¿Reintegrar materiales y productos contribuirá a impulsar la competitividad en sectores estratégicos y la llegada de nuevas inversiones a la economía nacional? Los criterios económicos, por encima de la protección ambiental
El segundo piso de la Cuarta Transformación ha trazado la ruta de una “transición justa” hacia la economía circular, definida como un nuevo modelo de producción y consumo sostenible que haga posible mitigar el impacto ambiental del desarrollo.
¿Reintegrar materiales y productos contribuirá a impulsar la competitividad en sectores estratégicos y la llegada de nuevas inversiones a la economía nacional? Los criterios económicos, por encima de la protección ambiental.
Después de cinco años, la implementación del marco legal de ese modelo de economía circular ha entrado en su fase decisiva. La nueva propuesta privilegia la valorización y el aprovechamiento de residuos, en menoscabo de la prevención y reducción de su generación.
Hace cuatro años, en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, fue aprobada la Ley General de Economía Circular. El decreto estipulaba que entraría en vigor 180 después de su aparición en el Diario Oficial de la Federación. Y a partir de ese hecho, la Secretaría del Medio Ambiente tendría 370 días para desarrollar y expedir la normatividad consecuente. Nunca se publicó.
Al arranque de la actual administración, la secretaria Alicia Bárcena planteó implementar una política nacional que alinea la legislación y su reglamento con una estrategia integral, con la intervención de los tres órdenes de gobierno, los empresarios y las organizaciones sociales.
Ante la inminente discusión de la propuesta –firmada por el líder de la mayoría morenista, Ricardo Monreal, y el legislador oaxaqueño Raúl Bolaños Cacho, del PVEM–, un conglomerado de agrupaciones defensoras del medio ambiente ha advertido sobre una agenda oculta. Y es que –sostienen—se ha diseñado bajo criterios económicos y extractivos que dejan en segundo plano la salvaguarda del ambiente, la salud y los derechos de las personas.
Además, se quejan de que la iniciativa proviene directamente de SEMARNAT. Y en efecto, para elaborar la Política Nacional de Economía Circular de México, la dependencia contó con la asistencia técnica de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y Global Factor, una consultoría especializada.
Particularmente critican que el nuevo ordenamiento considera como indicador de economía circular al aprovechamiento energético. Esa apuesta por la termovalorización –asumen— se centra en la fase post-consumo, en lugar de incluir criterios como el rediseño de productos para ser reutilizables, durables, de buena calidad.
Efectos secundarios
OTROS DATOS. Para “consumo interno”, la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador tomó las encuestas del CELAG. Para defender la viabilidad del proyecto morenista, el político tabasqueño usualmente recurría a las encuestas de Enkoll, de Heidi Osuna, y Morning Consult, la firma inglesa que acaba de publicar su ranking global sobre el “sentimiento de los consumidores” y la calificación de riesgo de las naciones. En el séptimo año del inicio de la 4T, los números no mienten: México tiene una puntuación de 106.1 (el promedio es 97.2 en el hemisferio americano) en el primer rubro y registró una calificación BB, similar a la alcanzada por Estados Unidos y Brasil.
ECOSISTEMA. El Diario Oficial de la Federación y los periódicos oficiales de las 32 entidades publicaron en catálogo nacional de emisoras conformado por el INE. En México, actualmente hay 4,040 estaciones —de las cuales, 2,330 corresponden a radio, con 1,435 concesiones comerciales y 895 públicas y sociales— así como 1,710 canales de televisión, con 1,209 concesiones comerciales y 501 públicos y sociales. entidades federativas. Además, existen siete emisoras que transmiten en idiomas distintos al español y 31 que transmiten en lenguas indígenas nacionales.
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