Las áreas vinculadas a las adquisiciones de materiales y la realización de obras públicas son las más vulnerables a incurrir en conductas indebidas —ratifica el trabajo, rubricado por Rafael Martínez Puon, uno de los tres integrantes del organismo ciudadano
Al paso de un sexenio, la divisa sigue incólume: el combate a la corrupción y la impunidad sigue siendo el gran pendiente de la Cuarta Transformación.
En el arranque del segundo piso del proyecto morenista, la realidad es innegable: “actualmente no existan áreas del gobierno que puedan considerarse 100% libres del flagelo de la corrupción”, concluye un estudio divulgado recientemente por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Las áreas vinculadas a las adquisiciones de materiales y la realización de obras públicas son las más vulnerables a incurrir en conductas indebidas —ratifica el trabajo, rubricado por Rafael Martínez Puon, uno de los tres integrantes del organismo ciudadano.
Pero también hay otras áreas que, sin administrar necesariamente recursos financieros, son igualmente vulnerables, ya sea que manejen capital humano, intelectual, recursos tecnológicos o estadísticos, en todas ellas se identifica una característica común: “el manejo de estos recursos les provee potestad y control”.
La rendición de cuentas, descubrió Martínez Puon, también puede abrir la rendija de las malas prácticas en las áreas de auditoría, investigación de quejas y fincamiento de responsabilidades, funciones concentradas en los Órganos Internos de Control.
“En el último año de operaciones de la administración sexenal recientemente concluida (2018-2024), la entonces Secretaría de la Función Pública a través de sus cabezas “instruyó” directamente a las áreas de Auditoría Interna y a las de Mejora de la Gestión, a realizar “acompañamientos” permanentes, que consistieron precisamente en apoyar a las áreas auditadas de cada dependencia o entidad, mediante “negociaciones forzadas”, de todas aquellas observaciones que representaran impacto negativo, ya fuera para el Erario Público o bien para la imagen política y reputación de aquellas dependencias o entidades y de sus funcionarios”, describe con crudeza.
De acuerdo con esa investigación, se ordenó a los OIC “registrar” tales “acompañamientos” en los diversos sistemas de control y seguimiento de auditorías de la propia Secretaría, lo que se tradujo en una simulación de fiscalizaciones, en la que todo aquello observado por tales órganos revisores, tuvo que ser solventado en “acompañamiento”, por las mismas autoridades fiscalizadoras que lo observaron.
En las áreas de Denuncias e Investigaciones, también detectaron simulaciones. “Cuando una persona servidora pública integrante de estas áreas no se conduce bajo los principios que rigen al servicio público, es común que se suscite fuga de información o bien, durante las investigaciones se tienda a viciar o sesgar los elementos y probanzas de los hechos que se investigan, con el objeto de eliminar o atenuar la posible falta en que pudiera estar involucrado un funcionario público, especialmente si éste, es de alto nivel jerárquico o si el investigador, tiene alguna conexión o relación con dicha persona investigada, o si recibe una ‘instrucción superior”.
En octubre del año pasado, el órgano de gobierno del SNA requirió un estudio para identificar las áreas y puestos con mayor riesgo de corrupción dentro de la Administración Pública Federal. La tarea quedó a cargo de Rafael Martínez Puon quien metodológicamente recurrió a servidores y exservidores públicos de diversos niveles áreas, niveles y trayectorias; personas de la sociedad civil y de organismos internacionales; empresarios; consultores expertos y de la academia. Fueron 30 participantes de seis focus group, quienes identificaron 20 áreas y puestos de alto riesgo.
El estudio, de 32 páginas, fue presentado por Martínez Pous ante el pleno del consejo ciudadano, el pasado miércoles 22. En el Top 5 de los puestos más susceptibles a la corrupción, los consultados por Martínez Pous, ubicaron al personal de áreas de adquisiciones, compras públicas y obras públicas; de áreas de procuración e impartición de justicia, fiscalías y ministerios públicos; de migración; de aduanas y de órganos internos de control.
Estos últimos, un área estratégica en el combate a la corrupción de acuerdo con el experto, quien pudo identificar —de acuerdo con los testimonios de los participantes en los focus groups— las áreas de mayor incidencia: Auditoría; Denuncias e Investigaciones y Responsabilidades. En los puestos: están desde los propios auditores, jefes de departamento, subdirectores y directores de área de las tres áreas mencionadas.
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