Es comprensible que las bancadas legislativas tengan sus propias agendas e impongan sus modalidades negociadoras para el avance de sus iniciativas. Pero lo que muchas veces no se puede entender es que ante la terca realidad de la impune actuación de los delincuentes organizados -y sus vínculos con los cuerpos policiales de algunos municipios- se … Continued
Es comprensible que las bancadas legislativas tengan sus propias agendas e impongan sus modalidades negociadoras para el avance de sus iniciativas. Pero lo que muchas veces no se puede entender es que ante la terca realidad de la impune actuación de los delincuentes organizados -y sus vínculos con los cuerpos policiales de algunos municipios- se siga medrando políticamente, atorando la necesaria reforma policial en el país.
Nuevamente la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, dos cuyos cuerpos ya fueron localizados en la zona de Tlalixcoyan, muestra la urgencia de poner en orden a las policías municipales. En este caso y en el de Iguala, Guerrero, los mandos policiacos han quedado evidenciados de estar al servicio de los criminales.
Pero no sólo es el caso de esos dos estados –que aparecen como las entidades que encabezan el número de mayor cantidad de desapariciones, según el último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)- sino de varios municipios en que ha quedado clara la preponderancia de la delincuencia organizada sobre quienes deberían tener a su cargo el cuidado de la sociedad.
El hallazgo de los cuerpos de dos jóvenes en Tlalixcoyan lleva a recordar que este lugar siempre ha sido zona de narcotraficantes. En noviembre de 1991 se presentó un enfrentamiento entre militares y policías judiciales federales cuando –según se dijo en su momento- los soldados estaban protegiendo la llegada por avión de un cargamento de estupefacientes, en una pista clandestina del denominado Llano La Víbora. En aquel caso los judiciales iban en persecución de los narcotraficantes.
Con el descubrimiento de los cuerpos en Tlalixcoyan también se encontraron indicios de que en el lugar “se manipulaban drogas, se alteraban vehículos y almacenaban de manera ilegal hidrocarburos”. No es nada nuevo que Tierra Blanca, Veracruz, sea señalada como una zona de operación de la delincuencia. Es una mala fama que viene desde décadas atrás.
De manera paralela, la reportera de cobertura policiaca Anabel Flores Salazar ha desaparecido. Y la sombra de la delincuencia organizada también se proyecta en ese caso, como también en el de muchos periodistas que han denunciado el tema de la inseguridad y los vínculos de gobernantes y jefes policiacos; o incluso de periodistas mismos que han tenido vínculos con los criminales.
Ni que decir del caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
Por ello leer declaraciones como las del coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Fernando Herrera Ávila, provocan ya no sólo desazón sino enojo porque pareciera que llevar adelante su iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción y de su diferencia sobre los mandos únicos policiacos por cada una de las 32 entidades, está por encima de la realidad que se vive en varios estados de la República.
Si bien el senador Herrera Águila, de Aguascalientes, señala que las dos reformas –la policial y la de anticorrupción- deben ir a la par, muestra su desdén a la problemática de poner en orden a los cuerpos policiacos municipales, al comentar (en entrevista para el diario 24 Horas) que “no se trata de sacarle la chamba nada más al gobierno ahorita que les urge evidentemente el sistema judicial, pateando el bote al sistema nacional anticorrupción”.
De entrada rechazó que comparta la iniciativa del Presidente Peña Nieto de que las 32 policías unidas sea la solución para atacar el problema de la inseguridad –y por consecuencia el de las desapariciones forzadas en que se ha involucrado a cuerpos policiacos municipales-.
¿Cuántas desapariciones más y casos de impunidad policiaca municipal –ligada a la delincuencia- deben inundar la prensa para que se avance más rápido en este letargo legislativo sobre la reestructura de los cuerpos policiales?
PostScriptum.- Un joven se puso a grabar en video, desde su teléfono móvil, la exigencia de un policía municipal de Naucalpan de que mostrara sus documentos por una supuesta falta al conducir su vehículo. “Ya deja de estar grabando”, dijo una y otra vez el policía al joven. “Si a mí me pasa algo, te las vas a ver conmigo”, amenazó el agente policiaco que escondió sus insignias y nombre. Ante la persistencia del joven, el policía se puso nervioso y se retiró, reiterando su amenaza. ¿Dónde empieza la imprudencia y dónde la prepotencia?
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