En la lista de los 266 compromisos firmados ante notario público por el hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto, cuando era candidato, figura en primer lugar la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Alguien sabe cómo va este proyecto? Se supone que la precitada comisión era parte importante de la reforma político-electoral que … Continued
En la lista de los 266 compromisos firmados ante notario público por el hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto, cuando era candidato, figura en primer lugar la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Alguien sabe cómo va este proyecto?
Se supone que la precitada comisión era parte importante de la reforma político-electoral que ya fue aprobada sin considerar en lo más mínimo la creación de lo que sería un órgano descentralizado para combatir el cáncer que nos carcome en los tres niveles y en los tres poderes de gobierno.
No por nada Peña Nieto enlistó en el primer lugar de su catálogo de promesas la creación de esta comisión. Al hacerlo, de una manera sutil, pero determinante, subrayó que el combate a la corrupción es prioritario y que mientras esta no se controle –acabar con ella es más difícil que para un manco armar el cubo de Rubik- el cumplimiento de los objetivos de las reformas que consideraba esenciales para el crecimiento del país se dificultarían –por decir lo menos.
La iniciativa de ley para la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción llegó al Senado 16 días antes que EPN llegara a la presidencia. Fue la bancada del PRI –of course- quien la presentó el 15 de noviembre del 2012; desde ese momento se planteó que dicha comisión sustituiría a la Secretaría de la Función Pública.
El Senado de la República se tardó poco más de un año en presentar el predictamen. Lo hizo el 1 de diciembre del 2013 -un regalo para el preciso en su primer año de gobierno.
El documento del predictamen fue resultado del trabajo y el análisis de cuatro iniciativas de reformas constitucionales presentadas por diversos integrantes del Senado –para que luego digan que no se trabaja-. En el precitado documento se dictaminó que la comisión sería un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonios propios –sólo en la construcción del edificio sede alguien debe meterse una lana, se pensó.
El documento es un alarde de retórica, revuelto con vaguedades, quimeras y una buena dosis de demagogia. Valgan dos ejemplos: “la comisión está facultada para impulsar, de forma prioritaria, acciones y programas de carácter preventivo, en especial de aquellos destinados a promover la ética y la honestidad en el servicio público”. (Eso que ni qué). “La comisión podrá formular recomendaciones, ya sean particulares o de carácter general, para la mejora de los procedimientos administrativos y prevenir la corrupción”. (No pos sí). (La redacción es obvia y redundante, tal parece la de un columnista periodístico con prisa por entregar su trabajo y poco que decir). Al aprobarse la reforma político-electoral en diciembre del 2013 y su declaratoria formal en enero del 2014, con el voto de 18 legislaturas estatales, como por arte de magia el Senado le dio p’atrás a esa chingadera (la comisión) y la dejó lista para ser analizada y, eventualmente, modificada por la Cámara de Diputados, la cual también tendría que elaborar la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción, aplicable a funcionarios de los tres niveles de gobierno. Por si fuera poco, para enredar más las cosas, el Honorable Senado definió que la multicitada comisión debería tener coordinación con las contralorías de las diferentes dependencias correspondientes, como la Auditoría Superior de la Federación y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Además, adicionó al proyecto que cada entidad federativa debería de crear un órgano anticorrupción. (Iluso de mí que, en un principio, creí que la comisión era para sustituir, de una vez por todas y de manera eficiente, a todas estas instancias).
Fue hasta febrero del presente año cuando la Cámara de Diputados dio entrada a la iniciativa de reforma constitucional que daría (forma condicional e hipotética) origen a la comisión de marras. La minuta de ley fue analizada por las comisiones de Puntos Constitucionales, de Transparencia y de Anticorrupción –por comisiones no paramos- y aprobada el 25 del mismo mes. Dicho dictamen, fundamentalmente define lo mismo que la minuta del Senado pero revolcada, regresará a éste para su ratificación, y con ello dejar listas las reformas para la creación oficial de la Comisión Nacional Anticorrupción. Sospecho que ese dictamen va a estar un buen rato, como la Muñeca Fea de Cri cri, escondido por los rincones -del Senado- ante el desprecio de los ratones, quise decir los honorables senadores.
Ha transcurrido un poco más de la cuarta parte del sexenio del presidente Peña sin que se haya cumplido el primer compromiso de los 266 que firmó ante notario. ¿Por qué la creación de la susodicha comisión no se aprobó como parte de la reforma político-electoral?
En todas las reformas aprobadas en estos 19 meses del sexenio hemos visto la sumisión con la que se manejan los legisladores del PRI, PAN y Verde ante las sugerencias del Ejecutivo. Si éste argumenta que no ha cumplido con la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción por culpa del poder Legislativo, yo no le creo.
OÍ POR AHÍ
Lo dijo Raúl Prieto: “Los precios están más altos que la montaña del optimismo económico”.
Minuto a minuto
