Pocos ganadores en estas historias. Los Robertos, entre ellos. Y de mala manera, destaca un despacho de abogados especializado en la estructuración de fideicomisos emisores
Resulta por demás paradójico que el origen de quien presume ser el dirigente partidista más exitoso de la alternancia sea tecnócrata. Mario Delgado Carrillo cumple dos décadas de carrera política y regresará a uno de sus campos de especialización, la gestión de los servicios educativos.
Experto en econometría, formado inicialmente al amparo de Marcelo Ebrard, el presidente saliente de Morena tomó las decisiones sobre 32 procesos electorales estatales y coordinó la campaña de Claudia Sheinbaum por la Presidencia de la República. Esa marcha victoriosa apuntalaba sus intenciones de instalarse en el Palacio de Covián, tras de que en Palacio Nacional se pactara la ratificación del actual titular de Hacienda.
Nada despreciable, el premio de consolación: Delgado Carrillo llegará al despacho que alguna vez ocuparon José Vasconcelos, Jaime Torres-Bodet y Porfirio Muñoz Ledo. La contrarreforma educativa se materializó en una nueva centralización, tanto de los contenidos educativos como también de la nómina magisterial.
Entre sus tareas, la desaparición de la USICAM. En el rubro magisterial, no tendrá que lidiar con Elba Esther Gordillo y tampoco, con uno de los principales problemas que contaminan la relación entre la Federación y el SNTE: el desfalco al FORTE, el primer sistema de ahorro para el retiro los trabajadores de la SEP.
El fideicomiso de ese Fondo —que acumulaba14,500 millones de pesos a finales del sexenio peñista— se abrió lo que ahora es Santander. Las instrucciones para comprar certificados bursátiles saliendo de su comité técnico, donde la SEP (a través de su oficial mayor) y el SNTE tienen asientos permanentes. Y en el centro de esta trama, un financiero peninsular: Roberto Guzmán, de Grupo Escofin.
A la mitad del sexenio, decretada la extinción de los fideicomisos públicos, estalló este caso. Y es ahora, al cierre de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que —siguiendo la ruta de la recuperación del desfalco a Segalmex—, autoridades hacendarias han emplazado a la directiva de Santander a asumir su responsabilidad en la custodia de esos recursos, que se esfumaron tras la compra de los bonos.
Hay otras instituciones –Actinver, CI Banco y AFIRME—, cuyas áreas fiduciarias intervinieron en la emisión del papel y también, otras operaciones en las que las empresas del financiero yucateco intermediaron esos valores riesgosos. Hace dos años, el gobernador saliente, Mauricio Vila, acudió a Palacio Nacional para solicitar una intervención directa ante el retraso en la entrega de los fondos invertidos por el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores estatales.
Los reguladores de ese mercado tienen certeza de que esas emisiones quedaron cubiertas, en tiempo y forma. Y de que las pensiones y el patrimonio de los burócratas meridenses está a buen resguardo.
Al atender instrucciones superiores, en la Secretaría de Hacienda hicieron un hallazgo lóbrego: el incumplimiento en el pago del capital e intereses entregados por los encargados de las finanzas de la Beneficencia Pública. Otro desfalco silencioso a las finanzas públicas –de los 1,300 millones de pesos invertidos, la mitad quedó pendiente de recuperar— sin que se finquen responsabilidades contra los responsables. Unos, de administración fraudulenta. Otros, de captación irregular.
Pocos ganadores en estas historias. Los Robertos, entre ellos. Y de mala manera, destaca un despacho de abogados especializado en la estructuración de fideicomisos emisores.
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