Ante la disyuntiva de prohibir o regularizar la importación de vehículos seminuevos, el PRI busca congraciarse con los votantes de la frontera norte. Y a golpe de subsidios y estímulos fiscales, busca que todos los autos chocolates introducidos a México sean regularizados… incluso las camionetas pick-ups, hasta ahora proscritas en la legislación vigente. En la … Continued
Ante la disyuntiva de prohibir o regularizar la importación de vehículos seminuevos, el PRI busca congraciarse con los votantes de la frontera norte. Y a golpe de subsidios y estímulos fiscales, busca que todos los autos chocolates introducidos a México sean regularizados… incluso las camionetas pick-ups, hasta ahora proscritas en la legislación vigente.
En la Ley Aduanera, propuso la senadora Sylvana Beltrones, quedaría un solo impuesto general para la importación definitiva de automóviles —de 1%— en la franja fronteriza colindante con Estados Unidos y esos recursos irían a un Fondo de Mejoramiento del Transporte Público, que la Federación canalizaría a las entidades, proporcionalmente al número de automóviles inscritos en el nuevo Registro Federal de Automóviles Usados Importados.
Una sola ventanilla, para legalización y los propietarios de los vehículos introducidos al territorio nacional de forma irregular tendrían un año para regularizarse, además de otros estímulos fiscales y subsidios. ¿Populismo tricolor o robo de bandera a Morena?
Además del costo de la unidad, de acuerdo con reportes provenientes de Tijuana, los adquirientes pagan 1,500 dólares para regularizar las unidades, además de los derechos vehiculares y el seguro contra daños a terceros, de carácter obligatorio.
La iniciativa de Beltrones Sánchez —a la que se adhirió su compañero Mario Zamora Gastélum, de Sinaloa— fue remitida a la colegisladora, para su dictaminación. Ambos argumentan que los vehículos ya están en territorio nacional y que en la mayoría de los casos, son empleados por sus propietarios para desarrollar sus actividades laborales. No se trata de abrir el mercado fronterizo para la libre importación de vehículos, explicó Zamora Gastélum sino de impedir el ingreso de aquellos que no cumplan normas ambientales o mecánicas o que tengan reporte de robo.
Reformar la Ley Aduanera, propusieron los senadores priistas. ¿Y dejar impune la corrupción en el SAT? De acuerdo con distintas fuentes del gobierno federal, estaría en curso una investigación sobre la “extensa red” de empresarios y funcionarios adscritos a la Administración General de Aduanas, quienes irregularmente introducen al país vehículos procedentes de Estados Unidos, en distintos puntos fronterizos de Baja California, Sonora y Chihuahua.
Esta acción conjunta —que involucraría al Cisen, las unidades de inteligencia financiera de la PGR y la SHCP, además del Órgano Interno de Control del SAT— habría iniciado a raíz de sendas denuncias presentadas por empresarios del ramo y exfuncionarios del SAT que actualmente se tramitan en las secretarías de Hacienda y de la Función Pública.
Esta trama de corrupción tendría en el origen a un grupo de gestores que obtuvieron permisos para introducir mercancías —entre las que se cuentan cientos de automotores— en la aduana de Ciudad Juárez, cuyo administrador es Alejandro Miramontes Armenta desde hace seis meses.
Las denuncias ante el OIC del SAT y la SFP contra los funcionarios de la Aduana de Ciudad Juárez habrían originado la investigación en curso y hasta el momento habrían evidenciado algunas irregularidades, entre éstas: el otorgamiento de “engomados” a vehículos extranjeros sin exigir la presentación de la factura correspondiente y la importación “legal” de autos con facturas de Estados Unidos con precios hasta 80% menores al costo real del vehículo. En estos casos el precio que se paga a gestores y funcionarios aduanales fluctúa entre 150 y 200 dólares en promedio por cada unidad.
En el caso de la Aduana de Ciudad Juárez los principales cruces utilizados por esta red para la introducción ilegal de vehículos son los de San Jerónimo-Santa Teresa y Zaragoza-Ysleta. ¿La Línea estaría detrás de esta red de corrupción?
EFECTOS SECUNDARIOS
VIRULENTAS. El Tribunal Superior de Singapur resolvió, el pasado viernes 14, a favor de los socios e inversionistas de oro negro, en la demanda interpuesta en esa jurisdicción por los tenedores de los bonos emitidos por la integradora de servicios petroleros, que ahora podría continuar el concurso mercantil y acudir a los juzgados para exigir una indemnización, por 700 millones de dólares, de Petróleos Mexicanos, luego de que la paraestatal cancelara sus contratos por el alquiler de cinco plataformas. En la misma línea, Pemex deberá responder al reclamo de Grup Servicii Petroliere (GSP) por el arrendamiento de una plataforma de perforación marina en el Golfo de México. Ese contrato fue firmado el 11 de enero del 2013 con Pemex Perforación y Servicios, pero abruptamente fue dado por concluido el 30 de abril del 2015. El consorcio acusa que el adeudo es de 41 millones de dólares, por los intereses acumulados.
¿IMPOSTORES? Hace un mes, el promotor inmobiliario Russel Dise hizo llegar una misiva a la oficina del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para solicitarle un favor muy especial: que autorizara al personal de JetLease una “visita de inspección” a los hangares donde están alojados más de 30 aviones y helicópteros utilizados por dependencias del gobierno federal que estaría en la disposición de rentar. Apenas antier, The Washington Post reveló cataduras de este peculiar empresario radicado en Florida, sin conexiones con México, entre los que destaca su conservadurismo y su apoyo a la agenda antimigrante de Donald Trump. En su manifestación de interés, Dise enlistó nueve aeronaves que podría operar y/o arrendar: el Dreamliner, el antiguo 757 adquirido en 1987 de Miguel de la Madrid; tres Gulfstream G550, dos 6450 y otros dos G150. Y detalló otros 10 aviones y 17 helicópteros que también estarían “disponibles”, algunos de los cuales pudieron verse sobrevolar el Palacio Nacional. ¡Órale!
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