Los casos más recurrentes se han presentado en Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Veracruz
El Consejo Nacional de la Industria de la Balística está de plácemes dentro de lo que consideran una situación excepcional: el actual proceso electoral, considerado como el más violento en la historia contemporánea. Y es que sus afiliados en 22 estados del país han recibido solicitudes de actores políticos en campaña para adquirir o rentar productos para reforzar su seguridad.
Vehículos, por supuesto. Y el despliegue de guardias privados, en algunos casos. Pero los candidatos también han tenido que destinar una parte de su presupuesto para su protección personal, lo que incluye aditamentos revestidos, como chalecos y chamarras.
El CBN confirmó que candidatos, equipos y personal de Secretarías de Seguridad y de casi todos los partidos políticos han solicitado su asesoría. Los casos más recurrentes se han presentado en Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Veracruz.
“Las peticiones de autos, ropa y hasta cuartos blindados está muy ligado a la inseguridad que vive el país, vemos hoy más que nunca que tanto para los candidatos como para las personas el blindaje ya no es un lujo es una necesidad para salvar sus vidas y continuar con su trabajo y así la atención a la ciudadanía”, agrega Daniel Portugal, vocero del CNB.
A 10 días de que concluyan las campañas, el recuento de Data Cívica es catastrófico: en lo que va del año han sido asesinadas19 personas precandidatas y candidatas, además se han registrado otro tipo de ataques contra los aspirantes a algún cargo de elección popular como amenazas (14), ataques armados (5), atentados (8) y secuestros (9).
Lánguido, el mecanismo gubernamental para proteger a los contendientes en las elección federal y las locales concurrentes fue coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública e involucró a los mandos medios y superiores de las Fuerzas Federales. La titular de la SSP, Rosa Icela Rodríguez, informó que se han recibido 532 solicitudes de protección, de las cuales 45 fueron declinadas por las o los peticionarios y 487 cuentan con protección.
La oposición ha elaborado su propio mapa de riesgos, mientras que la autoridad electoral ha emplazado a los integrantes del gabinete de seguridad del gobierno federal a garantizar que la población acuda a las urnas, el próximo 2 de junio. La construcción de ese entorno seguro permitirá una votación masiva, en paz, libertad y con armonía.
Dese el pasado 5 de diciembre, la mesa de seguridad interinstitucional –a la que concurren autoridades electorales y del ámbito de seguridad de los tres ordenes de gobierno–, han sesionado en 10 ocasiones, con la intención de identificar y atender factores de riesgo, brindar seguridad a candidatas y candidatos que así lo han requerido, protección a instalaciones estratégicas y resguardo de material electoral.
Efectos secundarios
SINERGIAS. Experto de Corazón Capital, México Evalúa, México Unido contra la Delincuencia y el World Justice Project proporcionaron a los tres aspirantes a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México información de primera mano, para coadyuvar a construir un sistema judicial accesible, ágil, transparente y eficiente. En ese entorno, los aspirantes pudieron exponer detalladamente sus propuesta de política de seguridad y justicia. El emecista Salomón Chertorivski insistió en mejorar el salario y las prestaciones de las personas que operan el sistema de justicia penal, además de consolidar una corporación policial capacitada, con perspectiva de género. Clara Brugada, de la coalición Morena-PVEM-PT, propuso la creación de un “Gabinete contra la Corrupción” integrado por instituciones de seguridad, incluyendo, la sociedad civil y recalcó que: “vamos a hacer que la justicia cívica no esté solo al lado de las agencias del Ministerio Público para que juegue su función más importante de resolver los conflictos a través de otro tipo de métodos y de mecanismos”. Y abanderado frentista, Santiago Taboada, adelantó que propondrá una reforma al Poder Judicial y a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para acabar con la ineficiencia y la corrupción: “Lo que vivimos es que quien controla el Poder judicial también controla las sanciones y evaluaciones a jueces y magistrados.”
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