Asolado por los taladores de madera y las bandas de narcotraficantes, San Pedro el Alto —municipio oaxaqueño vecino de los Loxichas— se quedó sin alcalde justo hace dos meses: José Santos Hernández regresaba del santuario de la Virgen de Juquila con su familia cuando fue interceptado por un comando que lo ultimó a tiros frente … Continued
Asolado por los taladores de madera y las bandas de narcotraficantes, San Pedro el Alto —municipio oaxaqueño vecino de los Loxichas— se quedó sin alcalde justo hace dos meses: José Santos Hernández regresaba del santuario de la Virgen de Juquila con su familia cuando fue interceptado por un comando que lo ultimó a tiros frente a su familia. Le dieron el tiro de gracia.
En el último mes del 2017, tres presidentes municipales fueron asesinados en México. En todo el año hubo nueve alcaldes caídos, de acuerdo con el recuento elaborado por la investigadora Laura Y. Calderón, difundido por el proyecto Justice in Mexico, que dirige el mexicanólogo David Shirk en la Universidad de San Diego.
Al menos 78 alcaldes han sido asesinados desde el año 2000, más otros 68 exalcaldes y nueve candidatos caídos. El conteo de Calderón no incluyó al prencandidato priista a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
La investigadora sostiene, tras de revisar las estadísticas de los dos últimos años, que los alcaldes de México tienen tres veces más probabilidades de ser asesinados que los periodistas y 12 veces más probabilidades de ser asesinados que la persona promedio en México. Estas cifras adquieren especial relevancia en el contexto electoral: además de los poderes ejecutivo y legislativo federales habrán de elegirse (o reelegirse, según el caso) 16 cabildos en la Ciudad de México y 1,596 cuerpos edilicios este año de comicios concurrentes.
Lo que está claro es que las autoridades locales se han llevado la peor parte de los ataques violentos contra funcionarios públicos desde el inicio de un aumento a nivel nacional de homicidios durante una década. Un estudio del 2015 de Guillermo Trejo y Sandra Ley analizó aproximadamente 500 amenazas violentas y ataques contra políticos locales en México y encontró que la gran mayoría involucraba a funcionarios locales (83%) y que la mayoría ocurrieron entre el 2007 y el 2014 (90 por ciento).
Calderón identifica a un exalcalde del PRI del estado de Tamaulipas, quien fue baleado en el 2002, como la primera víctima de este tipo de violencia contra ediles. En el 2005, por primera vez en décadas, un alcalde en activo fue abatido, en Buenavista Tomatlán, Michoacán.
Sus estadísticas surgen de la revisión de una base de datos alojada en San Diego, pero difieren de los reportes locales. En el 2016, la Asociación Nacional de Alcaldes que encabeza el panista Enrique Vargas del Villar informó que en la década anterior habían sido atacados 86 ediles: 36 exalcaldes, siete alcaldes electos y 43 en funciones.
De esos 86 asesinatos, 73 se habían suscitado en 71 municipios con un presupuesto menor a 200 millones anuales, y en los dos municipios que han sufrido dos eventos ninguno cuenta con Fortaseg (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad). La entidad con mayor número de asesinatos era y sigue siendo Oaxaca.
El esclarecimiento de estos magnicidios, sin embargo, ha quedado estancado. Allí está el caso de Gisela Mota Ocampo, alcaldesa perredista de Temixco, quien fuera asesinada después de un día de haber tomado posesión de su cargo. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, nombró a Fernando López Vázquez como fiscal especial para este caso.
Nada se ha informado sobre los avances de estas pesquisas. Y en cambio, ahora se sabe que el fiscal López Vázquez —ex funcionario de la Procuraduría General de justicia en la CDMX— prefiere enfocarse en los servicios profesionales de abogacía en su despacho. Lo curioso del asunto es que los procedimientos en los que López Vázquez se acredita como representante legal o litigante en funciones tienen como sede principalmente la capital del país, casos en los que se encontraba involucrado como representante del Ministerio Público, óscar Montes de Oca Rosales, subprocurador en ese entonces de Averiguaciones Previas Desconcentradas y excolaborador del ahora funcionario morelense durante su paso por la procuraduría capitalina.
Ejemplo de estos casos es el radicado en la carpeta de investigación CI-FCH/CUH-6/UI-2 S/D/00094/02-2016, en la que Fernando López Vázquez se registra, con nombre y apellido, como defensor de Pedro Alonso Dacal, lo que además de desobedecer las instrucciones de Graco Ramírez, se traduce en una violación a los artículos 27, 28, 34 y 35 de Ley Estatal de Responsabilidades del Sector Público.
EFECTOS SECUNDARIOS
PENDIENTES. Las investigaciones de la CNBV y el OIC de Bansefi sobre la duplicidad de las tarjetas Fonden que afectaron a damnificados por los sismos de hace cinco meses en Oaxaca y Chiapas están a punto de concluir. Ya tocará a la Secretaría de Hacienda determinar si las omisiones derivan en responsabilidades administrativas y a la PGR si proceden las denuncias penales presentadas por el equipo de Virgilio Andrade. Mientras, el secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, comprometió la aplicación transparente e imparcial de los recursos públicos durante el proceso electoral, por lo que se evitará que ningún funcionario condicione la entrega de recursos y apoyos a cambio del voto.
EXTERIORES. En su calidad de presidenta de la Unión Internacional de Parlamentarios, la senadora Gabriela Cuevas viajó a Damasco, Siria, para conocer de primera mano la situación de los refugiados y el estatus actual de conflicto. A su regreso se ha encontrado con una ofensiva del PAN para desterrarla de la comisión de relaciones exteriores por instrucciones de Damián Zepeda y Ricardo Anaya. ¿Será?
Minuto a minuto
