Los clientes deberán absorber el costo. Y de qué manera: las primas han registrado un incremento del 20% en los principales productos del mercado asegurador
La llegada de la Cuarta Transformación significó un vuelco negativo para el sector asegurador en México. Un cambio en el criterio en el cobro del IVA en la contratación de pólizas de seguros que quiso implementar la autoridad hacendaria desde el 2018 hubiera llevado a la insolvencia a la industria.
El SAT exigía el pago de ajustes por impuestos, actualizaciones y sanciones, y las aseguradoras acudieron –en primera instancia– ante el entonces Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa para impugnar ese cobro indebido, a su juicio. Mientras los magistrados analizaban el caso, AXA acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), en diciembre del 2024, para invocar el Tratado Bilateral de Inversiones México–Francia de 1998.
El sector asegurador ya había analizado los escenarios. El fisco podía exigirles hasta ocho años de pagos del IVA. El escenario de menor impacto era cinco años y también se estudió un escenario intermedio, de siete años. El cálculo de los actuarios comenzó a circular en el verano del 2023 y puntualmente identificaba y cuantificaba los efectos que sufriría el mercado asegurador mexicano si los magistrados emitían un fallo desfavorable a su causa.
La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas contaba entonces con 111 compañías en sus registros, pero los estudios solo incluyeron a 92, respecto de las que se determinó si podrían entrar en una situación de insolvencia regulatoria –lo que implicaría dejar de operar– o si enfrentarían una quiebra.
Al cierre del 2022, el peor escenario era el estimado con un pago retroactivo de ocho años: 50 empresas caerían en insolvencia regulatoria por no tener el capital mínimo regulatorio exigido en la Legislación vigente y 26 empresas caerían en quiebra técnica por pérdida total de su capital contable. El monto de las pérdidas estimadas por el efecto fiscal de los impuestos sería de 175,875 millones de pesos (8,700 millones de dólares al tipo de cambio vigente entonces).
En todos los escenarios, los márgenes de capital que tendrían esas 92 compañías para enfrentar la pérdida se estimaron en 96,733 millones de pesos.
Los actuarios estudiaron el impacto de las pérdidas con respecto del capital contable para cada una de esas 92 compañías aseguradoras. “En muchos casos, el impacto es superior al 100% de su capital contable”, advertían.
Expiró el sexenio lopezobradorista y el fallo de los magistrados dejó sin efectos el reclamo del SAT para el pago retroactivo del IVA, por parte de las aseguradoras. La Ley de Ingresos del 2026 cancela la posibilidad de que puedan acreditar deducciones de ese impuesto sobre las reparaciones e indemnizaciones de sus clientes, como si fuera un gasto propio.
Los clientes deberán absorber el costo. Y de qué manera: las primas han registrado un incremento del 20% en los principales productos del mercado asegurador.
Efectos secundarios
FRANQUEZAS. Sin las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala, el Pleno del Consejo General del INE presentó sus propuestas para la reforma electoral, a la comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez. Allí quedaron 241 recomendaciones consensuadas, que abordan aspectos técnicos sobre las reglas electorales definidas por el Poder Legislativo. La implementación de la reforma previa –sancionada en 2014– fue “terrorífica”, recordó la presidenta consejera, Guadalupe Taddei Zavala, quien públicamente se pronunció sobre la colegialidad dentro del órgano. “Debe garantizar la funcionalidad del Instituto y no inhibirla ni secuestrar la operatividad”, sentenció. Habla con conocimiento de causa: la mitad de la Junta Ejecutiva del INE tiene encargados de despacho, ante la reticencia de un bloque de consejerías de reconocer la potestad de la presidenta de designar a sus colaboradores más cercanos.
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