Mientras se ratifica el T-MEC, los empresarios siderúrgicos no recibieron una respuesta a tiempo para que se renovara la salvaguarda que fijaba un impuesto de 15% a productos siderúrgicos
Llueve sobre mojado para la industria siderúrgica. El arancel de 25% a las exportaciones de acero decretado por la administración Trump y la represalia canadiense cimbraron a las empresas mexicanas que también en otras latitudes enfrentaban escollos: en Chile, a mediados del año pasado, también trataron de establecer medidas antidumping a las barras de hormigón exportadas por las acereras mexicanas al Cono Sur; allá, el impuesto sería de 38.2 por ciento.
El 8 de marzo del 2018, Donald Trump firmó un decreto con la implementación de aranceles a las importaciones de acero y aluminio. El mandatario afirmó que estaba tomando medidas necesarias desde hace mucho tiempo para proteger la caída de las industrias estadounidenses de acero y aluminio y para defender la “seguridad nacional de Estados Unidos”. En cuanto a México, Donald Trump afirmó que “si logramos hacer un buen acuerdo, (los aranceles al aluminio y al acero) formarán parte del TLCAN, pero si no logramos un buen acuerdo y acabamos con él, porque no pudimos negociar un acuerdo que sea justo para nuestros trabajadores y granjeros, entonces terminamos con el tratado y empezamos de nuevo”.
Eran los comienzos de la guerra comercial emprendida para hacer otra vez grande a América. Los representantes lograron una renegociación del acuerdo comercial —ahora denominado T-MEC—, que sigue en espera de la validación de los congresos de las tres naciones norteamericanas.
La ratificación del nuevo tratado, en ciernes. Mientras tanto, los empresarios siderúrgicos no recibieron una respuesta a tiempo para que se renovara la salvaguarda que fijaba un impuesto de 15% a productos siderúrgicos, que ahora podrán entrar a México sin restricciones.
Con el último día del primer mes del 2019 expiró la salvaguarda que desde hace tres años aplicaba a las importaciones siderúrgicas procedentes de naciones con las que México no ha suscrito tratados comerciales. Entre los estados que resultarán más afectados por el retiro de la salvaguarda, están: Coahuila, Michoacán, Puebla, Jalisco y Nuevo León. Ninguna de ellas es gobernada por Morena.
La salvaguarda para proteger a la industria nacional se estableció en el pasado gobierno y se renovaba cada seis meses. Durante mucho tiempo, los industriales demandaron que el impuesto se elevara a 30%, lo cual nunca ocurrió, pero ahora la situación empeoró, al no renovarse la disposición. Las empresas acereras generan 700,000 empleos y ante la incertidumbre, los corporativos mexicanos no descartan la posibilidad de recortar personal en cuanto resulten afectados por importaciones masivas de China, Rusia, Ucrania y otras naciones con las cuales México no tiene acuerdos comerciales. Durante años, esos países han introducido acero a México con subsidios de sus gobiernos, de tal manera que representan una competencia desleal para nuestro país, lo que ha generado numerosas demandas de las empresas nacionales.
Una vez que las importaciones de acero estén en territorio nacional pueden ser exportadas a Estados Unidos, como si se tratara de productos mexicanos, con lo que se produciría una triangulación. La apertura total del mercado acerero se suma a la aplicación de la Ley 232, por medio de la cual Estados Unidos aplica un arancel de 25% a las exportaciones siderúrgicas mexicanas, por considerar que son un peligro para su seguridad nacional.
Los empresarios siderúrgicos tratarán de negociar con la Secretaría de Economía para que se restablezca la salvaguarda y evitar que se produzca una crisis en ese sector y en otros que forman parte de su cadena de producción, como son el automotriz, el metalúrgico y el minero. Y apelan al oficio político, de la secretaria Graciela Márquez Colín, y de los asesores del Ejecutivo federal.
EFECTOS SECUNDARIOS
INCERTIDUMBRES. La aparentemente tersa consolidación de las instituciones bancarias para atender a los “empresarios rurales” no se replica en la banca de desarrollo.
Ayer feneció el plazo para optar por la liquidación para 115 mandos medios y superiores de Nacional Financiera que habían accedido a entregar sus plazas. Por “órdenes superiores” quedó suspendido el trámite. En Bancomext y la sede central de la Secretaría de Hacienda tampoco hay buenas noticias.
AMPARADOS. El Índice Global de Think Tanks 2018, elaborado por la Universidad de Pennsylvania, en el que el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, México Evalúa, Fundar, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Ethos destacan en los cinco mejores lugares de México. “La mejor noticia es ver que cada vez más organizaciones mexicanas aparecen en este ranking, lo que refleja el gran dinamismo de los think tanks y de la sociedad civil mexicana”, consideró Edna Jaime, directora de México Evalúa. El Índice Global de Think Tanks se ha realizado por 13 años y se da a conocer de manera simultánea en más de 125 ciudades de 75 países. Es resultado de una encuesta internacional con 28 criterios desarrollados por el TTCSP, en la que participaron 12,800 académicos, donantes públicos y privados, legisladores y periodistas, quienes dieron su opinión sobre más de 8,100 think tanks del mundo. En el listado también figuran el Imco y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
RELEVOS. El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dispuso una nueva estructura para proyectar la imagen y la comunicación del Poder Judicial de la Federación. Yahali David, exvocera de la PGR, estará al frente de los voceros: César Castillejos, exsecretario de Comunicación del PRI, irá a la Suprema Corte de Justicia y Amadeo Díaz Moguel, exdirector de Tiempos Oficiales en RTC, trabajará para el Consejo de la Judicatura.
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