El artículo 41 de la Constitución establece que ninguna persona física o moral puede contratar propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos
Claudia Magaly Palma Encalada es la directora jurídica del PAN de Coahuila y el pasado 10 de julio acudió a la Junta Local del INE en aquella entidad para impugnar la resolución emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la polémica serie-documental Populismo en América Latina, emitida en la víspera de la elección presidencial del 2018.
Hace cinco semanas, los magistrados de esa instancia resolvieron el expediente SER-PSL-41/2018 y eximieron de responsabilidad a los autores intelectuales de esa producción, considerada por Morena y PAN como propaganda negra, entre ellos la empresa TV Promo y las siguientes personas físicas: Virna Gómez Piña, Mónica Bolaños Cacho Albarrán, Alejandra Sota Mirafuentes y Alejandro Quintero Íñiguez.
Ese promocional —de acuerdo con la sentencia de los magistrados especializados— efectivamente fue confeccionado para demeritar la imagen de Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, y lo que se sancionó fue la contratación indebida de propaganda electoral en medios electrónicos.
Tras de que Palma Encalada fuera urgida a acreditarse fehacientemente como representante del PAN, el expediente SUP-REP-108-2019 fue radicado el pasado 15 de julio. La resolución final quedó a cargo de la ponencia del magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien admitió las pruebas de la parte recurrente, tanto la instrumental de actuaciones como la presuncional, en su aspecto legal y humano. Luego de cuatro semanas de sustanciación, fue decretado el cierre de instrucción y sometido ayer al pleno.
Las pesquisas del INE y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda arrojaron una conclusión irrebatible: en el proceso electoral federal del pasado 2018 fue instrumentado un complejo esquema integrado por personas físicas y morales destinado a violar el modelo de comunicación política para, con recursos presuntamente privados, intentar influir negativamente en la percepción pública de un candidato presidencial.
El artículo 41 de la Constitución establece que ninguna persona física o moral puede contratar propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor ni en contra de los partidos políticos o de candidatos. Lo que los denunciados violentaron a través de un esquema de publicidad integral ilegal.
Los sancionados son: Piña Digital y Javier García Mata; TV Promo y Alejandro Quintero Íñiguez, además de Virna Gómez Piña y Mónica Bolaños Cacho Albarrán. Los magistrados de la sala superior instruyeron a sus homólogos de la sala especializada para individualizar las sanciones a las que se harán acreedores.
La exvocera calderonista Alejandra Sota Mirafuentes fue indultada.
Adicionalmente, deberán dar vista a la Unidad de Fiscalización del INE, al Servicio de Administración Tributaria y a la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, instancias que en su ámbito de competencia deberán investigar a las personas físicas y morales implicadas, pues sus conductas —de acuerdo con la sentencia definitiva, emitida ayer— “podrían significar otro tipo de conductas ilegales, además de afectar el modelo de comunicación política”.
Al margen de esas acciones quedarían los medios de comunicación que emitieron los spots y los contenidos editoriales sobre el serial. Para los magistrados electorales, no conocían de los alcances e intención de la campaña negativa. Entonces, ¿quién estuvo detrás?
La sentencia de la sala superior garantiza la libertad de los medios. Punto a favor. Y es un precedente sobre el castigo para los promotores de las campañas negras en los procesos electorales. Lo malo es que éstas tienen en las redes sociales un espacio sin regulación… y sin limitaciones.
EFECTOS SECUNDARIOS
TURBULENCIAS. Emirates está por aterrizar en México, lo que ha generado reacciones adversas en las líneas aéreas locales y una señal de alerta entre las tripulaciones, cuyos gremios representativos han pedido al gobierno federal que frene la incursión de la aerolínea árabe. Pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra afirmaron que esta incursión imposibilita el crecimiento de la industria y, en consecuencia, impacta en la creación de nuevas fuentes de empleo. No es la primera vez que los trabajadores del sector se unen para frenar el ingreso de una compañía como la mencionada. Los agremiados en Estados Unidos y Europa se han movilizado para solicitar a sus gobiernos detener las operaciones de Emirates, Etihad y Qatar Airways. El desconcierto de las organizaciones gremiales refleja una realidad preocupante: esas aerolíneas árabes no cuentan con asociaciones de trabajadores, ya que sus gobiernos tienen proscritas las uniones laboristas, por lo que los contratos no están sujetos al arbitraje de un tercero.
CONTROVERSIAS. En el aeropuerto de la CDMX coincidieron el locutor de radio José Luis Morales y el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco. Hace tiempo que existe una disputa entre ellos por la forma en que el periodista se expresa del gobernador. La pregunta es ¿se valen los insultos personales como un instrumento de la crítica periodística o simplemente se trata de recurrir al ataque personal cuando se carece de argumentos? Quizá habría que revisar los antecedentes del programa de este locutor, que ya tienen una denuncia en Conapred, por su comportamiento intolerante y misógino en contra de la propia audiencia.
¿ZOZOBRA? Justo hace un mes, José Antonio Meade Kuribreña y su esposa, Juana Cuevas, emprendieron una gira por el sureste asiático: volaron a Hong Kong, para una breve escala, en su viaje a Dhaka, Bangladesh, donde el excandidato presidencial participó en la reunión anual de la Comisión Global de Adaptación. Dos semanas después, el también exfuncionario federal regresó a México, sin mayores actividades públicas… hasta que el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna requirió a la fiscalía federal, con el objeto de determinar si se inicia una investigación en contra, por las mismas omisiones imputadas a María del Rosario Robles Berlanga como presunta responsable del ejercicio indebido del servicio público, por la afectación ocasionada en los periodos que fungió como titular de Sedesol y Sedatu.
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