El desmantelamiento de Los Pinos fue paulatino. El moderno edificio donde despachaba Frank Guzmán, casi en la confluencia de Parque Lira y avenida Constituyentes, quedó sin archivos, mobiliario y equipo de cómputo hace un mes. Allí también estaba la sala de prensa y el salón de conferencias, pero conforme se extinguía el sexenio peñista, también … Continued
El desmantelamiento de Los Pinos fue paulatino. El moderno edificio donde despachaba Frank Guzmán, casi en la confluencia de Parque Lira y avenida Constituyentes, quedó sin archivos, mobiliario y equipo de cómputo hace un mes. Allí también estaba la sala de prensa y el salón de conferencias, pero conforme se extinguía el sexenio peñista, también redujeron actividades.
La fuente presidencial ya no viajó a Buenos Aires y en esa oficina, a petición expresa de Roberto Calleja, sólo quedó una PC con impresora para recibir el último envío sobre la participación del mandatario en el G20.
Una computadora y una impresora es lo único que encontró el nuevo equipo de comunicación social de la Presidencia de la República, que en la última etapa de la entrega-recepción sólo requirieron dos cosas: un organigrama con el número de plazas disponibles y las claves de las cuentas del gobierno federal en las redes sociales.
Ni Yolanda Martínez Mancilla, responsable del área de gobierno digital en Los Pinos, ni su equipo ubicado en el edificio de Nuevo León podían cumplir con esta última exigencia: cada una de las 305 dependencias federales tenía su propio web master, desde la creación a la plataforma gob.mx. Adicionalmente, la exresponsable de la Estrategia Digital, Alejandra Lagunes, había monopolizado su manejo.
Así, a la medianoche del viernes 30, la cuenta @PresidenciaMX —con 3 millones de seguidores en Twitter— pasó a ser el “archivo histórico de la administración 2012-2018” y la administración entrante abrió @GobiernoMX, que a 10 días de su habilitación apenas suma 178,000 followers.
Para la cuarta transformación, Internet es el nuevo escenario para la información, la participación y el debate de ideas, por lo que optimizar el uso de las nuevas tecnologías digitales para mejorar las servicios que prestan las instituciones públicas y para comunicarse horizontalmente con los ciudadanos es una prioridad.
Determinante del nuevo modelo, sin duda, es el recorte de los presupuestos destinados a la publicidad oficial. Y también, la idea de que las redes sociales permiten contactar directamente a los ciudadanos lo que pone a los medios tradicionales —principalmente a la prensa escrita— en segundo plano. Este modelo parte es implementado de maneras distintas en el Poder Legislativo, de mayoría morenista.
En el Senado de la República están emplazados a sancionar una nueva Ley de Comunicación Social, “que considere y conceptualice integralmente todos los aspectos de la comunicación del gobierno, no solamente los gastos en campañas”. En la Cámara de Diputados también han propuesto la conversión de los medios de difusión del gobierno —electrónicos y digitales— en verdaderos medios públicos que no sólo funcionen como cajas de resonancia de las políticas públicas, sino que “tengan audiencias masivas” a partir de su credibilidad. ¿Una tropicalización del modelo BBC?
Pero la instrumentación de este nuevo paradigma avanza, a trompicones. Los primeros obstáculos están en la cobertura diaria de las actividades presidenciales. El pasado viernes 7, los reporteros que viajaron a Nayarit para acompañar a AMLO en su recorrido por las comunidades afectadas por el huracán Willa, se quejaron por las continuas fallas del equipo de Ramírez Cuevas.
“Jesús es de primera”, cortó el Ejecutivo federal. Las quejas contra los Chuchos —el director de Medios de la Presidencia es el exconsejero electoral, Jesús Cantú— arreciaron durante el fin de semana, por haber anunciado erróneamente sobre la colocación de la primera piedra de la refinería de Dos Bocas en Tabasco —lo que generó un airado reclamo de la secretaria de Energía, Rocío Nahle— y la aplicación de un nuevo sistema de acreditaciones en línea para las conferencias mañaneras.
El acceso a Palacio Nacional y la incorporación de los reporteros a la comitiva presidencial dependen de la Ayundatía, a cargo de Daniel Asad. Y fuera de la CDMX, no hay reportero de la casa presidencial.
En construcción, el nuevo modelo repite muchos de los vicios del pasado. De acuerdo con una minuta de la segunda sesión del “taller de voceros” ahora deberá privilegiarse al Ejecutivo federal. “La imagen que se quiere dar es de austeridad y cercanía con la gente, respetando su investidura”, indicaron.
¿La promoción de la figura presidencial, más que los contenidos? Efectuada el pasado jueves 6 en las oficinas de la asesoría técnica, en la colonia Condesa, esa reunión concitó a 40 comunicadores, de 23 dependencias públicas según un listado que circuló profusamente y en el que convenientemente se omitió a los anfitriones: Ramírez Cuevas, Cantú, Paulina Romero —encargada de la imagen de la Presidencia— y Juan Carlos Altamirano, director de Comunicación Digital, quien ascendió a esa posición por recomendación de la diputada regiomontana, Tatiana Clouthier. El exdirector de Neática instruyó a los voceros subir materiales nuevos a las plataformas —Facebook, Twitter, Instagram, Youtube— de sus dependencias, para trascender los contenidos de la pasada administración y tener a una persona enfocada a las cuentas del titular, principalmente en Twitter.
La tercera reunión de los voceros de la cuarta transformación ocurrirá esta mañana.
EFECTOS SECUNDARIOS
PRESENTE. El magistrado electoral, Ildafer Infante, precisó que en lo que va del mes no ha cumplido con comisión oficial alguna en el extranjero. Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez regresaron el pasado viernes 7, mientras que José Luis Vargas comenzó antier una gira europea.
LIMPIEZA. La reconducción de la CFE pasa necesariamente por una revisión de los contratos vigentes, firmados por sus filiales. Allí están, por ejemplo, los 15,000 millones de dólares destinados a una red de gasoductos que no servía para nada. El siguiente paso será revisar las denuncias formuladas por la CRE respecto a los más de 51,000 millones de pesos que paga la paraestatal en sobreprecios de combustibles de generación. Un dato que levanta sospechas es que la mayoría de esos combustibles con precios inflados se compraban a CFEnergía, a pesar de que daba precios muy por encima de otros proveedores.
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