El Boeing 787 Dreamliner para los traslados aéreos del presidente de la República, adquirido por Banobras e incorporado a la flota de la Fuerza Aérea Mexicana, significó un desembolso de 218.7 millones de dólares en noviembre del 2012
El Boeing 787 Dreamliner para los traslados aéreos del presidente de la República, adquirido por Banobras e incorporado a la flota de la Fuerza Aérea Mexicana, significó un desembolso de 218.7 millones de dólares en noviembre del 2012. Justo seis años después, esa aeronave —“que no la tiene ni Trump”, AMLO dixit— suspendió operaciones y fue enviada a California, para salir al mercado.
Ejemplo de la austeridad del nuevo gobierno, esta medida ha sido cuestionada reiteradamente, por las pérdidas que habrá generado al erario, cuando finalmente se concrete la venta de la aeronave. Pero no era público —hasta ahora— un antecedente del sexenio peñista, cuando a través de dos filiales de Petróleos Mexicanos fueron erogados 6,855 millones de pesos para adquirir Reforma Pemex y Cerro de la Pez, dos floteles construidos en Galicia, España.
Esta historia se remonta al primer año de la administración peñista. Aún no concluía el proceso de aprobación de la reforma energética, pero el consejo de administración de la empresa, dirigida entonces por Emilio Lozoya Austin, había autorizado la compra de dos unidades habitacionales flotantes (UHF) con capacidad para alojar y adicionalmente proporcionar servicio de alimentación a los trabajadores de Pemex Producción y Exploración (PEP) basamentados en altamar.
En agosto del 2013 fueron presentadas tres propuestas técnicas y económicas, en respuesta a la licitación pública internacional. Además de Kol Tov —una firma campechana especializada en catering— concursaron PMI Norteamérica y PMI Trading, ambas filiales de Pemex.
En enero del 2014, PEP adjudicó ambas partidas a PMI Norteamérica, que quedó a cargo de construir ambos buques, aunque el pedido ya lo había pactado el gobierno calderonista con el presidente de la comunidad gallega, Alberto Núñez Feijóo. Cerro de la Pez fue encargado a Navantia, mediante el pago de 3,115 millones de pesos, mientras que Reforma Pemex se armó en el astillero de Hijos de J. Barreras, en 3,740 millones de pesos.
Por medio de otra de sus filiales —PMI Holdings—, la petrolera mexicana había invertido 120 millones de pesos en Hijos de J. Barreras. Pero la reforma energética implicó un nuevo plan de negocios para Pemex, que se tradujo en la focalización en “actividades sustantivas”. Y en el caso específico de los floteles, se determinó que la prestación de ese tipo de servicios no forma parte de su actividad sustantiva, por lo que se planteó la desinversión en Cerro de la Pez.
Una maniobra financiera que comenzó en el 2016, cuando PMI Norteamérica transfirió la propiedad del buque a Pemex Producción y Exploración, aunque no había concluido su construcción. Y aunque el 10 de febrero del 2017 quedó como fecha para que Navantia lo entregara formalmente, fue hasta el 8 de mayo del 2018 que finalmente zarpó, para cruzar el océano Atlántico.
Al menos durante 13 meses —según los archivos de la Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex— Cerro de la Pez estuvo atracado en el muelle 11 del puerto Ferrol, en la localidad de Fene, Galicia. El costo diario de guarda y custodia fue de 3,600 dólares, un acumulado de 1.6 millones de dólares (o 30.4 millones de pesos) por 452 días de atraco.
“La razón por la que la UHF permaneció atracada en el periodo referido fue debido a la suspensión por parte PEP del inicio del contrato 428224805” —explicó esa entidad a la Auditoría Superior de la Federación (ASF)—, “cuyo objeto consistía en el servicio de alimentación y hotelería, con un plazo de ejecución de 3,653 días naturales contados a partir del 17 de agosto del 2016 al 17 de agosto del 2026”.
Era una suspensión temporal, informó la entidad fiscalizada, por la falta de recursos presupuestales de los Activos de la Subdirección de Producción Aguas Someras, área usuaria del servicio. El 10 de mayo del 2017 se decretó una nueva suspensión total temporal del contrato y se estableció como fecha probable de su reanudación el 1 de julio del 2018.
Para entonces, el Consejo de Administración de Pemex ya había decretado que desinvertir en el flotel y ceder el contrato de servicios era la opción más conveniente.
PMI Norteamérica terminó por ofertar ambos —en un escenario de 500 camas contratadas a 10 años a partir de julio del 2018— a la firma Mexiship Ocean CCC, por 3,530 millones de pesos, a pagar en seis años.
Pero el pasado 23 de enero, la Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex informó a la ASF que “la desinversión de la UHF Cerro de la Pez no se llevó a cabo por incumplimiento de la empresa que presentó la mejor propuesta, a la fecha de este comunicado la UHF continúa siendo propiedad de PMI Norteamérica”.
El artículo 59 de la Ley de Petróleos Mexicanos estipula que Pemex podrá realizar las demás actividades que le competen a través de empresas filiales, y el artículo 61 señala que son empresas filiales de Pemex aquellas en las que participe, directa o indirectamente, en más de 50% de su capital social, con independencia de que se constituyan conforme a la legislación mexicana o a la extranjera. “Las empresas filiales no serán entidades paraestatales y tendrán la naturaleza jurídica y se organizarán conforme al derecho privado del lugar de su constitución o creación. De lo anterior se desprende que PMI Norteamérica no es una entidad de derecho público, tampoco lleva a cabo operaciones que involucran recursos públicos federales o participaciones federales y se encuentra organizada conforme al derecho privado y las operaciones que realiza se rigen por el derecho común”.
El flotel de marras tiene una vida útil de 30 años. Ya lleva dos desde su botadura, sin que sea rentable.
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