Son muy altos los costos políticos, económicos, sociales y constitucionales que la RPJ nos está dando
RICARDO MONREAL,
LÍDER BANCADA DE MORENA,
CÁMARA DE DIPUTADOS:
+La justicia es la reina de las virtudes
republicanas y con ella se sostiene
la igualdad y la libertad.
Simón Bolívar
Hace un par de días, para vergüenza nacional, se dieron los primeros pasos en la instrumentación de la Reforma al Poder Judicial (RPJ). Con esferas, como las de la Lotería Nacional, se “decidieron” los 785 cargos de impartidores de justicia que irán a elecciones el próximo año. El sorteo estuvo atestiguado por un notario público; ahora sí se ponen muy serios los morenistas y no cuando debieron discutir los pros y contras de la reforma. Y hasta presumen que somos la única nación en el mundo que “avanza” en este sistema, cuando dentro y fuera del país la ven con alarma.
La 4T, tanto en su primer como segundo piso, nos quiso vender la idea de que en Estados Unidos se eligen a los jueces y que no pasaba nada. Tal argumento, además de ser una verdad a medias, ya es cuestionado en el vecino país; al respecto, el propio Departamento de Estado organizó una ponencia del doctor Michael Kang (27/06/2024).
Le hago una síntesis: en la mayoría de los estados de EUA se eligen jueces LOCALES, en ningún caso a los federales y mucho menos a los ministros de la Corte Suprema. Cuando hay una vacante dentro de este último órgano, los candidatos son propuestos por el presidente y, en su caso, ratificados por el Senado.
La preocupación de juristas como el doctor Kang, es que el dinero tiene una gran influencia en la postulación y elección de los jueces. Allá no se andan con hipocresías; particulares, partidos políticos y hasta grandes corporaciones hacen donativos a las campañas de los candidatos a impartir justicia. Porque las campañas cuestan y usted lo sabe, don Ricardo.
El doctor Kang hizo un estudio comparativo de las sentencias dictadas por jueces que podían permanecer en el cargo hasta la edad obligatoria de retiro (70 a 75 años, según el estado) y los que tenían que competir para ser reelectos. El hallazgo es que los jueces tenían una alta incidencia de emitir sentencias acordes con los intereses de las corporaciones y grupos que les patrocinaron; tal incidencia disminuye conforme pasa el tiempo, si el cargo es vitalicio, pero se mantiene y hasta crece entre los que deben volver a competir. Usted me dirá que la RPJ no autoriza dinero para la campañas; permítame que me ría y por un largo rato.
Por lo anterior, en EUA hay una corriente que promueve que los jueces estatales permanezcan en el cargo por lo menos por 14 años, lo cual debilitaría las malas influencias.
Pasemos a otras voces de alarma alrededor de la RPJ. Un día antes del sorteo, el secretario General de la ONU, António Gutérres, recibió el reporte de la Misión Internacional de Observación y Seguimiento al Proceso Legislativo de la Reforma Judicial de México. Dicha misión analizó el contenido de la RPJ, así como el proceso legislativo mediante el cual se aprobó, y las conclusiones no pudieron ser otras: “No es compatible con el fortalecimiento del Estado de Derecho una reforma judicial acontecida mediante mecanismos que lindan con lo ilegal”, en referencia a las presiones ejercidas a ciertos legisladores cuyos nombres no valen la tinta que gastan.
El reporte también documentó que “los señalamientos, la mayoría infundados, que desde el Poder Ejecutivo (mexicano) se hicieron contra el Poder Judicial, criminaliza y estigmatiza a los empleados y funcionarios judiciales”, poniéndolos en riesgo personal. Si los señalamientos de corrupción fueran tan extendidos como ciertos, ¿cómo es que no hubo y no hay jueces defenestrados y procesados?
Tal pregunta nos lleva a la investigación realizada por la doctora Stephanie Brewer bajo el título Reforma judicial en México: un retroceso para los derechos humanos (WOLA, 20/08/2024). Brewer encontró que, de los casos que llegan a judicializarse, las sentencias suelen concordar con la pena solicitada por las fiscalías; la impunidad donde cae la gran mayoría de los delitos es generada por las procuradurías locales y federal, ya sea por corrupción, negligencia, ineptitud o las tres juntas.
Brewer detecta otro riesgo: “Si el mensaje del gobierno es que un ‘buen juez’ es aquel que no libera a personas, lógicamente se incentiva la elección de aquellas personas candidatas percibidas como menos dispuestas a dictar liberaciones, lo cual debilitaría aún más el control judicial sobre el actuar de las fiscalías y las fuerzas de seguridad,” ahora en manos de militares.
Tengo la lejana esperanza, don Ricardo, que el cochinero procedimental mediante el cual se aprobó la RPJ sea sancionado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que le haga el favor a la 4T de sacarla del hoyo donde se ha metido, donde ha metido al país.
Son muy altos los costos políticos, económicos, sociales y constitucionales que la RPJ nos está dando.
Con la colaboración de Upa Ruiz
X: @upa_ruiz
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