Unos son los rebeldes. Otros —más, con experiencia y sin ligas con el PRI— son “senadores de oposición”, según la auto descripción del panista Ernesto Ruffo Appel. Apartados de las directrices del Pacto por México, con diálogo y respeto a la “izquierda radical”, una veintena de senadores panistas decidieron avanzar una ruta propia. Disidente. ¿Los … Continued
Unos son los rebeldes. Otros —más, con experiencia y sin ligas con el PRI— son “senadores de oposición”, según la auto descripción del panista Ernesto Ruffo Appel. Apartados de las directrices del Pacto por México, con diálogo y respeto a la “izquierda radical”, una veintena de senadores panistas decidieron avanzar una ruta propia. Disidente.
¿Los más visibles? Ruffo, Marcela Torres Peimbert y el exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks. Y antes de que se fuera a Chihuahua, Javier Corral Jurado. Y enfrente, Manuel Bartlett, Luis Sánchez, Alejandro Encinas, Layda Sansores…
Ayer, este colectivo decidió —en medio de la parálisis legislativa y con apenas tres sesiones de trabajo en lo que resta del periodo ordinario de sesiones— tramitar una iniciativa de reforma a los artículos 108, 110 y 111 constitucionales, para eliminar la inmunidad presidencial.
Entre los pendientes de la reforma político-electoral están un nuevo marco legal para la democratización del régimen político y la rendición de cuentas. Y justo ahora, esta facción parlamentaria —en la que están representantes de cuatro partidos políticos y varios “independientes”— consideró oportuno legislar para acotar (aun más) las facultades del Ejecutivo federal.
La iniciativa emerge de la fracción parlamentaria del PAN, con las firmas de Torres Peimbert, Romero Hicks, Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Francisco Búrquez, pero está respaldada por una veintena de legisladores. Y en concreto, propone eliminar el párrafo cuarto del artículo 111 que protege al presidente e implementar un periodo de tres años después de concluido el sexenio, en el que podrá ser acusado por traición a la patria, hechos de corrupción y cualquier violación a la Constitución y a las leyes vigentes.
Dice textualmente la exposición de motivos: “La figura presidencial requiere urgentemente de una reforma constitucional (…) es preciso que el presidente de la República pueda ser sujeto de juicio político. Dadas las circunstancias de la presente administración en donde en los últimos cinco años, los ciudadanos han sido testigos del mal desempeño y de los constantes acusaciones que indican certeros vínculos con la corrupción que manchan la embestidura presidencial se debe poner sobre la mesa que el presidente de la República pueda responder por acusaciones derivadas de violaciones a la Constitución, así como a las leyes federales y ser sujeto de juicio político como cualquier otro funcionario público”.
EFECTOS SECUNDARIOS
EXPIRADOS. Alejandra Barrales deberá separarse de la dirigencia nacional del PRD en las próximas 24 horas. Sobre sus espaldas, una de las tareas más grandes en términos electorales: concretar en lo jurídico el llamado Frente Ciudadano y lograr los consensos de su partido con las tres fuerzas políticas hasta ahora aliadas. Adicionalmente, Barrales ha tenido que entrelazar estas tareas con la actividad parlamentaria, toda vez que la también senadora tuvo que jugar un papel protagónico en la entrega de la medalla Belisario Domínguez y en las discusiones sobre la titularidad de la Fepade o sobre Ley de Seguridad Nacional. En las últimas tres semanas la agenda legislativa de la aún líder del PRD se han enfocado en impulsar la afiliación de recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por los pasados sismos; ha impulsado proyectos de decreto para reformar artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como la solicitud al gobierno federal de un informe sobre las áreas geográficas que implican un riesgo para las mujeres; temas que, por cierto, formarían parte también de una propuesta de gobierno de concretarse su candidatura para la Ciudad de México.
SUSPIRANTES. Quiso la fortuna que este jueves por la mañana, en uno de los desayunaderos preferidos de los parlamentarios, coincidieran tres de los aspirantes a la candidatura del PRI al Senado de la República. El primero en llegar fue Heriberto Galindo Quiñones, quien temprano se apersonó en las cercanías de la sede nacional del IMSS para acompañar a su yerno, Mikel Arriola, en el día más importante de su carrera política. Tempranero, el ex diputado federal tomó café con Mario Zamora, director de la Financiera para el Desarrollo y uno de los meadeadistas más inquietos. Ambos aparecen en la terna, entre los aspirantes priistas mejor posicionados. El tercero es el exsecretario de Gobierno, Gerardo Vargas, quien al mediodía se reunió con el exgobernador Mario López Valdés y otros dos leales malovistas. Esa triada, junto con el exrector de la UAS, Melesio Cuen, compite por la nominación. Por definición, sólo uno accederá a la candidatura. Y el resto actuará en consecuencia y no apoyará al PRI. Dicen los que saben que si la decisión es equivocada, se perderán 500,000 votos para la causa meadeadista. ¿Será?
¿ANTICIPADOS? Inusual, la despedida de Mikel Arriola del IMSS tuvo un tufo de precampaña. En el vestíbulo de esa institución comenzó su precampaña por la jefatura de Gobierno de la CDMX. Y también, el ascenso de Tuffic Miguel Ortega, quien antes ya había ocupado un puesto que su jefe y amigo dejó vacante. La autoridad electoral capitalina tendría que intervenir, en este caso, lo mismo que el INE para apercibir al secretario del Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, quien utiliza sus redes sociales para promover al aspirante priista, José Antonio Meade.
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