Agotado el plazo, la ministra presidenta deberá resolver si el órgano legislativo cumplió con su encomienda. En caso contrario, habrá un periodo extraordinario
El folder azul de la comisionada Norma Julieta del Río Venegas llegó a la oficina del auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo. Han pasado 10 días desde la denuncia pública sobre las irregularidades acumuladas durante el periodo en el que Blanca Lilia Ibarra encabezó el órgano garante del acceso a la información (2021-2023) y por la gravedad del asunto, la instancia que depende de la Cámara de Diputados ha tenido que desplegar un equipo que se instaló —a mediados de la semana pasada— en la llamada casa de la transparencia.
La presidenta saliente no atendió las denuncias. Tampoco, el Comité de Ética ni el Órgano Interno de Control. “Ante la falta de actuar y las omisiones de ambas instancias”, la comisionada dio vista al nuevo titular del organismo, Adrián Alcalá, y acudió a la ASF donde se procedió inmediatamente, con el despliegue de un equipo especializado de la auditoría forense de cumplimiento financiero en el Inai, para ampliar los alcances de la autoría 196.
Mientras concluye dicho escrutinio, el Pleno del órgano garante autorizó informar sobre las auditorías efectuadas hasta el 10 de diciembre pasado y la documentación a través de la cual fueron solventadas las observaciones formuladas por la ASF. En respuesta a una solicitud, la Dirección de Administración se negó a identificar nexos familiares y posibles actos de nepotismo.
Los comisionados del órgano garante tendrán que atender otros requerimientos, más graves. Y es que hace una semana, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, dictó un acuerdo para emplazar al Senado de la República a informar sobre el cumplimiento de la sentencia a la controversia constitucional 280/2023, promovida por el Inai por la omisión de no completar la integración del Pleno, en los términos de lo dispuesto por el artículo sexto.
A más tardar el próximo martes 26, la presidenta de ese órgano legislativo, Ana Lilia Rivera, deberá informar sobre el proceso para nombrar a los sustitutos de los comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Acuña Llamas. El Inai promovió la controversia constitucional y como tercer interesado está la Fiscalía General de la República
El pasado 2 de octubre, el Pleno de la SCJN ordenó al Senado de la República llevar a cabo la votación para designar quienes ocuparán las vacantes y —de ser necesario— para que agote las facultades que para este efecto le han sido encomendadas, a fin de permitir la pronta y completa integración del Pleno del Inai por siete comisionados, tal como ordena la Constitución federal. En la última sesión del periodo ordinario, los legisladores no obtuvieron los votos suficientes para designar a un comisionado.
La expresidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra, promovió entre sus colegas la presentación de un incidente de inejecución de sentencia tras de que fracasaran los dos intentos por designar a un nuevo comisionado del órgano garante. Respecto de la vacante derivada de la conclusión del encargo del comisionado Óscar Guerra Ford, existe a la fecha una suspensión —en respuesta al amparo promovido por Ana Yadira Alarcón— para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran y no se presenten nuevas propuestas para ocupar ese cargo.
Agotado el plazo, la ministra presidenta deberá resolver si el órgano legislativo cumplió con su encomienda. En caso contrario, habrá un periodo extraordinario.
Efectos secundarios
PERMANENCIA. BNP Paribas mantendrá su presencia en México. Voceros de la institución francesa han confirmado la desincorporación de su unidad de negocios de Asset Management, que a partir del próximo año quedará en la operación de Grupo Santander. A finales de la semana pasada, el banco peninsular adquirió en paquete filiales de BNP Paribas en México y Argentina, con el objetivo de tener mayor presencia en el segmento institucional en ambos mercados emergentes.
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