Con menos del 40% de aprobación, enorme desconfianza y graves acusaciones de partidismo, corrupción e impunidad de algunos magistrados, la peor versión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, genera más preocupación
Con menos del 40% de aprobación, enorme desconfianza y graves acusaciones de partidismo, corrupción e impunidad de algunos magistrados, la peor versión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, genera más preocupación.
Erwin Chemerinsky, experto legal quien analiza el funcionamiento y acciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su impacto en las leyes, advirtió que bajo el “Docket de Emergencia” también conocido como “Docket de las Sombras,” el máximo tribunal del país, ha permitido la mayoría de políticas de la Administración Trump, incluyendo las calificadas como ilegales, por Magistrados Federales en Cortes de Distrito y de Apelaciones, a pesar de que se acompañan de detalladas razones escritas.
Presionados por la Casa Blanca, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, no dan explicación alguna de sus decisiones, para mantener políticas que atentan contra derechos consagrados en la Constitución, no leen reportes completos, ni escuchan argumentos orales, haciendo mas fuerte aún al Ejecutivo,
Acusada previamente de traicionar la Constitución, por los reconocidos expertos legales Lawrence Tribe y Michael Luttig, con su antihistórica interpretación de la Sección 3, de la Enmienda 14 para revocar el dictamen de la Suprema Corte de Justicia del Estado de Colorado, que descalificaba al actual presidente, para aparecer en la boleta electoral de esa entidad, con base a la Sección 3, Enmienda 14, que “prohibe a insurreccionistas, ser elegidos para cualquier puesto popular,” ahora es señalada por abdicar de poder, para facilitar las órdenes ejecutivas del presidente Trump.
Observadores consideran que múltiples acusaciones de corrupción contra magistrados, especialmente contra Clarence Thomas, quien, por su relación y la de su esposa, Ginni Thomas, con el presidente, aparentemente ahora está a cargo, como se vió en la toma de juramento a la magistrada Amy Coney Barret, podría ser una de las razones.
Thomas habría recibido, entre otros regalos, “vacaciones pagadas a 38 destinos, 26 vuelos en jet privados, pases de VIP para eventos deportivos, vuelos de helicóptero, estancia en desarrollos turísticos, invitaciones de afiliación a clubes de golf, del multimillonario Wayne Huizenga, Tomi Novelly, de Apex Oil, de David Sokol, y el republicano Arlan Crow, de acuerdo a una serie de reportajes de la organización ProPublica.
Viajes y estancia con su esposa Ginni Thomas y grandes grupos familiares, en mansiones en varios países, incluyendo Rusia, durante más de 22 años, que no reportó, como exigen los códigos de ética, para garantizar la independencia de los magistrados, lo que de acuerdo a cuentas de la organización ProPublica, tendría un valor de entre 200 y 500 millones de dólares.
Ginni Thomas, blanca, activista de derecha radical, quien recaudó mas de 600,000 dólares de donantes anónimos en 2019, nunca reportados por su esposo, (como establece la ley), es parte del First Liberty Institute, cuyo director dice “estar alarmado por “ataques de la izquierda” a la democracia y a la independencia judicial y rechazó reformas del presidente Joe Biden, que incluían un código de Ética. Ella fue parte del esfuerzo de revertir la elección presidencial de 2020.
Además de los viajes, Arlen Crow, compró propiedades del Magistrado Thomas en Savannah, Georgia, pagó colegiaturas de 6,000 dólares mensuales a su sobrino nietos Mark Martin, entre otra “asistencia que le dio.”
Pero no solo Crow, Thomas también recibió 267,230 dólares “en préstamo” que nunca pagó, de Anthony Welters para comprar una lujosa casa rodante y participó en reuniones de los multimillonarios hermanos Charles y David Koch, con quienes también viajó y que han llevado casos a la Suprema Corte, de acuerdo ProPublica.
El magistrado Samuel Alito, en cuyas dos casas, en la playa y en Virginia, colocó la bandera de Estados Unidos de cabeza, como parte del movimiento “Stop the Steal”, en protesta por la victoria de Joe Biden en 2020, (de lo que culpó a su esposa), también enfrenta acusaciones de corrupción y la posibilidad de Impeachment y destitución, igual que el magistrado Neil Gorsuch, a quien se señala por la venta de una propiedad que tenía, tan pronto asumió el cargo.
En 2016, la Suprema Corte autorizó 46% de solicitudes de emergencia de Trump y de 2021 a 2024, solo 31% a Joe Biden, mientras que en menos de un año, ha concedido 96% al presidente Trump.
Eso lleva a observadores a concluir que, de la corrupción, la Suprema Corte de Justicia, podría estar incurriendo en una nueva traición a la Constitución, con decisiones ligeras, sin analizar los casos y antecedentes, permitiendo se suprima el debido proceso y con celeridad, allanar los obstáculos en la agenda del presidente Trump, lo que es ampliamente abordado por el experto constitucionalista Stephen Vladeck, catedrático de la Universidad de Georgetown.
En su libro “Docket de las Sombras, ”Vladeck señala que el término 23-24 de la Suprema Corte, se atendieron 44 casos de emergencia, que, bajo la presidencia de Donald Trump, cuentan ya 113, e incluyen decisiones al vapor, en casos de gran importancia y trascendencia.
Como la remoción injustificada de Gwynne Wilcox, ExComisionada del Consejo Nacional de Relaciones Laborales y de Cathy Harris, del Consejo de Sistema de Protección de Méritos, que la Suprema Corte permitió, aún cuando esas acciones tradicionalmente corresponden al Congreso, que debe analizar la razón de los despidos y respetar leyes federales que prohiben la remoción, no sólo por capricho del presidente.
O el bloqueo preliminar de una Corte de Distrito, que impidió que el “Departamento de Eficiencia Gubernamental” tuviera acceso a sistemas de información del Seguro Social, a iniciativa de la Federación Americana de Empleados Federales, Estatales y Municipales y que la Suprema Corte de Justicia, autorizó en cuestión de días, cuando esos procedimientos toman mas tiempo.
Múltiples casos de despidos injustificados de la administración, en el Departamento de Educación, la agencia USAID, CDC, en la Comisión de Seguridad de Productos al Consumidor, la Agencia de Protección ambiental y hasta en las Fuerzas Armadas, donde altos jefes militares, como el exJefe del Estado Mayor Conjunto, recibieron luz verde, con el único objetivo es llenar las plazas con personal de maga, leal al presidente, han sido neutralizadas por la Suprema Corte de Justicia.
Con estas decisiones a la ligera, sion mas conocimiento de los casos o discusión, , los magistrados niegan a ciertos grupos, el derecho de buscar a de una decision que se apegue a las reglas existentes.
“Si alguien cree en la importancia del debido proceso, de la exposición del caso, los argumentos legales, que son parte esencial de la ley, deberíamos estar sumamente preocupados por estas omisiones, dice Erwin Chemerinsky, como en el reciente caso de Trump Vs. Boyle, en que los Magistrados dieron al presidente la habilidad de despedir a los demócratas que eran parte de la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor, como ha sido también en casos del Departamento de Seguridad Interna Vs. D.V.D, McMahon Vs. New York y otros donde la Corte, por partidismo o por temor a investigaciones criminales, no ha da explicación alguna y sólo parece cumplir órdenes.
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