El punto es que, si el crimen organizado participa en alguna etapa de la cadena de producción y/o distribución, eso es suficiente para que el producto sea vetado en EUA con base en la nueva ley
LIC. OMAR GARCÍA HARFUCH,
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CIUDADANA:
Extorsión: chantaje, coacción, coerción.
Diccionario de la RAE
En la última década, el aguacate se ha convertido en uno de nuestros principales productos de exportación, con un monto de tres mil millones de dólares anuales. A Estados Unidos se envían un millón 170 mil toneladas, en dos fechas clave: el 9 de febrero, cuando se juega el Súpertazón, y el 4 de julio, día en que se festeja la Independencia de nuestro vecino del norte. La primera fecha muy probablemente ya la libramos, pero la segunda…
Y es que, como usted sabe, Donald Trump ha emitido una orden ejecutiva para declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terrorista extranjeras; si hay algún producto que ejemplifique la intromisión del crimen organizado en las actividades productivas, es el aguacate. Para los lectores que nos acompañan, permítame una breve explicación de cómo se vinculan el aguacate y la declaratoria del presidente estadounidense.
Al ser catalogados los cárteles como terroristas, cualquier organización o ente productivo legal que tenga relación explícita o implícita con ellos está sujeta a sanciones, que van desde el congelamiento de cuentas hasta rechazar el ingreso del producto a territorio estadounidense. Desde hace 20 años, los aguacateros son objeto de extorsión, por lo cual en 2013 surgieron las autodefensas en Michoacán; no creo que hayan servido de mucho, más bien creo que llegaron a un acuerdo.
A la fecha, los aguacateros pagan derecho de piso por cada etapa de la producción, recolección, empacado y transporte. No solo eso, el crimen organizado también se dedica a deforestar las reservas naturales de Michoacán -esos donde llega la mariposa monarca- a fin de que queden yermas y, posteriormente, puedan utilizarse como tierras de cultivo (InSight Crime, enero 2024).
Y lo mismo pasa con el limón y el tomate, otros productos de exportación. Hay entidades, como Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, donde el 80% de la producción agroindustrial paga derecho de piso, según cifras de CANACINTRA. Me dirá usted que los productores se ven forzados a pagar el derecho de piso, pero para EUA ese detalle es menor.
Ahora pasemos a la minería, pues 20% de las importaciones de minerales hechas por EUA provienen de México. Dado que las minas se encuentran en zonas alejadas de las poblaciones, resultan más fáciles de extorsionar, por lo cual las empresas se han visto obligadas a incrementar en 10% su de por sí abultado presupuesto en seguridad (100 millones de dólares anuales). Si la empresa se niega a pagar, entonces extorsionan a los trabajadores.
En algunos casos, el pago es directo, pero en otros obligan a las mineras a “contratar” como proveedores a empresas coludidas con el crimen, a fin de agregar el “moche” al costo del servicio prestado, como son el acarreo y las pipas de agua. O sea, el crimen se introduce en la estructura productiva y le resulta más fácil lavar el dinero. El tema no es nuevo; por lo menos fue detectado desde 2018, según los servicios de inteligencia militar difundidos por Guacamaya Leaks.
Más o menos anda igual la extorsión en la industria del transporte; no me extenderé sobre este rubro de todos conocido y que afecta a otras ramas industriales. Nada más le digo, don Omar, que cuando la empresa ya pagó el derecho de piso, el crimen organizado le da calcomanías para que sean adheridas a los parabrisas de los vehículos, a fin de no ser molestados a lo largo de su trayecto. Organizada que es la Familia Michoacana (Infobae, 10/8/2024).
El punto es que, si el crimen organizado participa en alguna etapa de la cadena de producción y/o distribución, eso es suficiente para que el producto sea vetado en EUA con base en la nueva ley.
El tiempo apremia, don Omar. Una vez hecha la declaratoria por míster Trump, en los siguientes 14 días los secretarios de Seguridad Nacional y del Tesoro, así como el Fiscal General y el director de Inteligencia Nacional prepararán un informe, el cual debe responder a las siguientes interrogantes: cuál es la escala de violencia de los grupos en cuestión, cuál es el alcance geográfico de sus operaciones, que tanto pueden influir en eventos políticos en EUA y otros países, y si se vinculan a otras organizaciones terroristas. De las cuatro preguntas, por lo menos en las primeras tres la respuesta tendrá muchos datos, todos alarmantes.
Dicho reporte será enviado al Consejo de Seguridad Nacional, el cual emitirá sus conclusiones y las remitirá al inquilino de la Casa Blanca. No hay que ser Nostradamus para avizorar que coincidirán con el criterio de míster Trump y que, cuando sea notificado el Congreso, seguramente aplaudirán la inclusión de los cárteles mexicanos en la lista negra de organizaciones terroristas.
Así que además del fentanilo, le toca a usted cortar otro de los tentáculos del crimen organizado. ¿Cómo logrará que se salgan de este negocio tan lucrativo que es el derecho de piso? De ello depende la economía nacional. Y no es poca cosa.
Lo escuchamos.
Con la colaboración de Upa Ruiz
X: @upa_ruiz
X: @Lmendivil2015
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