La campaña de desprestigio contra Muna Dora Buchahin Abulhosn comenzó a finales del año pasado, en Chiapas. En ciernes, sus aspiraciones por convertirse en titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero su “expediente negro”, divulgado profusamente por la prensa local, enlistaba su vasto patrimonio inmobiliario, tanto en Tuxtla Gutiérrez como en San … Continued
La campaña de desprestigio contra Muna Dora Buchahin Abulhosn comenzó a finales del año pasado, en Chiapas. En ciernes, sus aspiraciones por convertirse en titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero su “expediente negro”, divulgado profusamente por la prensa local, enlistaba su vasto patrimonio inmobiliario, tanto en Tuxtla Gutiérrez como en San Cristóbal de las Casas, y recientes sucesos sangrientos ocurridos en un salón de fiestas, presuntamente de su propiedad.
En aquella entidad recuerdan con claridad los primeros pasos de la exdirectora de Auditoría Forense de ese órgano legislativo, removida la semana pasada por un presunto conflicto de interés. “Trabajó en Sedesol y muy de cerca con Pablo Salazar Mendiguchía”.
Efectivamente, Muna Dora fue directora regional del Fonaes en el sureste a finales del sexenio zedillista. Y desde entonces se vinculó al entonces senador, quien se convertiría en el primer gobernador aliancista de Chiapas, al que sirvió primero como vocera y después como contralora general.
Allí fue, hace casi tres lustros, cuando empezó una disputa con el entonces secretario general de Gobierno, Emilio Zebadúa González, que recientemente vivió uno de sus capítulos más álgidos, primero con la Estafa Maestra y recientemente, con su despido de la ASF.
Muna Dora es licenciada en Educación y abogada. Ambas tareas ha combinado a lo largo de dos décadas de trabajo ininterrumpido en el ámbito de la procuración de justicia en la CDMX, que inició como perito auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del DF, en materia de contabilidad y auditoría gubernamental.
En ese lapso, la doctora en Derecho egresada de la UNAM y maestra en Administración por el Tec de Monterrey ha estado a cargo de cerca de 410 auditorías en el ámbito público y privado y más de 235 dictámenes de casos presentados ante autoridades penales y administrativas. A la ASF llegó de la mano del extitular de ese órgano, Juan Manuel Portal, quien debió modificar el reglamento interno para abrir la dirección general de auditoría forense dentro del organigrama institucional.
Además de las tareas de fiscalización, Muna Dora fungía como coordinadora académica del Diplomado en Prevención, Detección e Investigación del Fraude del ITAM y simultáneamente estaba al frente del capítulo local de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados.
La ACFE-México cumplirá una década el año próximo y nació —de acuerdo con sus fundadores— con la idea de contribuir a la lucha contra la corrupción, a través de la auditoría forense de “casos de alto impacto” aunque también ofrecía cursos de actualización y capacitación de los funcionarios adscritos a las entidades fiscalizadoras de los gobiernos estatales.
Los señalamientos sobre el presunto conflicto de interés de Muna Dora y su jefe en la ASF fueron expuestos en las audiencias para elegir al sustituto de Juan Manuel Portal.
“Tengo que decir: no litigamos, no vendemos consultorías, auditorías a los gobiernos de estados, no hacemos libros blancos, no ofrecemos asesorías de solventación de auditorías, no ofrecemos intervención ante ningún organismo”, refutó durante su comparecencia ante los diputados que integran la comisión de vigilancia, hace siete meses, “lo que hemos hecho 10 años es difundir la educación, y hacer capacitación antifraude, que es un capítulo internacional que tuvimos la oportunidad de fundar con el auditor Portal en México (…) Entonces, yo no veo ningún conflicto de interés”.
La narrativa de la Estafa Maestra ya había llegado a las librerías. Pero Muna Dora no superó los vetos de los grupos parlamentarios de la mayoría en San Lázaro y quedó excluida.
Muna Dora ha dejado su cargo casi al mismo tiempo que otros cambios relevantes al interior de la ASF han sido decretados por su nuevo titular, David Colmenares Páramo, quien también requirió las renuncias del titular de la Unidad de Gasto Federalizado, Salim A. Orci Magaña —quien también compitió por la vacante—, y de los auditores especiales de Cumplimiento Financiero, Javier Peréz Savedra, y de Desempeño, Roberto Salcedo Aquino.
Las ONG involucradas con la divulgación de la Estafa Maestra exigieron información sobre la investigación por conflicto de interés que habría derivado en la destitución de Muna Dora y, de ser el caso, conocer las probables violaciones a Ley General de Responsabilidades Administrativas a las que habría incurrido.
“No es un asunto menor”, insistieron, “es fundamental la certidumbre jurídica en este rubro para evitar especulaciones que mermen la labor de la Auditoría como integrante clave de los esfuerzos institucionales del Estado mexicano en contra de la corrupción. Y en caso de que se presenten las denuncias respectivas ante la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, que ésta procese, de manera clara y apegada a derecho todas las investigaciones”.
El récord de Alejandro Romero Gudiño, en este campo, es inexistente.
EFECTOS SECUNDARIOS
PERPLEJOS. Grupo MyM ganó la licitación para trasladar las boletas electorales de la elección federal a los 300 consejos distritales. La entidad contratante —el INE— requirió que todos los camiones tuvieran localizador GPS y que los conductores portaran teléfonos celulares, a fin de que sean rastreables en todo momento. ¿Y la seguridad que les brinda el Ejército mexicano? Antes de que partieran las caravanas con los primeros 24 camiones —en las que también participan efectivos de la Policía Federal— hubo un incidente, pues la Sedena requería al INE un pago por 120 millones de pesos, además de una cobertura contra riesgos mayores para las tropas. ¿Antecedentes? Los convenios de colaboración firmados por el alto mando castrense y los gobernadores que solicitan el apoyo de las Fuerzas Federales para asumir las tareas de seguridad pública. Después de un estira y afloja, el INE concedió que los soldados tendrán techo y sustento de buena calidad durante las semanas que custodien los paquetes electorales.
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