El nacimiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coincidirá con la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior
El nacimiento de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coincidirá con la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, el fallido intento del peñismo por blindar la intervención de las Fuerzas Armadas en actividades policiacas.
“Hoy por hoy es imposible regresar a los soldados a sus cuarteles y que los cuerpos civiles se hagan cargo del combate al crimen en los municipios y entidades donde las policías son ineficientes”, comentaba en la víspera Alberto Capella, quien apenas cumple 50 días al frente de la seguridad pública en Quintana Roo. Habla con conocimiento de causa, después de casi cuatro lustros en estos meandros.
Del Consejo de Seguridad Pública en su natal Tijuana —un organismo cívico que procuraba la pacificación de aquella urbe fronteriza— brincó a la dirección de la policía municipal. Y más recientemente, dirigió los esfuerzos contra el crimen organizado en Morelos.
Hace 10 días, los policías de Cancún se amotinaron, en repudio al nombramiento de su nuevo jefe formulado por la nueva alcaldesa, Mara Lezama, de Morena. Y por sugerencia de Capella, el gobernador Carlos Joaquín González solicitó apoyo a la Federación ante la imperiosa necesidad de proteger a los residentes y a los visitantes en el principal destino del Caribe mexicano.
Un millar de elementos adscritos al 10o Batallón de la Policía Militar están en las calles de Cancún. Y en este lapso, la incidencia delictiva se ha desplomado. Benito Juárez y Solidaridad —donde está Playa del Carmen— están entre los 50 municipios de “atención prioritaria” en materia de seguridad.
Las acciones de las Fuerzas Armadas no tienen la condición de seguridad pública, definía la Ley de Seguridad Interior, cuya constitucionalidad es analizada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ayer seis de los 11 integrantes de ese órgano de control rechazaron el proyecto elaborado por el ministro Jorge Pardo Rebolledo.
En San Lázaro, mientras deliberaban los ministros, el pleno de los diputados federales debatía el proyecto de la nueva Ley Orgánica para la Administración Pública Federal, que además de instrumentar la reingeniería del aparato gubernamental, instituye la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Esta dependencia —de acuerdo con el nuevo entramado institucional— quedará a cargo de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones para garantizar la seguridad pública (que hasta ahora era potestad de la Secretaría de Gobernación), además de las tareas relativas a la seguridad nacional y la protección civil de la población, en caso de desastres naturales.
La reticencia de los legisladores del PRI y del PAN —quienes sin argumentos tomaron la tribuna para denunciar a la “dictadura obradorista— no impedirá la aplicación de la estrategia de la cuarta transformación para prevenir al delito y combatir al crimen, que esta tarde será presentada formalmente por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
El Plan Nacional de Paz y Seguridad comenzará su aplicación en el primer minuto del 1 de diciembre del 2018. Además de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quedará instaurada la comisión presidencial para investigar la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero.
El gabinete de Seguridad estará encabezado por el Ejecutivo federal, del que formarán parte los secretarios de Gobernación, Seguridad Ciudadana, Defensa Nacional y Marina; mientras que el fiscal general de la República acudirá a las sesiones, en calidad de invitado.
El éxito de este plan nacional dependerá indubitablemente de la coordinación entre Gobernación y de Seguridad Ciudadana y la buena relación entre Zoé Robledo y Alfonso Durazo abona a los buenos pronósticos. El senador con licencia, con el nuevo marco legal vigente, quedará facultado para ejercer el mando sobre la fuerza pública. Y bajo su adscripción quedará el mando policiaco.
El nuevo modelo prioriza la inteligencia sobre el uso de la fuerza y se basa en la acción conjunta de las fuerzas de seguridad. La reingeniería de la Policía Federal procurarán convertirla en un órgano policial encargado de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, además de prevenir la comisión de delitos del orden federal.
Apenas la semana pasada, el Latinobarómetro 2018 mostraba que México es el país del hemisferio donde menos confianza siente la población con la policía (19% de los entrevistados). ¿Y las Fuerzas Armadas? 50% de los mexicanos confía en los militares. Y esta tarde, AMLO conocerá el proyecto de la nueva corporación que sustituirá a la Policía Federal. Su conversión en la Guardia Nacional podría quedar confirmada esta misma tarde.
Pero la desmilitarización está lejana. Como diría Alberto Capella, las Fuerzas Armadas actualmente son los últimos porteros en materia de seguridad pública.
EFECTOS SECUNDARIOS
FRECUENCIAS. El Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó la convocatoria para la licitación de 41 frecuencias de radio para uso comercial, así como la asignación directa de 31 frecuencias de radio y 11 canales de televisión para uso social y público. Para uso comercial se pondrán a disposición 39 estaciones de radio en FM para dar servicio en localidades de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas; así como dos frecuencias para AM en Michoacán y Puebla. La licitación de estas frecuencias se realizaría durante el segundo semestre del 2019. Para concesiones de uso social vendría la asignación de 21 frecuencias de radio FM y tres estaciones de radio AM, mientras que, para uso público, se pondrían a disposición siete frecuencias de radio FM.
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