Hace tres semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió una vía de solución al conflicto, sobre la base de una decisión inapelable
Tres años antes de lo planeado, en el 2017, Calizas Industriales del Carmen realizó el aprovechamiento total de la superficie de extracción de roca que le autorizó Semarnat, en el corazón de la Riviera Maya.
En este periodo, la empresa extrajo 248 millones de toneladas de grava y 120 millones de tonelada de bases debajo del manto freático que fueron transportados por los buques autodescargables de clase Panamax al Golfo de México. Y de allí a las costas de Luisiana y Texas, para su venta directa a los constructores públicos y privados de la Unión Americana.
Por probables incumplimientos a la normatividad ambiental, Calica enfrenta una clausura “parcial temporal”… desde enero del 2018. En el 2020, su producción apenas fue de 11.4 millones de toneladas, aunque reportó reservas probadas por otros 529.5 millones de toneladas.
Hace tres semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió una vía de solución al conflicto, sobre la base de una decisión inapelable: deberán suspender operaciones, retirar sus inventarios. Y si aceptan, reconvertir sus instalaciones en un centro turístico.
Un mes dio a Legacy Vulcan para responder a su emplazamiento.
Esa firma estadounidense presume de acumular tres décadas sin conflictos con las autoridades mexicanas. En la última etapa —entre 2009 y hasta el 2016— recibió certificados de industria limpia de la Semarnat y otros reconocimientos de instancias estatales y locales.
Pero sucesivos procesos administrativos iniciados por el gobierno de Quintana Roo y la Profepa, en el 2017, derivaron en un arbitraje internacional. Los directivos de la firma estadounidense interpusieron la demanda ante “ciertas medidas gubernamentales contrarias al Tratado de Libre Comercio que causaron afectaciones adversas (sic) a las operaciones de la compañía y a sus multimillonarias inversiones en dólares”.
Inicialmente reclamaban 500 millones de dólares, pero las restricciones que impiden su plena operación han generado pérdidas que ahora exigirían una indemnización de 3,500 millones de dólares.
En vísperas de la resolución de este procedimiento, la empresa públicamente ha reiterado su disposición para alcanzar un acuerdo fuera del arbitraje y propone un “acuerdo definitivo basado en la buena voluntad” para resolver su diferendo con las autoridades mexicanas.
El acceso a la terminal marítima de Punta Venado es el punto de discordancia con la Cuarta Transformación. Las negociaciones con los ejidatarios y hoteleros produjeron demoras importantes y los materiales rodantes y otros insumos para la construcción de las megaobras en la Península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec están en camino.
Quid pro quo. La entrega oportuna de esos productos y/o su almacenamiento podrían ser los factores que ayudaran a la integración de Calica al Tren Maya y al Corredor Interocéanico. Pero sus elementos de infraestructura y las propiedades de la empresa pueden contribuir a potenciar la zona sí y sólo si el gobierno mexicano acepta que pueden coexistir en el futuro. En caso contrario, esa firma sufrirá lo mismo que Iberdrola para la Cuarta Transformación.
Efectos secundarios
ACLARACIONES. Ante los reclamos formulados por Ignacio Mier, líder de la bancada morenista en San Lázaro, y Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política, por la ausencia de algunas empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de Energía —entre ellas Iberdrola— a las sesiones del Parlamento Abierto sobre la iniciativa de reforma eléctrica presentada por el Ejecutivo federal, ese consorcio recordó que su postura presentada hace tres semanas, por Carlos Rodríguez Sámano, quien aprovechó para reiterar que la riqueza de esos foros y su utilidad derivan de la identificación de los efectos integrales para México de su eventual aprobación o rechazo, y no en las implicaciones a cualquier empresa, pública o privada.
Aclaración del Infonavit
En referencia a la columna publicada ayer “De la denuncia al castigo”, firmada por Alberto Aguirre, me permito hacer las siguientes precisiones:
En principio, aclarar que no tengo ningún parentesco con el periodista Carlos Loret de Mola.
Por otra parte, con respecto a las cifras señaladas en la columna en mención, cabe señalar que la cifra de 37 mil 133 se refiere a quejas, es decir, a manifestaciones de descontento o insatisfacción con respecto al servicio o atención ofrecido a un derechohabiente. Y solo los 2 mil 931 folios hacen referencias a denuncias, es decir a la manifestación de hechos que presumen la existencia de irregularidades que infringen la normativa del Instituto.
Adicionalmente, si bien, por la naturaleza del Infonavit recibe distintas denuncias relacionadas con sus diferentes áreas, no todas corresponden a responsabilidades administrativas de las y los trabajadores del Instituto. En este sentido, aclarar que del universo total de denuncias recibidas, únicamente 275 folios, derivaron en procedimientos de investigación por posibles responsabilidades administrativas distribuidas en incidentes relacionados con actos de corrupción, discriminación, fraude, hostigamiento laboral, acoso sexual, así como violaciones a la normatividad interna.
Sólo este universo de 275 denuncias sería susceptible de considerarse a efecto de determinar una posible sanción. En su momento se enviaron las aclaraciones correspondientes para la valoración de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y ahora se espera la notificación formal para darle proceder y en su caso darle seguimiento a las observaciones conforme el procedimiento correspondiente.
El Infonavit reitera su compromiso por colaborar con la ASF para aclarar y transparentar todas las observaciones de las que sea objeto, con el firme compromiso de mejorar sus procesos siempre en beneficio de las y los trabajadores.
Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 9, 11, 12, 14 y 15 de la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de réplica, solicito que la presente réplica se publique de manera íntegra, con características similares a la información replicada.
Atentamente: Gustavo Rivera Loret de Mola,
subdirector general de Comunicación del Infonavit
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