Con un retraso de 16 meses llega una enmienda para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el think tank presidido por María Amparo Casar, por parte de un inesperado destinatario: el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos
Con un retraso de 16 meses llega una enmienda para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el think tank presidido por María Amparo Casar, por parte de un inesperado destinatario: el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos.
Luego de los primeros ocho meses de Octavio Romero Oropeza al frente de Petróleos Mexicanos, esa organización ciudadana reportó que tres de cada cuatro contratos firmados por la nueva administración de las entidades gubernamentales habían sido adjudicados directamente y no bajo procesos de licitación pública o por invitación restringida.
Los investigadores de MCCI habían revisado Compranet, a partir de un evento significativo: el anuncio presidencial de que serían adquiridas 671 pipas, tras del cierre de los ductos y el inicio de las acciones contra las bandas de huachicoleros. Esas unidades para transporte de combustible fueron adquiridas tras la erogación de 1,765 millones de pesos en contratos entregados, vía adjudicación directa, a cuatro empresas extranjeras y dos mexicanas.
En Pemex, deslindó el comisionado Óscar Guerra Ford, las adjudicaciones directas no han sido el principal procedimiento para llevar a cabo las adquisiciones… ahora lo son las invitaciones restringidas.
“Si bien es cierto que los importes por adjudicación directa se han incrementado para 2019, esto se debe a que los montos destinados al total de adquisiciones en Pemex y sus subsidiarias se han duplicado respecto al 2018”, dice un reporte divulgado el pasado fin de semana, “lo importante es observar los porcentajes en la integración de las compras, en los cuales es posible advertir que el procedimiento de adjudicación directa ha disminuido de 31.5% en 2018 a 17.4% en 2019”.
De conformidad con la normatividad vigente, Petróleos Mexicanos y sus empresas subsidiarias deben convocar a concurso abierto para contratar con proveedores de bienes y servicios. Esa modalidad es equiparable a las licitaciones públicas, establecidas en la Ley de Adquisiciones, reglamentaria del artículo 134 constitucional.
En los últimos dos años, Pemex y sus empresas productivas reportaron 3,247 contrataciones al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia: 1,614 corresponden al último año de la administración de Enrique Peña Nieto, y suman 85,852 millones de pesos. De esos contratos, 67.7% fueron asignados con licitaciones públicas, 31.4% por adjudicación directa y 0.8% por invitación restringida.
En el 2019 acumularon 1,633 contratos, por 179,346 millones de pesos; 42% fueron por licitación pública, 17.3% por adjudicación directa y 40.6% en concursos con invitación restringida a tres proveedores.
Además de identificar los procedimientos de adquisición utilizados, el estudio busca determinar si existe evidencia de un cambio en la manera en que la empresa y sus subsidiarias compran durante la presente administración.
En el desglose de los procedimientos aplicados para la asignación de los contratos, el comparativo revela que 587 fueron adjudicaciones directas, 921 licitaciones públicas y 106 adjudicaciones por invitación restringida en el 2018; al año siguiente fueron 507 adjudicaciones directas, 899 licitaciones públicas y 227 por invitación restringida.
Si bien las adjudicaciones directas mantuvieron sus niveles en el periodo, disminuyeron casi a la mitad en cuanto a sus montos (31% en el 2018, frente a 17% en el 2019), mientas que se amplificaron las invitaciones restringidas, al pasar de 106 contratos por 703.8 millones de pesos en el 2018 a 889 contratos por 72,868 millones en el 2019. De esos recursos, 98% fueron ejecutadas por Pemex Exploración y Producción (PEP).
Si bien el incremento en los contratos asignados es marginal del 2018 al 2019, los importes erogados representan un crecimiento de 108.8 por ciento.
A la vista del incremento, tanto en el número de contratos, como en el importe de éstos, el comisionado Guerra Ford concluyó que esta administración ha invertido mayores recursos en Pemex. El estudio, anunciaron sus autores, tendrá una segunda parte.
Efectos secundarios
ASESORÍAS. La Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos asesora a los gobiernos morenistas desde hace un año, con la actualización de la red de transporte en la Ciudad de México. Aunque el arranque de las dos líneas del Cablebús fue a trompicones, el modelo de la UNOPS ha funcionado para conseguir ahorros significativos en la adquisición y reparación de vagones de tren, además de la modernización de los sistemas de señalización y control del STC Metro. Adicionalmente, intervino en la adquisición de 118 nuevos unidades para la RTP, entre autobuses y trolebuses, en beneficio diario de más de 72,000 pasajeros. La UNOPS y el Gobierno de la República habían suscrito un acuerdo-marco para promover un mejor manejo de las adquisiciones públicas y los proyectos de infraestructura en el país que se tradujo en asesorías para optimizar la gestión de las adquisiciones públicas y supervisión de contratos, propuestas, proyectos y licitaciones públicas a escala nacional y federal. Con la firma del convenio para la compra de medicamentos, del pasado jueves, la agencia internacional conducirá las adquisiciones, la contratación y finalmente la entrega de los productos a México. Este nuevo sistema funcionará en la adquisición de fármacos y equipo médico a partir del año 2021, pero será extensivo a otros bienes y servicios a nivel nacional.
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