Me referí ayer a un punto ciego de la declaración del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos: no situó la violencia de México en el marco de la guerra contra las drogas. Hay al menos otro punto ciego en la visión del Alto Comisionado que también merece comentario. Se refiere a la calidad … Continued
Me referí ayer a un punto ciego de la declaración del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos: no situó la violencia de México en el marco de la guerra contra las drogas.
Hay al menos otro punto ciego en la visión del Alto Comisionado que también merece comentario. Se refiere a la calidad del proceso judicial por los crímenes de Iguala.
“El reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”, dice en un pasaje de su declaración el Alto Comisionado, “descartó la versión original de las investigaciones sobre que los cuerpos de los estudiantes habían sido incinerados en un basurero municipal” (el subrayado es mío HAC).
El problema con descartar esta versión es que es la única que hay, y por ella están presos más de cien individuos confesos de haber participado en la cadena de delitos que termina, precisamente, con la quema
de los cuerpos en el basurero de Cocula.
Esta es la versión oficial de lo sucedido, construida con múltiples testimonios de los cómplices y los homicidas por la Procuraduría General de la República.
Si esa versión es falsa, al menos una parte de los presos acusados por ella deberían quedar libres. En particular, los que dicen en sus declaraciones haber apilado y quemado los cuerpos.
Si esa quema no ocurrió, estamos ante un ejercicio más de fabricación de culpables, y uno de los más refinados y perversos, pues incluye la confesión circunstanciada de varios detenidos sobre cómo mataron, apilaron, quemaron y desaparecieron los cuerpos de los normalistas.
Descartada la quema del basurero, la versión de la PGR se desmorona: el proceso de acusación penal debería empezar de nuevo y algunos de los detenidos deberían ser liberados, en respeto al debido proceso.
Esta debería ser la posición consecuente con el hecho de descartar la incineración del basurero. Pero ni el Alto Comisionado de la ONU, ni los expertos del GIEI, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actúan en consecuencia de su certeza en esta materia.
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