Los magistrados electorales desestimaron su queja y el presidente de la mesa directiva de FSM, Gerardo Islas Maldonado, prometió obediencia a las resoluciones judiciales
Los viejos partidos no quieren más competencia. Y antes de que los consejeros electorales sancionen sobre el registro solicitado por siete asociaciones ciudadanas para competir en las elecciones federales del 2021, éstas deberán esperar a que la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE desahogue media docena de expedientes.
La diputada federal morenista, Claudia Yáñez Centeno, interpuso una denuncia que buscaría anular la asamblea distrital convocada por Encuentro Solidario –la formación que sustituiría al PES– en Tecomán, Colima, a la que “tramposamente” acudieron militantes del partido morado, convocados por la coordinadora de los programas federales en aquella entidad, Indira Vizcaíno.
El PVEM, por su parte, interpuso sendos recursos contra el SNTE por su presunto involucramiento en la conformación de las Redes Sociales Progresistas, y el Grupo Social Promotor de México, esfuerzo que buscaría ocupar el lugar del también extinto partido Nueva Alianza, al que también reclamó haber intentado denominarse el Partido por México.
La última denuncia fue promovida por un simpatizante del PRI, Juan Manuel Barreto Quijano, contra la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México y la Confederación de Trabajadores de México, organizaciones gremiales que participarían en la conformación de Fuerza Social por México, a través de la afiliación corporativa.
En la revisión de los padrones acreditados por las siete organizaciones que buscan su registro como nuevos partidos, el INE busca asegurarse que no existió intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social. Y por eso, solicitó a la Secretaría de Gobernación el listado de las personas asociadas y ministras de culto de las asociaciones religiosas, aunque a la fecha no ha obtenido respuesta.
En el mismo sentido, la autoridad electoral requirió los padrones de afiliados del SNTE, la CATEM y la CTM a esas organizaciones sindicales y al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. El cotejo de los listados permitirá determinar si hubo afiliaciones corporativas y la dictaminación de este proceso deberá concluir a más tardar el último día de agosto.
Las acciones del árbitro electoral, empero, han sido combatidas por los protopartidos. Fuerza Social por México acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial para interponer un recurso contra la decisión de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de no acceder a una segunda revisión de 464 afiliaciones con presuntas inconsistencias. Aunque representan apenas 0.13% de las 348,994 afiliaciones presentadas ante esa instancia, los dirigentes de la asociación quisieron sentar un precedente.
Los magistrados electorales desestimaron su queja y el presidente de la mesa directiva de FSM, Gerardo Islas Maldonado, prometió obediencia a las resoluciones judiciales.
Efectos secundarios
PROYECCIONES. Dos de los senadores más jóvenes de la actual Legislatura, el emecista Samuel García y el priista Mario Zamora Gastélum sumaron esfuerzos y suscribieron una iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para reducir esa tasa impositiva –de 16% a 10%– y mitigar los efectos de la pandemia provocada por la Covid-19. Ambos políticos con proyección en sus respectivos estados… ¿podrían sumar aliados políticos a sus proyectos electorales?.
CONJUNCIONES. Los tres poderes de Sonora, los representantes de las principales industrias asentadas en aquella entidad, los líderes sindicales y religiosos, las ONG, los órganos autónomos y las instituciones educativas respondieron a la convocatoria de la gobernadora Claudia Pavlovich para suscribir un pacto para hacer frente a la contingencia sanitaria y sus efectos en la economía de la entidad. La firma del acuerdo concitó a más de 740 líderes sonorenses –Alberto Baillères, de Grupo BAL; Héctor Pérez, de Ford; Daniel Baima, de Constellation Brands, entre ellos– y los exgobernadores, Samuel Ocaña, Manlio Fabio Beltrones, Armando López Nogales y Eduardo Bours.
POSTURAS. En su primera sesión ordinaria del 2020, los consejeros del Sistema Nacional de Transparencia respaldaron –a la distancia–, al presidente provisional del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, quien hizo una tenue defensa de “federalismo transparente, que considera que la información es fundamental”, ante los “riesgos democráticos” sin aludir directamente a los señalamientos formulados muy temprano contra el INAI y el Sistema Nacional Anticorrupción.
“En un sistema democrático, no puede haber oscuridad”, definió el abogado zacatecano. La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Rosa María Cruz Lesbros, de plano descalificó las críticas presidenciales.
RELEVOS. Con más de una veintena de nombramientos y ratificaciones pendientes, AMLO ha dosificado sus propuestas para las vacantes en órganos autónomos y puestos designados por el Poder Legislativo, sujetos a su ratificación. Para elegir al nuevo procurador de la Defensa del Contribuyente, el Ejecutivo federal propuso una terna que fue rechazada por abogados especializados en ramos administrativos y comerciales, porque ninguno de los candidatos cumple con el requisito de “contar con experiencia acreditada en materia fiscal durante los últimos cinco años anteriores”. Y no sólo eso, sino que acudieron a dos juzgados de Circuito, pero sus promociones no fueron recibidas, pues “no se trata de casos urgentes”.
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