Erwin Javier Castelán Enríquez es uno de los criadores de bulldog inglés más afamados de México y también dueño de algunos de los mejores ejemplares —campeones y cachorros— actualmente en México. En el servicio público, empero, su trayectoria ha sido modesta. Hace seis años ocupó la alcaldía de Coacalco como interino, en sustitución de Roberto … Continued
Erwin Javier Castelán Enríquez es uno de los criadores de bulldog inglés más afamados de México y también dueño de algunos de los mejores ejemplares —campeones y cachorros— actualmente en México.
En el servicio público, empero, su trayectoria ha sido modesta. Hace seis años ocupó la alcaldía de Coacalco como interino, en sustitución de Roberto Ruiz Moronatti. Y en el 2015, el PRI mexiquense lo puso al frente de la planilla que compitió en las elecciones municipales. Antes, nunca había competido por un cargo de elección popular.
Castelán Enríquez había sido director en los últimos tres gobiernos municipales. Todos, priistas. Con esa formación y a partir de recientes experiencias, ahora lamenta: “Hoy ser presidente municipal significa tener un pie en la cárcel”.
Entre el abuso de autoridad y la usurpación de funciones, el munícipe coacalquense argumenta que no han sido formalmente notificados por la SCJN sobre su destitución, hace una semana.
Castelán Enríquez, la síndico Nora Luz Chávez Hernández y el tesorero, Luis Manuel Solano Urbán acudieron al Palacio Municipal para desahogar los pendientes.
Desde entonces, los 13 regidores que integran el cuerpo edilicio electo en el 2015 no se han presentado a sus oficinas, por recomendación de los abogados contratados por la presidencia municipal. Ellos, junto con el cabildo que cubrió el trienio 2012-2015, también deberían ser consignados ante un juez de distrito por incumplir con los amparos.
David Sánchez Isidoro encabezó la anterior administración coacalquense y actualmente forma parte de la bancada tricolor en San Lázaro. El pasado fin de semana registró ante la Comisión de Procesos Internos del PRI mexiquense su precandidatura al Congreso local.
Sus ex compañeros ediles habían citado a una conferencia de prensa para emplazar a las autoridades jurisdiccionales a “deslindar responsabilidades” y fue súbitamente cancelada… por instrucciones emanadas desde la Plaza de los Mártires, en Toluca. En vez de eso, Castelán Enríquez habló con los representantes de los medios, sin amparo bajo el brazo.
Hace ocho días, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió separar del cargo a los actuales integrantes del cabildo de Coacalco, así como consignarlos junto con los integrantes del cuerpo edilicio que les antecedió por el incumplimiento de una sentencia de amparo. La instrucción del caso quedó a cargo de un distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Edomex.
Allí comenzó un desesperado intento por evitar el desafuero de los ediles que incluyó la entrega de un cheque certificado por 4.1 millones de pesos, para cubrir los salarios que habría devengado el funcionario municipal despedido hace ocho años, quien acudió a la junta estatal de Conciliación y Arbitraje para reclamar su reinstalación. En la segunda instancia, ese empleado local interpuso el juicio de amparo 257/2012 y el juez cuarto de distrito del Estado de México dictó fallo a su favor, pero el ayuntamiento que encabezaba David Sánchez Isidoro ignoró la ordenanza del pago. Vino un reclamo, por la inejecución de la sentencia, dictada el 3 de abril del 2013, que obligaba al ayuntamiento de Coacalco pagar al quejoso la cantidad que cubriera sus salarios y sus prestaciones.
“No recibimos ninguna notificación de término para pagar”, adujo Castelán Enríquez, “mientras la SCJN estaba sesionando fuimos a pagar. Hasta entonces conseguimos los recursos para cubrir el adeudo”.
En los dos años de la actual administración han tenido que erogar más de 300 millones pesos en materia de laudos y juicios administrativos y los nuevos ediles deberán pagar otros 600 millones de pesos en juicios que están pendientes. El caso más oneroso es la indemnización, por 60 millones de pesos, que deberá entregarse a otro empleado municipal por mandato de las autoridades laborales.
Sin una partida presupuestal especial para hacer frente a los laudos laborales, Castelán Enríquez propuso a sus ediles rematar tres predios y destinar lo recaudado al pago de las deudas. Posteriormente solicitó autorización a la Legislatura mexiquense. La convocatoria para subastarlos ya fue emitida.
“No consideran que el presupuesto del municipio viene etiquetado, que no podemos pedir préstamos para pagar a proveedores o afrontar los laudos o solventar la nómina”, se quejó “tampoco tenemos la posibilidad de pagar intereses moratorios en muchas materias y, sin embargo, hay autoridades judiciales que nos exigen pagarlos y otras que nos sancionan por hacerlo”.
En la SCJN reiteran que las destituciones y las consignaciones de alcaldes recientemente dictaminadas van más allá de las filiaciones partidistas. Y que los ministros han dejado claro que no dejarán pasar ningún incumplimiento de una sentencia de amparo.
EFECTOS SECUNDARIOS
PENDIENTES. Hace una semana, Gabriela Salido presentó su renuncia a la dirección ejecutiva de Desarrollo Social en la delegación Miguel Hidalgo. Y después de que Xóchitl Gálvez se la aceptara, anunció que solicitaría su registro como precandidata a la alcaldía, con la oferta de “encabezar una administración humanista acorde a mis 29 años de militancia en el PAN”. La corriente hegemónica dentro del PAN capitalino respalda a la asambleísta Maggie Martínez Fisher… ¿y también la dirigencia partidista? Salido intempestivamente canceló el registro de su precandidatura.
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