En fin, señores mandatarios, esperemos que no haya ningún otro gobernador a quien le caiga de sorpresa que su secretario de Seguridad anda en malos pasos. Están advertidos
SEÑORES GOBERNADORES:
+Cuando veas las barbas de
tu vecino cortar, pon las
tuyas a remojar.
Refrán popular
Adán Augusto López lleva dos meses siendo noticia. Día con día paga su cuota de desprestigio, ahora que es público que el individuo a quien designó como secretario de Seguridad Pública en Tabasco, también se daba tiempo para regentear una banda dedicada al huachicol, venta de cocaína y otras actividades igualmente delictivas.
Ya casi resulta ocioso discutir si estaba o no enterado del negocio colateral de Hernán Bermúdez Requena. Como no se puede probar que no sabía, imagino que lo que sí se puede probar durante la investigación de la Fiscalía de Tabasco es si la SEDENA le compartió los reportes que sus centros de inteligencia habían recopilado sobre las andanzas de Bermúdez o si dichos reportes llegaron en algún momento al Gabinete de Seguridad y, por ende, a la Secretaría de Gobernación que es la encargada de las relaciones con las entidades. En fin, ya nos irán contando.
Viendo lo ocurrido con López y Tabasco, creo que sería un buen momento para que ustedes verifiquen el comportamiento de sus respectivos secretarios de Seguridad, así como de sus policías estatales, porque la tentación es grande cuando el riesgo es alto y los reconocimientos escasos. A lo que voy es que las fuerzas federales son las que se llevan la gloria de las detenciones de los casos de alto perfil, mientras que la labor de las policías estatales casi pasa desapercibida, siendo que éstas realizaron el 97.7% de las puestas a disposición del Ministerio Público.
Las policías estatales están mal pagadas: 61.3% perciben un sueldo inferior al sugerido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (México Evalúa, 22/8/2025). En abundancia de lo anterior, el pasado año, se registraron mil 39 enfrentamientos entre grupos armados y las fuerzas del orden, de los cuales 72.7% tuvieron la participación de las policías estatales.
Me pregunto qué tan eficientes están siendo sus controles de confianza sobre el personal policíaco porque, como decía, reciben poco sueldo y arriesgan mucho. De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal del INEGI 2025, 88% de los 86 mil 260 elementos de las policías estatales correspondientes a 24 entidades han concluido sus evaluaciones. Además de los estados faltantes en dicho Censo, el punto es qué tan bien se llevan a cabo las evaluaciones.
Otro ángulo que deberían observar son sus relaciones con el Centro de Nacional de Inteligencia, a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y los Centros de Fusión Regionales de Inteligencia, que operan bajo el mando de la SEDENA. No estaría por demás que se echaran una platicada sobre la información que hayan recopilado sobre las entidades que gobiernan y sus policías. No vaya a ser que les explote la bomba en las manos como, aparentemente, le está ocurriendo a don Adán Augusto.
La petición de información de inteligencia y las pruebas de control de confianza se hacen necesarias con mucha más razón si de pronto ven que los homicidios dolosos y los eventos violentos descienden en sus entidades. Por supuesto que la sociedad celebra que disminuya la intranquilidad, pero la pregunta es qué se debe tal condición: si es por las políticas públicas y la eficiencia de los cuerpos de seguridad o si se debe a una gobernanza criminal. O sea, si se está dando una suerte de acuerdo mediante el cual el crimen organizado puede operar libremente, siempre y cuando no agite el avispero. Además, la gobernanza criminal tiene el defecto de generar amplias áreas de impunidad a cambio que todo siga bajo el lema business as usual.
También convendría que hicieran las mismas pesquisas sobre las fiscalías estatales. Lo digo porque hemos visto un descenso en el número de homicidios dolosos en los distintos estados, pero al mismo tiempo van en aumento las muertes que son clasificadas bajo la incomprensible categoría de “víctimas de otros delitos contra la vida” y el número de desaparecidos mantiene su tendencia. Por cierto, también cabe la posible explicación de que las víctimas letales hayan disminuido justamente porque la gobernanza criminal permite que el negocio de la delincuencia organizada fluya con menores tropiezos.
No escapa al tema el asunto del presupuesto. Desde 2020 ha ido a la baja hasta llegar a una disminución de 20% en 2024, de tal suerte que hay apenas 73 mil millones de pesos para todos los estados. Tampoco es suficiente la cantidad de elementos de que dispone cada cuerpo, amén de que no hay lógica en el número de elementos y las condiciones locales de inseguridad. Los estándares internacionales sugieren que haya 2.7 policías por cada mil habitantes y, por ejemplo, la emproblemada Baja California tiene 0.2 policías, o sea, el 10% de lo recomendable; Guanajuato, igualmente conflictivo, dispone de 0.6 elementos. En contraste, en el tranquilo Yucatán hay 1.6 policías por cada mil habitantes (INEGI 14/8/2025).
En fin, señores mandatarios, esperemos que no haya ningún otro gobernador a quien le caiga de sorpresa que su secretario de Seguridad anda en malos pasos. Están advertidos.
Con la colaboración de Upa Ruiz
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