Una decisión, insistió el comisionado presidente, Adrián Alcalá Méndez, acorde a la normativa interna que estuvo precedida por una petición, comedida, pero enérgica, de que presentaran voluntariamente sus renuncias. Ambos funcionarios se negaron tajantemente
Por segunda ocasión —en menos de 18 meses— el Pleno del Inai emprendió acciones represivas contra dos de sus mandos superiores sin esperar a que su Órgano Interno de Control agotara los procedimientos sancionadores correspondientes.
En el ciclo anterior, Eugenio Monterrey Chepov fue forzado a renunciar a la Secretaría Ejecutiva y Óscar Guerra Ford, a la secretaría del Sistema Nacional de Transparencia; ambos habían formado parte del Pleno del Inai y aceptaron ocupar esas posiciones ante la falta de nombramiento de sus sustitutos. Señalados como integrantes del Grupo Bacalar, supuestamente fueron responsables de faltas graves. Uno, por el presunto cobro de diezmos a empleados; el otro, por pagar consumos en un table dance.
Guerra Ford no acudió a los medios para ofrecer su versión de los hechos. Su caso llegó a la sala auxiliar en materia de responsabilidades administrativas graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (expediente 1618/24-RAI-01-7) y después de varias audiencias, sus magistrados no encontraron elementos para considerar que incurrió en el abuso de funciones que le atribuyó la autoridad sustanciadora.
Su exoneración —hace dos semanas— coincidió con el inicio del último escándalo del Inai: la presunta extorsión de dos mandos medios del organismo a funcionarios de la Federación Mexicana de Futbol.
Sin presunción de inocencia, denotado por sus superiores, Jonathan Mendoza Iserte sabía que sus días como secretario de Datos Personales en el Inai estaban contados desde hace dos semanas. Aun así, decidió ejercer su derecho de réplica ante los medios informativos que lo ubicaron como uno de los presuntos responsables de una inverosímil extorsión a la Federación Mexicana de Futbol.
“Cuento con elementos para acreditar posibles conflictos de interés por parte de ciertos funcionarios de la institución, de distintos niveles”, reviró, “en el momento procesal oportuno haré valer esta información conforme a los mecanismos legales disponibles”.
En la sesión pública para resolver los asuntos de sus ponencias, los comisionados del Inai también estudiaron tres temas administrativos. Los tres, procedieron con voto unánime: la cancelación de las vacantes sujetas al servicio profesional de carrera y la remoción de los funcionarios presuntamente involucrados en el Inaigate.
“Es lo mejor para la institución”, resumió la comisionada Josefina Román Vergara, responsables de las áreas donde laboraban los funcionarios suspendidos “sólo para efectos de facilitar una investigación, sin que esa decisión signifique ninguna otra cosa”.
Una decisión, insistió el comisionado presidente, Adrián Alcalá Méndez, acorde a la normativa interna que estuvo precedida por una petición, comedida, pero enérgica, de que presentaran voluntariamente sus renuncias. Ambos funcionarios se negaron tajantemente.
“Desde la semana pasada estuvo pensándose la decisión”, reconoció la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, quien insistió en dar seguimiento a las denuncias sobre presuntas irregularidades y se opuso a que el secretario de datos personales temporalmente dejara de asistir a las reuniones donde se presentaban los expedientes.
Efectos secundarios
FISURAS. La hostilidad del presidente de Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, hacia el mandamás del CCE, Francisco Cervantes, ha generado daños colaterales. Entre los más visibles, el amago de al menos tres organismos gremiales de separarse de la confederación: Canaco Monterrey, que preside Francisco Canales Seltzer; Canaco CDMX que conduce José de Jesús Rodríguez Cárdenas; y Canaco Guadalajara, que preside Javier Arroyo.
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