La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana demuestra que la coordinación entre las fuerzas federales y las estatales es indispensable para devolvernos la paz. Ahora falta que los gobernadores y los alcaldes se pongan las pilas
LIC. OMAR GARCÍA HARFUCH,
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CIUDADANA:
+No vive el que no vive seguro.
Francisco de Quevedo
Me di a la tarea de revisar el reporte completo de la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al segundo trimestre del año. La ENSU es un estudio muy extenso, pues abarca 91 áreas urbanas del país, con una muestra muy robusta de 27 mil 130 viviendas, lo cual hace suponer que su margen de error es mínimo. Encontré datos muy reveladores y dignos de tomar en cuenta.
Más allá de la percepción general de inseguridad que tienen los encuestados sobre el lugar donde viven (63.2%), lo que llama poderosamente la atención es que en el 30.8% de los hogares estudiados hubo una víctima de algún delito como el robo, extorsión y/o fraude, cifra que es mayor a la obtenida en el primer trimestre. Es una cifra altísima. Lo que la ENSU no detalla es si la víctima presentó la denuncia correspondiente; imagino que la mayoría no lo hizo, porque de haberlo hecho los Ministerios Públicos estarían más que abarrotados.
Respecto a este tipo de delitos, algo tienen que hacer las gobernadoras del Estado de México y de la CDMX, porque varias ciudades bajo su tutela encabezan la lista. Mire, don Omar, cuántos hogares fueron víctimas en las siguientes ciudades: Toluca 45.5%, Naucalpan, 44.9%; Tláhuac 43.6%; Gustavo A. Madero, 43.3%; Ecatepec, 43.1%.
Por cierto, es de celebrar que el Gabinete de Seguridad haya emprendido la Estrategia Nacional contra la Extorsión porque, según la Encuesta, 12.6% de los hogares tuvo una víctima de este delito. El reto es que en la próxima medición se vea una disminución y se rompa la curva ascendente.
Hay otros delitos, como el robo/asalto en la calle o transporte público (8.0% de los hogares) que debieran ser prevenidos y/o atendidos por las policías locales. Aun cuando presenta una disminución significativa con respecto al año pasado, el desempeño de las policías locales es percibido bastante regular, sobre todo si se les compara con las fuerzas federales de seguridad. La efectividad de la policía estatal llega a 52.4% de aprobación, mientras que la policía municipal apenas alcanza 46.4%; ambas presentan una tendencia a la baja en la calificación ciudadana.
Derivado de lo anterior, me atrevo a inferir que la población tiene muy altas expectativas hacia las fuerzas federales y se da por vencida con las policías locales, lo cual no es buena señal porque no hay Guardia Nacional suficiente que se haga cargo de la prevención de todos los delitos en todo el territorio nacional. Ya en términos políticos, hacia las fuerzas federales podría crearse una sobre expectativa difícil de cumplir; habría que hacer alguna minería de datos para decantar cuáles policías locales salen mejor calificadas para analizar la serie de atributos que las hacen confiables y extender las buenas prácticas hacia las policías peor calificadas.
A pesar de que 30.8% de los hogares tuvieron una víctima, solo 13.5% de los encuestados tuvo contacto con autoridades de seguridad pública y de éstos, poco menos de la mitad “experimentó algún acto de corrupción” en ese momento. No es de extrañar, pero no por ello se pueden normalizar tales conductas; encima de que las personas con violentadas por los delincuentes vuelven a ser victimizadas por las fuerzas del orden. Una chamba más para los gobernadores y los alcaldes: poner en orden a los cuerpos bajo su mando.
Otro rubro que llama la atención de los resultados de la ENSU es la vulnerabilidad en la que se sienten las mujeres en todos los aspectos relacionados con la inseguridad. Por ejemplo, en la percepción general (63.2%), ellas presentan 10 puntos porcentuales más que los hombres. El sentimiento de inseguridad es las mujeres es mayor al acudir a un cajero (78.4%), utilizar el transporte público (70.0%) o simplemente andar en la calle (69.1%); vamos, hasta en un centro comercial se sienten vulnerables (38.0%).
Hay un aspecto de la inseguridad que no es responsabilidad del Gabinete de Seguridad y que nuevamente recae en las autoridades locales: las conductas inciviles de la población generadoras de conflictos con los vecinos, desconocidos en la calle y hasta autoridades. Según la ENSU, 35.4% de los hogares vivió conflictos y al revisar su tipo vemos que los valores cívicos de respeto a los vecinos andan por los suelos.
La expectativa ciudadana no es optimista, pues 57.9% cree que la inseguridad seguirá igual de mal/empeorará, con el agravante de que dicha percepción creció en comparación con el año pasado (+7.3 puntos). Cabe señalar que la ENSU no detalla si tal pesimismo obedece al desempeño de las autoridades locales o las federales, pero por otros datos de la misma encuesta se puede inferir que se debe a las primeras.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana demuestra que la coordinación entre las fuerzas federales y las estatales es indispensable para devolvernos la paz. Ahora falta que los gobernadores y los alcaldes se pongan las pilas.
Con la colaboración de Upa Ruiz
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