The Wall Street Journal sigue hurgando de manera acuciosa en torno al comportamiento de los Hombres del Presidente y sus vínculos con las empresas de Juan Antonio Hinojosa, dueño de Grupo Higa. Y entre las investigaciones propias y la filtración de datos que debe haber, sin duda alguna, es como el diario estadunidense llegó a … Continued
The Wall Street Journal sigue hurgando de manera acuciosa en torno al comportamiento de los Hombres del Presidente y sus vínculos con las empresas de Juan Antonio Hinojosa, dueño de Grupo Higa.
Y entre las investigaciones propias y la filtración de datos que debe haber, sin duda alguna, es como el diario estadunidense llegó a conocer pormenores de la Casa de Malinalco del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, comprada a Grupo Higa.
Si bien el monto del valor de la propiedad de Malinalco dista mucho de la Casa de las Lomas de la esposa del Presidente de la República, la esencia del cuestionamiento que subyace en la publicación es que en la adquisición puede haber un conflicto de interés al tratarse del empresario Hinojosa, proveedor importante no sólo de la actual administración del Gobierno Federal sino de la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador en el estado de México.
En términos de manejo de la comunicación, el secretario Videgaray y su equipo reaccionaron pronto al responder no sólo el mismo día, sino pocas horas después de que The Wall Street Journal difundió la información; luego de que fue replicada en varios medios digitales de México y de que se viralizó el contenido en Twitter. Como es de esperarse y entendible, en cualquier caso de crisis no siempre todos quedan conformes con la información.
La respuesta fue oportuna –independientemente de la credibilidad que haya generado o no- porque además marcaba diferencias muy claras respecto al manejo inadecuado que se dio al tema de la Casa de las Lomas. En este último caso hubo tardanza, interés por llevar al ámbito de lo privado un asunto que tiene tintes públicos aunque se trate de acuerdos entre particulares y un hecho inédito que pudo ser una ventaja pero quedó como un trámite de justificación: la publicación íntegra de la declaración patrimonial del Presidente Peña.
Para infortunio del secretario de Hacienda, el fuerte ruido y la inconclusa resolución del tema de la Casa de las Lomas ha dejado en entredicho su respuesta frente a la adquisición de la Casa de Malinalco.
No obstante, contrario a lo ocurrido con el Presidente de la República, en una amplia y rica entrevista radiofónica con Joaquín López-Dóriga, Videgaray Caso expresó su voluntad, de quedar sujeto a cualquier investigación de autoridades competentes e incluso ante comisiones legislativas. Más aún, planteó su convicción de que el tema del potencial conflicto de interés sea investigado por un ente independiente, que no dependa del Ejecutivo Federal; el suyo y cualquier otro caso.
Podría tomarse como un ejercicio retórico, pero el secretario de Hacienda urgió a que el propio cuerpo legislativo en el país avance de manera rápida en la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin duda, un componente importante en la recuperación de la confianza que cada vez más mina al Gobierno Federal –ya no sólo en materia política sino de conducción de las finanzas (por más estables que se encuentren)- es la transparencia y el fortalecimiento de la rendición de cuentas sobre el actuar de quienes gobiernan en todos los ámbitos del país.
La semana pasada, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se desmarcó al señalar que el asunto de la Casa de las Lomas es de particulares por dos factores: la esposa del Presidente no es servidora pública y no hubo manejo de recursos públicos en la transacción. Desde el punto vista procedimental es correcta la posición de la ASF ya que aun cuando se trate de un órgano para la rendición de cuentas, carecería de atribuciones para iniciar cualquier indagatoria sobre ese tema. La Secretaría de la Función Pública ha considerado que tampoco hay elementos para su intervención, claro desde la perspectiva estrictamente jurídica.
En la Legislatura se encuentra ya la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción como parte del Decálogo Peña. En el entramado del estira y afloja político, una primera condición que han expuesto tanto el Partido Acción Nacional (PAN) como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) es que la Fiscalía Anticorrupción sea un órgano verdaderamente autónomo.
Pero es importante subrayar que no sólo debe existir autonomía en la Fiscalía y los órganos que integren el Sistema Nacional Anticorrupción sino un marco jurídico sencillo, claro y aplicable en que los candados no se conviertan en impedimento mismo para la aplicación de la ley.
Un ex directivo de primera línea en la banca comentó en una reunión privada que el problema de México no eran sus leyes, que eran muy buenas y abundantes, sino que no se aplicaban, ya no sólo como se debía, sino que simplemente no se aplicaban. La suerte del Sistema Nacional de Anticorrupción no debe ser esta. Se requiere un marco jurídico cierto y de gran alcance –que incluya claridad sobre las estructuras y atribuciones de quienes estarán al frente de los órganos- para generar confianza en la sociedad.
Cabe mencionar que la simple adecuación del marco legal vigente es insuficiente. En 2012, la Cámara de Diputados aprobó la Reforma para Combatir la Corrupción de los Servidores Públicos y Proveedores que implicó una serie de cambios a las leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; la Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El hecho es que, en esencia, estos cambios dejaron un esquema más punitivo que preventivo y de disuasión en la comisión de actos de corrupción.
Si los órganos encargados de investigar y castigar las acciones presuntamente corruptas carecen de fuerza legal –durante y después de la comisión de las mismas- difícilmente podrán aplicar o promover la aplicación de las sanciones no sólo en el ámbito federal, sino en el estatal y el municipal.
Condición importante es que esas instancias tengan autonomía. Por ello, llama la atención que mientras el secretario Luis Videgaray expresó en la entrevista con Joaquín López-Dóriga que el potencial conflicto de interés debe ser investigado por un órgano que no dependa del Ejecutivo Federal, entre algunos legisladores priístas se promueve que el Presidente de la República sea quien dirija el Comité de Ética para el combate a la corrupción.
La corrupción es un asunto de hondas raíces. Un asunto que requiere decisiones de fondo que van más allá de las estructuras y los mandos autónomos. Implica conformar y perfeccionar los instrumentos legales de prevención, disuasión y sanción, así como garantizar los recursos económicos suficientes –no paquidérmicos que puedan llevar a crear órganos burocráticos o de elite- que garanticen un combate real a las corruptelas de tal forma que se restablezca la credibilidad y confianza en la función pública, que hoy está muy abollada en todos sus ámbitos.
No caben ya ni las cínicas confesiones de “robé pero poquito para dárselo a los pobres”, ni aquella expresada por un ex gobernador que decía a su gente: “roben pero no sean cabrones, salpíquenle algo al pueblo”.
Postscriptum.- El riesgo de acciones de odio entre quienes protestan y quienes tienen a su cargo la preservación de la seguridad sigue creciendo en Guerrero. La retención de policías federales y la golpiza que les propinaron integrantes de la CETEG puede conllevar a que se salgan de control algunos elementos policiacos. La ira está presente en ambos lados.
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