Apenas si habían transcurrido 72 horas del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, cuando comenzaron a aplicar las medidas de austeridad en el Senado de la República. A partir del 5 de julio comenzó un recorte hormiga. Antes de que concluyera ese mes, casi un millar de trabajadores —contratados por honorarios— ya habían dejado sus … Continued
Apenas si habían transcurrido 72 horas del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, cuando comenzaron a aplicar las medidas de austeridad en el Senado de la República. A partir del 5 de julio comenzó un recorte hormiga. Antes de que concluyera ese mes, casi un millar de trabajadores —contratados por honorarios— ya habían dejado sus puestos y otro millar de personal comisionado a las oficinas de atención de los 128 integrantes de la Cámara Alta, también fueron liquidados.
A mediados de julio, Emilio Gamboa Patrón y Ricardo Monreal Ávila ya habían acordado la ruta para la entrega-recepción. El secretario general de servicios parlamentarios, Arturo Garita Alonso, recibió instrucciones para que el 15 de agosto —a más tardar— los mandos medios y superiores del Senado dejaran oficinas y nóminas libres. Hubo algunos casos, como el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, que preside la exdiputada panista Adriana González, donde defendieron la continuidad de un plan de trabajo y resistieron el voluntarismo de esta transición de terciopelo.
Martí Batres reveló que actualmente se gastan 263 millones de pesos en sueldos y prestaciones de la alta burocracia senatorial. Y que estaban vigentes 2 mil 797 contratos por honorarios. Morena propondría —apenas si arranque la próxima Legislatura— una reducción de 60 por ciento en ambos rubros, además de la eliminación de las partidas presupuestales para los grupos parlamentarios y las comisiones.
La estructura administrativa del Senado, según Batres, tiene un presupuesto de 527 millones de pesos, mientras que las dietas y las prestaciones para los legisladores requieren de otros 263 millones. Ambos rubros sufrirían una reducción de 40 por ciento.
¿Y los trabajadores con plazas de carácter permanente? ¿Y el personal de resguardo y seguridad? Las liquidaciones de julio fueron benignas, pues los despedidos se llevaron su parte proporcional del aguinaldo y de las prestaciones a las que tenían derecho. Los que fueron cortados este mes —y los empleados que permanecen en funciones— ya no tendrán acceso a bonos, seguros o viáticos… hasta nuevo aviso.
Implacable, la guillotina en el Senado.
Trabajadores técnicos incluidos en la lista de cesados ya no pudieron ingresar al recinto senatorial. Sus tarjetas electrónicas estaban inhabilitadas y sólo pudieron acceder a la firma “voluntaria” de su renuncia.
Entre el personal de confianza, tomar las liquidaciones era mejor ahora que esperar a la concreción del plan de austeridad morenista, que eliminaría prestaciones y canonjías. Hay personal que acumula cuatro legislaturas —es decir, 24 años— que fue emplazado a dejar sus posiciones. Sólo en contados casos han recurrido a los tribunales de conciliación y arbitraje.
¿Y el servicio civil de carrera? Los secretarios técnicos de comisiones serán —en cualquier caso— los últimos en las listas de los recortes.
En contrasentido, desde principios de este mes han comenzado a llegar los altos mandos de la Legislatura entrante designados por Ricardo Monreal. Y mientras, en San Lázaro, el secretario general, Mauricio Farah Gebara, ya citó a los 500 diputados federales electos para tramitar su credencial. Arrancan los morenistas, el próximo lunes.
EFECTOS SECUNDARIOS
REGRESO. Han pasado casi dos décadas de la desaparición de Conasupo. Ignacio Ovalle fue director de esa poderosa instancia entre 1988 y 1991, periodo en el que tuvo como subordinado al ingeniero Raúl Salinas de Gortari. Y después de tres sexenios, bajo la figura de la nueva Agencia para la Seguridad Alimentaria, retomará las tareas de la antigua dependencia encargada del abasto popular, con la fusión de Diconsa y Liconsa. Ovalle Fernández dejará la dirección de la ONG Humanismo y Valores para integrarse a la estructura lopezobradorista.
AJUSTADOS. La prelación es una regla que últimamente en el PRI se ajusta a intereses particulares. Por esa vía Cristina Díaz, Carolina Monroy y Claudia Ruiz Massieu han llegado a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y ahora, con la abrupta renuncia de Rubén Moreira Valdés a la secretaría general del PRI, ha quedado el espacio libre para que el joven político yucateco Pablo Gamboa Miner ocupe la segunda posición más relevante dentro del organigrama tricolor. Y es que Jorge Estefan Chidiac y Héctor Gutiérrez de la Garza permanecerán en sus posiciones, según se perfilaba anoche al cierre de este espacio. Ruiz Massieu citó a los coordinadores parlamentarios —salientes y entrantes— y a los gobernadores, a un cónclave para tomar decisiones, que también involucrarían a la secretaría de información y propaganda, que dejaría César Castillejos.
MOVIDOS. Sin atender las decisiones superiores, en el IMSS viven un periodo de efervescencia en vísperas del relevo sexenal. Y al margen de la mudanza a Morelia o del arribo de Germán Martínez Cázares —que algunos consideran como todavía no confirmado— está la disputa por la dirección de prestaciones médicas entre dos antiguos funcionarios de esa dependencia, Mario Madrazo y Javier Dávila, quienes presumen de tener apoyos internos y poderosos padrinos. Hay un tercer involucrado: Efraín Arizmendi.
CAMUFLAJE. La ofensiva del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, contra el canciller Luis Videgaray por la inacción del gobierno federal en el proceso penal contra el exgobernador César Duarte Jáquez tendría una justificación. Y es que —de acuerdo con distintas voces que se escuchan en aquella entidad fronteriza— el grupo político del priista estaría reposicionándose… en Morena. Allí está, por ejemplo, Javier González Mocken, que fue candidato de Morena a la alcaldía de Ciudad Juárez. O la incorporación del ex dirigente estatal del tricolor, Guillermo Dowell, al partido lopezobradorista. ¿Será?
Minuto a minuto
