Como antecedente, en 2020 los hermanos El Mann Arazi entregaron 2,000 millones de pesos a la FGR bajo un criterio de oportunidad que los libró de una causa por lavado de dinero; no obstante, ese acuerdo no abarcó las operaciones hoy investigadas, por lo que la Fiscalía podría volver a ejercer acción penal
Ha transcurrido una década del contrato fallido entre el Infonavit y Telra Realty, el consorcio empresarial que fue acusado de querer despojar de su nombre a esa institución, pilar del esquema de vivienda social del Estado mexicano.
Enfrentados a los peñistas, los empresarios terminaron peleando entre ellos cuando el obradorismo exigió que devolvieran los 5,000 millones de pesos con los que fueron indemnizados tras de la cancelación de su contrato multianual.
Mientras unos negociaron un criterio de oportunidad y devolvieron 3,000 millones, otros sufrieron extorsión judicial y persecución penal. Y después de seis años, mantienen su batalla. Lo sorprendente de esta historia es que los lazos que unen a las familias Zaga Tawill y El Mann son indisolubles, pero sus diferencias no han podido solventarse, ni siquiera tras de la intervención del rabino.
Cerrado el caso Telra, ahora están bajo investigación Powergreen Technologies, E-Group Holding y Teófilo Zaga Tawil, por un presunto fraude superior a mil millones de pesos en agravio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Según consta en lacarpeta de investigación FED/DGCAP/UNAI-CDMX/0000042/2020, el 28 de febrero de 2018 la CFE transfirió un anticipo de 379 millones de pesos a Powergreen como parte de un contrato mayor a mil millones. Minutos después, las contratistas E-Group S.A. de C.V. (de los El Mann Arazi) y Grupo Zarte Internacional (de Teófilo Zaga Tawil) habrían liquidado un crédito bancario y vendido sus acciones a ICHM Importadores y JPL Manufacturas, sociedades con capitales mínimos de 50,000 pesos y sin la estructura para sostener el proyecto, dejando el contrato en riesgo de incumplimiento.
La FGR sigue la pista del anticipo que habría sido aplicado al pago de un presunto préstamo con Credit Suisse (Contrato 101424.840.01), gestionado por André El Mann Arazi y Teófilo Zaga Tawil. La operación habría sido instrumentada por el entonces banquero de confianza de los El Mann, Víctor Tsutsumi, quien posteriormente dejó Credit Suisse para integrarse a Morgan Stanley.
Ya en Morgan Stanley, Tsutsumi habría abierto y administrado cuentas de Powergreen Technologies y Telra Realty en Nueva York. De acuerdo con las líneas de investigación, esos movimientos podrían formar parte de un esquema de triangulación para ocultar el origen de recursos presuntamente desviados de la CFE y del INFONAVIT.
Paralelamente, la FGR evalúa la cadena de transferencias, la capacidad real de las empresas que asumieron el contrato y la eventual responsabilidad de los involucrados. En particular, se revisa si el contrato de suministro de equipos 700490362 (del 4 de diciembre de 2017) entre la empresa productiva del Estado y Powergreen fue simulado, ante la falta de evidencia de entrega física de los bienes.
En el frente financiero, la UIF solicitó a la CNBV, mediante los oficios SIARA UIFDGA/2025/001321, /001333 y /001354, de fecha 5 de agosto de 2025 y firmados por Pablo Gómez Álvarez, la información bancaria completa desde 2015 de los investigados —entre ellos Moisés El Mann Arazi, E-Group Holding S.A. de C.V. y Teófilo Zaga Tawil—, incluyendo cuentas, contratos y transferencias internacionales.
En la estructura corporativa de Powergreen, Moisés El Mann Arazi y Teófilo Zaga Tawil integraron el Consejo de Administración y designaron como director general a Alberto Sacal El Mann, encargado de la administración de cuentas y de garantizar la entrega de equipos a la CFE. La FGR también reportó inconsistencias en el objeto social y en las operaciones de la compañía, además de que compartía domicilio con Telra Realty.
Como antecedente, en 2020 los hermanos El Mann Arazi entregaron 2,000 millones de pesos a la FGR bajo un criterio de oportunidad que los libró de una causa por lavado de dinero; no obstante, ese acuerdo no abarcó las operaciones hoy investigadas, por lo que la Fiscalía podría volver a ejercer acción penal.
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