La feforma al Poder Judicial no tiene pies ni cabeza. Y los ciudadanos habremos de sufrir las consecuencias. Pero había que darle su regalo de despedida a don Andrés…
DIP. GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,
CÁMARA DE SENADORES
+Galimatías: confusión,
desorden, enredo.
Diccionario de la RAE
El horno no está para bollos, don Gerardo.
El déficit público alcanzó 1.1 billones de pesos (así con “b”), un nivel no visto durante la crisis mundial del 2008, ni con la pandemia. El país está sumamente endeudado, pese a la promesa del expresidente de no contraer créditos. El aumento en pensiones y el gasto en PEMEX y la CFE dejan un reducido espacio fiscal a la actual administración de apenas 4.0% como para emprender alguno de sus proyectos.
La inseguridad, como he comentado en este espacio, ha roto todo límite, tanto en cantidad de delitos como en la violencia de éstos y la vulneración cada vez más amplia del territorio nacional.
Y en este oscuro contexto, en su afán por consumar la Reforma al Poder Judicial (RPJ), los alfiles de la 4T complican todavía más el panorama y siguen espantando a los capitales, como si no los necesitáramos.
Hace un par de días, el diputado Sergio Gutiérrez Luna (MORENA) presentó una iniciativa para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueda conocer y, en su caso, resolver sobre las reformas constitucionales que el Congreso apruebe. Me pregunto entonces para qué querríamos a la Corte, si ya no existirían las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad.
No es solo mi opinión. Mire, senador Fernández, aunque ahora diga otra cosa, el propio Arturo Zaldívar, cuando era ministro de la SCJN, defendió lo que se ha dado en llamar bloque de constitucionalidad, justamente previniendo que en un momento dado el Congreso hiciera algún cambio en la Carta Magna que contraviniera derechos esenciales.
“Y ante eso,” expresó Zaldívar, “¿este Tribunal Constitucional no podría hacer absolutamente nada? Si nos tomamos en serio el paradigma constitucional, no solo tenemos la atribución, sino la obligación de interpretar la Constitución armónicamente” (22/09/2024).
La RPJ nos tiene muy inquietos porque disminuye la certidumbre jurídica, ante el hecho de que la elección de impartidores de justicia se caracterice por tres cosas: primero, un sesgo ideológico por encima de la aplicación imparcial de la ley; segundo, la dudosa solidez profesional de los elegidos; y tercero, por la imposibilidad logística de realizar los comicios.
En teoría, un Comité de Selección, conformado por gente de reconocido prestigio, va a hacer una primera criba de los aspirantes. No veo cómo. En un circuito como el de la CDMX habrá 344 cargos en disputa y si para cada uno debe haber seis postulados, eso nos da dos mil 60 contendientes.
Ante tal volumen de exámenes y expedientes a revisar, los requisitos tenderán a simplificarse de manera extraordinaria; así que, en vez de un examen de oposición, tendría que ser escrito y muy genérico. Pero lo que está en chino es que el Comité haga entrevistas públicas a los candidatos en tan corto tiempo, pues de que se emita la convocatoria a que entregue el listado de los aprobados tan solo hay dos meses y eso contando que trabajaran todo diciembre.
Pero aquí hay otra trampa. El Senado (¡oh, sorpresa!) hará una segunda revisión del listado, a ver si efectivamente el Comité eligió a quienes debía. Nadie será tan ingenuo como para pensar que un Congreso dominado por MORENA y con un Ejecutivo ocupado por MORENA no van a promover los candidatos de MORENA. Bueno, pues de los seis que queden y mediante tómbola, saldrán dos para ir a la elección popular.
Por cierto, este mecanismo está previsto en el Artículo 500, fracción 8, pero está contradicción con el Artículo 96; así de bien hicieron la RPJ y no puede ser modificado por las leyes secundarias. Y peor está la contradicción sobre el método para elegir la presidencia de la Corte.
Si lo anterior suena muy complejo, la imposibilidad logística de organizar las elecciones es mayúscula. Nada más piense que los mapas electorales de los que dispone el INE no coinciden con los mapas de los circuitos judiciales. Lo grave no son los cambios cartográficos, sino que ello deriva en ajustar el padrón electoral y las listas nominales a los circuitos judiciales; o sea, rehacerlos de aquí a abril, además de imprimirlos. En paralelo hay que convocar a los ciudadanos para que funjan de funcionarios de casilla y capacitarlos sobre la forma en que la gente va a votar. Y aquí está la cereza del helado.
No hay manera de resolver la boleta, ni la urna. Si alguien lo hace, que le den el Premio Nobel. Siguiendo con el ejemplo de la CDMX, hay 344 cargos de jueces y magistrados de circuito. ¿Habrá 344 boletas con dos aspirantes por cargo? ¿Habrá una urna por cada distrito? ¿Cuánto tiempo le tomará al ciudadano emitir 344 votos? ¿Cómo va a ser el conteo de votos en las casillas de los 344 cargos?
Como la quiera ver, senador Fernández Noroña, la Reforma al Poder Judicial no tiene pies ni cabeza. Y los ciudadanos habremos de sufrir las consecuencias.
Pero había que darle su regalo de despedida a don Andrés…
Con la colaboración de Upa Ruiz
X: @upa_ruiz
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