Olga Sánchez Cordero realizó su primer viaje oficial a Washington DC y altamente significativa resultó su presentación —una ponencia sobre el nuevo enfoque de la política de migración de México y una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes que se desarrolló en español, con traducción simultánea al inglés— en el Migration Policy Institute (MPI)
Olga Sánchez Cordero realizó su primer viaje oficial a Washington DC y altamente significativa resultó su presentación —una ponencia sobre el nuevo enfoque de la política de migración de México y una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes que se desarrolló en español, con traducción simultánea al inglés— en el Migration Policy Institute (MPI).
Doris Meissner, la excomisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos durante la administración Clinton, estuvo entre las principales auspiciantes de la presentación de la secretaria de Gobernación ante este think tank abiertamente opuesto a la política migratoria del presidente Donald Trump. Igualmente, la embajadora Martha Bárcena, junto con el director del MPI, Andrew Selee.
Sánchez Cordero acudió a la cita en la capital estadounidense acompañada por el titular del INM, Tonatiuh Guillén; el coordinador de protección civil, David León, y el coordinador de asesores, Jorge Alcocer.
El shutdown de la administración federal, la exigencia de 6 billones de dólares para la construcción del muro a lo largo del Río Bravo y la declaratoria de emergencia nacional tienen una motivación político-electoral, más que una base real de acuerdo con Meissner, quien considera que la narrativa del gobierno de EU busca negar lo obvio: una crisis en el sistema de asilo que se ha agravado a cada paso por las políticas y la retórica impulsadas por la administración republicana.
La crisis fronteriza, ¿un mito genial? “Una pared no solucionará el problema”, considera la exfuncionaria estadounidense, quien urge a reconstruir el sistema de asilo —actualmente rebasado—, adaptar la infraestructura de la frontera y los procedimientos para responder a la composición cambiante de las llegadas, así como trabajar coordinadamente el gobierno con México para frenar los flujos de migrantes centroamericanos.
En todo caso, es una crisis humanitaria en ciernes, agravada por el endurecimiento del gobierno de Estados Unidos. Actualmente hay más de 800 mil migrantes en espera de comparecer ante los jueces migratorios y otros 13 mil 500 —unos en Tijuana, otros en Piedras Negras— esperan cruzar la frontera.
La orden ejecutiva del presidente Trump para suspender la separación de padres e hijos —emitida el pasado 20 de junio— significó un cambio cosmético. Pero el último trimestre del 2018 confirmó un crecimiento rampante de las detenciones de familias de inmigrantes indocumentados en los puntos fronterizos: 16 mil 658 en septiembre; 23 mil 115 en octubre; 25 mil 172 en noviembre, y 27 mil 518 en diciembre.
En los puertos de entrada —de acuerdo con las nuevas disposiciones vigentes— solo podrán presentarse las solicitudes de asilo. Y los solicitantes deben elegir entre México —lo que podría durar meses, tal vez años— o cruzar ilegalmente. Es, en todo caso, una “elección binaria”, según la cual los padres tendrían que decidir si deben ser detenidos con o sin sus hijos.
El 20 de diciembre, la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, anunció que los solicitantes de asilo que llegaban a la frontera ilegalmente o sin la documentación adecuada, serían deportados a México mientras duraran los procedimientos de inmigración. Esta nueva política, sin embargo, no ha entrado en vigor porque las autoridades mexicanas se niegan a aceptarla, reiteró ayer la secretaria Sánchez Cordero. “La implementación de la norma 235 es unilateral”, se quejó.
Hubo de caravanas a caravanas. La de octubre del 2018 —infiltrada por las maras, de acuerdo con las agencias de inteligencia de ambos gobiernos— avanzó sin control. La de hace un mes, que se alojó en Piedras Negras, escondió 800 migrantes que dieron portazo y avanzó hacia esa ciudad fronteriza sin permiso. Mujeres embarazadas, niños… ¿e infiltrados?
Una migración legal, segura y ordenada es el objetivo del gobierno estadounidense. Después de su estancia en el MPI —que incluyó una reunión con académicos que participan en un grupo binacional de trabajo especializado en temas migratorios— Sánchez Cordero visitó a la secretaria Nielsen, quien hace una semana había viajado a El Salvador, para reunirse con funcionarios de los países del llamado Triángulo del Norte de América Central.
¿La agenda? La disminución de los índices de criminalidad y violencia, la firma de un pacto regional que permite el desarrollo económico y la activación de un plan de acción destinado a abordar la actual crisis humanitaria y de seguridad de la migración irregular, que inhiba la formación de las caravanas migrantes. Un alto a las maras, los coyotes y los cárteles de la droga que ahora comercian con heroína y fentanilo.
“Debemos poner fin a esta crisis y ayudar a los migrantes vulnerables a acercarse a su punto de origen”, definió la secretaria de Seguridad Interior estadounidense. Sánchez Cordero, como sus homólogos centroamericanos, recibió un exhorto para estrechar la cooperación con Estados Unidos y frenar la formación y el avance de las caravanas y las redes que los facilitan.
EFECTOS SECUNDARIOS
AMENAZANTES. Las tripulaciones de los vuelos de Interjet —sobrecargos, mayoritariamente— están afiliadas a la sección 15 de la Federación de Trabajadores de México. Y anoche, en el último minuto del mes, dejaron sin efecto el convenio que reguló las condiciones operacionales durante los últimos 12 meses. El líder de esa central cetemista, Joaquín del Olmo, llamó a los directivos de la línea aérea a renegociar los términos del acuerdo y abrogar los roles correspondientes a marzo, que estarían “con servicios fuera de lo pactado entre empresa y sindicato”, so pena de incrementales cancelaciones, demoras y demás afectaciones.
PROMOCIÓN. La ciudad de Puebla será sede de la exposición y congreso Smart City Latinamerica, a realizarse entre el 2 y el 4 de julio; una cumbre que buscará conectar a los principales agentes de cambio para orientar esfuerzos para hacer de las ciudades mejores lugares para vivir, seguras, inclusivas, resilientes y sostenibles, de acuerdo con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. El exgobernador Antonio Gali Fayad estará a cargo de esta cumbre hemisférica.
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