La Secretaría de Hacienda tiene la obligación de reportar cómo fueron reasignados los recursos derivados del subejercicio por unidad responsable y por programa presupuestario, pero no puede ser cuestionada la reasignación. Debe transparentar el destino
La devolución de mil 469 millones 732 mil pesos a la Secretaría de Hacienda indignó a los veracruzanos. No hay municipio en Veracruz que en su zona céntrica tenga pavimentadas todas las calles; sin embargo, el gobernador del estado se da el lujo de regresar el dinero destinado a infraestructura porque no lo utilizó, como si no hiciera falta nada cuando podríamos llenar un gran espacio en enumerar lo que se necesita.
Las escuelas tienen graves problemas de cuarteaduras, los baños no sirven, los salones tienen vidrios rotos, las puertas de los salones no cierran, la iluminación no es la adecuada, no hay suficientes espacios para practicar deporte, patios sin pavimentar, los bebederos no funcionan, escuelas carentes de áreas verdes, por sólo nombrar las deficiencias en el sector educativo en el ámbito de la infraestructura.
En lugar de dejar de solicitar créditos a los bancos y fortalecer las finanzas de una banca a la que le ido muy bien este año, los veracruzanos tienen que pagar 5 millones de pesos diarios a causa de estos créditos que se antojan innecesarios, esa cantidad está comprometida para saldar los créditos solicitados por el Gobierno de Veracruz. Solicitó 13 préstamos de diciembre de 2019 a enero de 2020, que suman 37,022 millones de pesos.
A finales de 2019, García Jiménez solicitó 19,500 millones de pesos en cuatro créditos simples y para el mes de enero pidió 9 créditos por un total de 17,522 millones de pesos. En todos los casos con un plazo a pagar en 7,305 días, es decir, vencen en febrero y abril de 2040.
Para saldar los créditos, el gobierno puso como garantía el Fondo General de Participaciones, que constituye el 20 por ciento de la Recaudación Federal Participable y que varios gobiernos estatales prevén que disminuya este año.
Los nueve créditos se solicitaron para refinanciamiento, de los cuales tres los pidieron con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos que significan un monto de 7,500 millones de pesos; tres con Santander por 6,000 millones de pesos; uno BBVA Bancomer por 2,000 millones de pesos; uno a Banorte por 1,022 millones pesos y uno al Banco del Bajío por 1,000 millones de pesos.
En agosto del 2018, tras ser electo como gobernador, Cuitláhuac García Jiménez comentó que la deuda pública de Veracruz ascendía a 80,000 millones de pesos y lo calificó como un problema económico grave, cuando el presupuesto era de poco más de 100,000 millones de pesos.
Se trata de una costumbre que cada vez que termina el ejercicio de presupuesto la prioridad del gobernador Cuitláhuac García regrese dinero para congraciarse con su jefe, al que cada día le cae más mal por la ineficacia de su gobierno y la ineptitud de sus colaboradores.
En 2018, el mandatario veracruzano regresó 247,680,000; en 2019, el monto fue de 813, 364,000; en 2020 la suma que regresó el mandatario fue de 134, 887,000; en 2021, el gobierno del Estado regresó a la Federación 209, 584.000 y hasta julio de 2022 el monto es de 64, 217,000.
La indignación tuvo como voceros a los legisladores locales, quienes mostraron su indignación como es el caso de Miguel Hermida, candidato a la diputación local por el distrito 15 de la coalición opositora, quien responsabilizó al gobernador de Veracruz de un subejercicio superior a los 4 mil 600 millones de pesos.
Comentó el panista que esa cantidad de dinero habría servido para realizar obra pública que se requiere; sin embargo, el mandatario estatal optó por regresarlo a la Federación para que se destinara a las mega obras del presidente López Obrador.
“Siguiendo el dinero podemos encontrar que estos recursos terminan en la Tesorería de la Federación y van a parar por el esquema de seguridad nacional (…) al Tren Maya, al AIFA e irónicamente a la refinería de Dos Bocas”, comentó el opositor.
Quien levantó la voz también fue el excandidato a la gubernatura de Veracruz, el priista José Yunes Zorrilla, quien sugirió crear un fondo de infraestructura para construir calles de calidad en los municipios y con ello garantizar que los recursos se apliquen para el beneficio de los veracruzanos.
La Ley de Coordinación Fiscal señala que el dinero que los estados no ejercen lo deben devolver el 15 de enero del siguiente año y que se debe reintegrar a la Tesorería de la Federación todo lo que hayan sido aportaciones, subsidios, convenios, cuotas, recursos, gastos de inversión que no se hayan ejecutado.
Se conoce como subejercicio del gasto público a todos los recursos que resultan de restar el gasto observado al gasto programado por el gobierno. Se habla de un subejercicio cuando alguna entidad pública no ha gastado lo que tenía autorizado para gastar en un ejercicio fiscal. Es decir, cuando calcula mal sus necesidades, o sea los requerimientos de una sociedad que dice conocer a la perfección.
En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el subejercicio se define como “las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución”.
Esta misma ley estipula el destino de los recursos derivados del subejercicio y las sanciones de las que se hacen acreedores los funcionarios que ejercieron de manera inadecuada los recursos federales.
El dinero no gastado debe ser devuelto a la Secretaría de Hacienda. Así lo determina la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La Secretaría de Hacienda, entonces, puede redirigirlos los recursos a otros rubros en el mismo estado o en otros. Pero en Veracruz no se ha visto que se redirijan estos dineros que anualmente ha regresado Cuitláhuac García.
La Secretaría de Hacienda tiene la obligación de reportar cómo fueron reasignados los recursos derivados del subejercicio por unidad responsable y por programa presupuestario, pero no puede ser cuestionada la reasignación. Debe transparentar el destino.
Ahí radica una problemática de la existencia de subejercicios: la posibilidad de transferir recursos hacia otras prioridades de una administración. Aunque en teoría un subejercicio es responsabilidad de la unidad pública que lo ejerce, en la realidad también es posible que la Secretaría de Hacienda no esté entregando los recursos de manera oportuna.
Los subejercicios pueden representar ahorros o sobreestimación del gasto. Austeridad o ineficacia.
PEGA Y CORRE. – La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) identificó 194 negocios que actuaban al margen de la ley; de éstos, sólo 31 solventaron las irregularidades. Se sancionó a distribuidores de medicamentos, laboratorios de fabricación, almacenes, farmacias, clínicas y personas físicas.
Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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