El rancho Izaguirre nos ha mostrado todas las deficiencias posibles en las indagatorias sobre los desaparecidos, pero sobre todo, la indolencia y la insensibilidad de la clase gobernante
LIC. TERESA GUADALUPE REYES SAHAGÚN,
DIRECCIÓN GENERAL,
COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA:
Indolencia: pereza vagancia,
indiferencia, desidia.
Diccionario de la RAE
Se me hace que usted debiera encabezar la lista de funcionarios desaparecidos de sus responsabilidades. Lo digo porque en todo en el asunto del rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Jalisco, usted ha brillado por su ausencia. Imagino, licenciada Reyes, que usted sigue la inercia lopezobradorista de fungir como florero, pero el caso es de tal relevancia que esperaríamos algo más de usted. Nos sentaremos a esperar.
La semana pasada vimos al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, con toda la energía y agilidad mental rindiendo un informe sobre las muchas omisiones de la Fiscalía de Jalisco. Sorprendió la enjundia, porque el doctor Gertz también era otro de los funcionarios desaparecidos durante la pasada administración; su agilidad mental le permitió desviar la atención sobre el hecho de que la Guardia Nacional que tomó conocimiento del rancho el pasado mes de septiembre informó a la FGR del hallazgo y ésta no hizo nada.
Don Alejandro prometió encontrar la verdad sobre lo ocurrido en el rancho. Son promesas tan insultantes como huecas, pues en cualquier país civilizado una fiscalía tiene como principal objetivo a llegar a la verdad, no es una graciosa concesión. Pero bueno, ya sabemos que así se las gastan los políticos y funcionarios mexicanos.
Para tranquilizar a la la opinión pública, el doctor Gertz ofreció a los medios de comunicación un recorrido por el rancho y cuál no fue la sorpresa de todos de que las evidencias ya se habían retirado, siendo sustituidas por banderines. Desde luego que las evidencias deben ser retiradas del lugar de los hechos para procesos forenses, no pueden permanecer indefinidamente en la escena del crimen y menos si espera la presencia una gran cantidad de personas ajenas. Sin embargo, si lo que pretendía era tranquilizar a la sociedad, el Fiscal General solo generó sospechas de que se había “barrido” el predio.
Mire, doña Teresa Guadalupe, en cualquier manual de manejo de crisis se indica que el primer paso es retomar el control, como lo pretendió el Fiscal, y de inmediato establecer un vínculo de empatía con los afectados. Me pregunto por qué durante la clasificación y retiro de las evidencias a nadie se le ocurrió incorporar a una comisión de los padres buscadores para que atestiguaran los trabajos. Hubieran logrado empatía con los familiares, quienes ahora se sienten despojados de la posibilidad de localizar a sus difuntos. Al mismo tiempo, hubieran sentado bases transparentes para la investigación, porque la verdad, nadie confía en las autoridades judiciales.
Hasta el otro florero que despacha en la Comisión Nacional de Derechos Humanos sacó un comunicado indicando lo siguiente: “Consideramos que la participación de las y los familiares debe llevarse a cabo de acuerdo con los protocolos establecidos, como el Protocolo Homologado de Búsqueda que establece las medidas necesarias para la participación de personas con legítimo interés en las investigaciones, para evitar que se vea afectada la garantía de los derechos al acceso a la justicia, verdad y transparencia del proceso”.
Le eché un ojo al mencionado Protocolo Homologado y a lo largo de sus 140 páginas parece contemplar todos los ángulos posibles para resolver los casos de desapariciones de todo tipo; está muy completo y hasta tiene diagramas de flujo para que las distintas autoridades y actores involucrados sepan dónde y cómo intervenir. Sin embargo, solo hace que uno se indigne más pues como suele suceder en México, todo se ve bonito y eficiente en el papel y las leyes, ya en la aplicación es otra historia.
En lo que a la Comisión Nacional de Búsqueda respecta (CNB), el recorte presupuestal y la disminución de empleados fue la constante en el sexenio pasado. Decían los infames priistas, “voluntad política que no se refleja en el presupuesto, no es voluntad”. La presidenta Sheinbaum recién anunció un incremento a los recursos para la Comisión; la pregunta es si la usted y la dependencia a su cargo los aprovecharán.
Porque más allá de los dineros, el mencionado protocolo establece que “independientemente de las obligaciones de cada una de las distintas autoridades, una de las funciones principales y razón de ser de las comisiones de búsqueda es fungir como puente e intermediación entre el sistema institucional (todas las autoridades) y las familias” (inciso 137). De su boca no ha salido ni siquiera un pronunciamiento sobe el caso de Teuchitlán; ante tal silencio, mucho menos se esperaría que usted cumpliera con sus obligaciones.
Si en este caso que ha sido tan conspicuo la CNB no hace nada, pues qué podrán esperar el resto de los familiares buscadores que andan por todo el país. Cuéntenos, de las dos mil y pico de fosas clandestinas, ¿cuántas fueron localizadas por las autoridades y cuántas por los colectivos?
El rancho Izaguirre nos ha mostrado todas las deficiencias posibles en las indagatorias sobre los desaparecidos, pero sobre todo, la indolencia y la insensibilidad de la clase gobernante.
Con la colaboración de Upa Ruiz
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