estos grupos al Estado mexicano (su gobierno los cambió de nombre: “policía rural”) en el 2014, y el hecho de que los líderes clave de estos grupos se postularon para —e incluso asumieron— cargos públicos.
Ambos modelos surgieron a partir de dinámicas locales muy específicas. Y pudieron contar con un elemento galvanizador, de acuerdo con las investigadoras: el programa 3×1, impulsados desde los tres niveles de gobierno desde las épocas foxistas.
Esos fondos, contemplados incluso en el Presupuesto de Egresos de la Federación, deben ser destinados a obras para el mejoramiento de las comunidades y no hay evidencia de que se hayan desviado a acciones armadas extralegales, subrayan las investigadoras, pero con remesas provenientes de federaciones y clubes de migrantes y los recursos locales fue posible articular a los vigilantes que desde entonces se encargan de brindar seguridad a sus comunidades.
Las reglas de operación del programa 3×1 prohíben la financiación de la seguridad privada en los municipios y para esas organizaciones —apuntan— simplemente sería más fácil reservar parte de sus envíos para otras actividades, incluida la seguridad pública.
EFECTOS SECUNDARIOS
ACUERDOS. El Gobierno de la Ciudad de México y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial y principal institución internacional de desarrollo dedicada al impulso del sector privado en mercados emergentes, firmaron un memorando de entendimiento para colaborar en el desarrollo de proyectos orientados a enfrentar los principales retos de sostenibilidad en la megaurbe. El acuerdo cubrirá cuatro áreas específicas: manejo de desperdicios, agua y saneamiento, eficiencia energética y transportación sostenible.
CARIBEÑOS. Dentro de 10 días, especialistas certificados en prevención de delitos financieros y funcionarios gubernamentales de Latinoamérica se reunirán en Cancún. El programa de la 13ª edición de esta conferencia hemisférica anuncia sendas conferencias magistrales a cargo de la periodista Adela Navarro, directora del semanario Zeta de Tijuana y del vicepresidente de la CNBV, Sandro García Rojas, e incluye sesiones sobre inteligencia artificial, entorno regulatorio y riesgos digitales, entre otros. Entre los expositores estarán Rafael Albuernes, especialista en tráfico de personas del Homeland Security, en Estados Unidos, y Otavio Allemand Borges, perito del grupo Lavajato de la Policía Federal de Brasil.
PAREJA. Una empresa pública y una privada son las únicas mexicanas en el Global 500, de la revista Fortune. La CFE y FEMSA aparecen en el índice que presumirá la publicación, en su portada de la edición de agosto.
Minuto a minuto
