¿Defendiendo criminales?

A propósito de Tanhuato, recibo la irritada pregunta de si preferiría que los muertos en el enfrentamiento hubieran sido policías y militares.

También recibo la queja de que quienes juzgamos con demasiado rigor la conducta del Ejército y la fuerza pública, hacemos más escándalo por la muerte de criminales que por las bajas de quienes los combaten en nuestro nombre. Culpamos, dicen, más al gobierno por la violencia que a los delincuentes.

Varios firmantes hemos dejado clara en estos días, en un desplegado, nuestra solidaridad con las fuerzas armadas a este respecto.

En ese desplegado, que aquí suscribo de nuevo, puede leerse lo siguiente:

A los familiares de las fuerzas del orden que han perdido a un ser querido a manos de la delincuencia organizada, les externamos nuestro más profundo pesar por la muerte de quienes luchan día a día y desde el anonimato para legarnos una patria en paz y libre de criminalidad. Los acompañamos en este difícil momento y deseamos su pronta recuperación; estamos conscientes y dolidos, porque cada vez que se asesina a un miembro de nuestras fuerzas de seguridad, destruyen un pedazo del Estado mexicano y se deteriora la posibilidad de resguardar a todos los ciudadanos.

Se lee también en ese desplegado:

A las fuerzas armadas les decimos que no están solos, que les reconocemos y les acompañamos en su lucha contra la criminalidad; siempre y cuando se garantice el respeto a los Derechos Humanos. (MILENIO, 10 de mayo 2015)

La fuerza pública está obligada a actuar con respeto a los derechos humanos por razones legales, por razones morales, por razones históricas y también por razones políticas y de conveniencia práctica.

Como lo muestra el caso Tlatlaya, toda violación de esos derechos, lejos de resolver de forma expedita un problema de delincuencia, solo extiende el horizonte del conflicto en la opinión pública y, tarde o temprano, conduce al Ejército y al Estado a los tribunales.

Es normal que los criminales se porten como criminales. Pero es aberrante que para combatirlos, las fuerzas del Estado olviden quiénes son y se igualen en sus procedimientos con los criminales.

hector.aguilarcamin@milenio.com