Por decreto presidencial. Así justificaron en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores el despido de personal de confianza
Por decreto presidencial. Así justificaron en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores el más reciente despido de personal de confianza. El cese de los empleados afectados fue comunicado verbalmente, acompañado de un ofrecimiento de un finiquito, por 50% de lo que correspondería si fuera una liquidación en los términos de ley.
A los pocos empleados de ese organismo dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que solicitaron que les fuera mostrado el decreto presidencial de marras, los mandaron a revisar el Diario Oficial de la Federación, donde —en efecto— justo hace un mes se hizo público el acuerdo del Ejecutivo para reducir 30% el gasto operativo.
En otras áreas de la administración pública federal procedieron con menos desmañas. La Secretaría del Medio Ambiente —que todavía encabezaba Josefa González Blanco Ortiz Mena— invocó a un “rediseño institucional bajo un enfoque de reducción de costos administrativos y de apoyo”, instrumentado por la cuarta transformación en apego al recorte presupuestal aprobado para servicios personales (capítulo 1000) ordenado por el Congreso de la Unión, para notificar a los despedidos.
Los oficios firmados por Enrique Emigdio Herrera Suárez, director general de Desarrollo Humano y Organización, dan cuenta de la decisión, tomada el 17 de mayo por el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría, de suprimir 235 plazas del catálogo de puestos de carácter permanente sujetas al Servicio Profesional de Carrera.
“A partir del 1 de junio cesarán sus funciones (…) para los efectos legales procedentes”, fueron informados aquellos que resultaron cesados, quienes para recibir sus finiquitos deberán esperar a que la Secretaría de Hacienda emita un dictamen presupuestario y entonces se presentará a la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal una propuesta de modificación organizacional.
Primero los despidos, luego el rediseño del organigrama. En la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente fueron despedidos los 32 delegados estatales y el personal de confianza que trabajaba a su mando. En las oficinas centrales, los empleados de la coordinación de delegaciones, la subprocuraduría de auditoría ambiental y la dirección de atención ciudadana y comunicación social fueron cesados; salvo los sindicalizados, quienes serán reubicados por recursos humanos ante la desaparición de tales áreas.
El final de mes en Profepa fue una pesadilla. El último recorte alcanzó a 35 mandos medios y superiores, además de los delegados estatales. Los encargados de las subprocuradurías fueron emplazados a justificar las actividades de cada uno de los empleados con funciones sustantivas para garantizar su permanencia antes de la aplicación del siguiente ajuste a la nómina, dentro de un mes.
El viernes 30, al mediodía, la titular de la Profepa citó a sus colaboradores más cercanos a una comida, en un intento por disminuir la incertidumbre. Y es que los rumores sobre la desaparición de esa entidad arreciaron a mediados de la semana pasada.
EFECTOS SECUNDARIOS
FINALES. Señalado por un presunto conflicto de interés, Guillermo García Alcocer jugó su última carta tras pedir una audiencia al Ejecutivo federal. A la Comisión Reguladora de Energía ya habían renunciado dos de los integrantes del pleno y el resto de los integrantes de ese órgano autónomo iba a ser electo en el Senado de la República. Ese proceso tuvo que repetirse, por el veto de las bancadas de oposición y finalmente quedó trunco. Ahora, con el arranque formal de las obras en Dos Bocas, García Alcocer ha decidido entregar su cargo.
Donde habrá cambios también es en la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo, luego de que su extitular Emilio Zacarías Gálvez cumpliera con el emplazamiento formulado por la secretaria Luisa María Alcalde Luján y entregara su renuncia, el pasado jueves 30.
DECISIONES. Después de 10 meses de visitas constantes y diálogos entreverados, que involucraron a una decena de actores políticos de primer nivel en Sinaloa, el exsecretario de gobierno Gerardo Vargas Landeros aceptó la invitación de Elba Esther Gordillo para integrarse a las Redes Sociales Progresistas. El pasado sábado, en Culiacán, ambos fueron las figuras relevantes en la Asamblea Constitutiva en aquella entidad, que se suma a Chiapas, Campeche, Monterrey, Durango e Hidalgo, en la lista de incorporaciones al movimiento elbista. El excolaborador del exmandatario Mario López Valdez aborta —por la vía de los hechos— su incorporación a Morena, donde le habían negado la dirigencia estatal, y ahora buscará articular un frente amplio —con expanistas y experredistas, principalmente— para buscar la gubernatura, en el 2021.
INTEGRAL. En México hay actualmente más de 650,000 viviendas abandonadas y, para recuperarlas, el Infonavit implementará un programa nacional en 46 polígonos prioritarios en una primera etapa, para rehabitar 170,000 unidades. La propuesta del director general de instituto, Carlos Martínez, buscará licitar los polígonos a la Iniciativa Privada para una recuperación urbana integral del espacio habitacional y el espacio público.
DESPERDICIO. El proyecto del Parque Hídrico La Quebradora, para captar agua pluvial, mitigar el riesgo de inundaciones y recargar los mantos freáticos en Iztapalapa fue presumido por la UNAM y la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa como un ejemplo de arquitectura paisajística y rescate ecológico. Pero después de dos años de trabajos y más de 300 millones de pesos erogados, sigue sin concretarse. La diputada morenista Guadalupe Aguilar Solache, presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua en el Congreso capitalino, calificó la obra como inservible, luego de un recorrido de supervisión del proyecto, al que también acudieron la alcaldesa Clara Brugada, y el titular del Sistema de Aguas, Rafael Carmona Paredes, quienes encontraron una obra parcialmente terminada, pero sin funcionar. La congresista aseguró que para terminar la obra se requieren poco más de 50 millones de pesos, adicionales a los más de 300 millones invertidos por el gobierno anterior en esa alcaldía.
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