La orden de Sumitomo fue inapelable: evitar un escándalo mediático y acudir a los tribunales para frenar este intento de expropiación promovido por el coordinador jurídico del Ejecutivo estatal, Gabriel Camarena, y el subfiscal, Rodrigo Benítez Pérez
Habían pasado casi tres décadas del cierre de la planta cigarrera y la producción de café para exportación nunca pudo concretarse en Nayarit. El Gobierno del Estado se había vuelto en el principal empleador y los sindicatos —ya fueran la ACASPEM cetemista, que aglutinaba a los transportistas, o las dos secciones del magisterio— en organizaciones que controlaban el poder político y económico local.
Rigoberto Sandoval, sin estudios universitarios, pero con una clara vocación emprendedora, llegó a alcaldía de la capital, Tepic, en el 2008. En su trienio —según consta en los registros municipales— comenzaron las gestiones para instalar una planta de ensamblaje de arneses automotrices, con capital japonés.
Autosistemas de Torreón —firma constituida en Chihuahua en 1991, bajo la razón social American Industries— inició operaciones en octubre del 2012, ya con Sandoval en la gubernatura, tras de invertir 10 millones de dólares y emplear a 900 obreros.
Un año después, los directivos de la armadora reportaron a las autoridades estatales haber llegado al límite de su capacidad instalada, por lo que construirían una nueva nave industrial —valuada en 170 millones de pesos— en la que alojarían 2,000 empleados. Para tal expansión, requerían la donación de un predio en la Ciudad Industrial. “Con beneplácito”, la solicitud fue atendida por el Ejecutivo estatal, quien propuso al Congreso local desincorporar 3,000 metros cuadrados.
Sin votos en contra, los 20 diputados de la XXX Legislatura aprobaron la donación a la inmobiliaria Goat —contratada para desarrollar el proyecto— a condición de que las obras iniciaran a más tardar en los siguientes ocho meses y fueran concluidas un año después. Además, incluyeron una cláusula para establecer un plazo mínimo de 10 años para la operación de la nueva manufactura.
En agosto de 2019, el representante de Grupo Sumitomo en México, Yoshio Matsushita, visitó Nayarit, para inaugurar, junto con el entonces gobernador, Antonio Echevarría García, otra fábrica de ATR en Santiago Ixcuintla, cuya primera etapa requirió una inversión de dos millones de dólares, para generar 840 empleos adicionales.
Ahora, esas inversiones niponas están en vilo: por mandato judicial, agentes de la Fiscalía estatal aseguraron la fábrica de arneses en la Ciudad Industrial de Tepic; en curso, una indagatoria por los presuntos delitos de ejercicio indebido de funciones y coalición de servidores públicos en el trámite de la donación del predio. Hace un mes —el pasado 15 de agosto—, Inmobiliaria Goat obtuvo un amparo, tras de que quedara evidenciado que ATR Nayarit no tuvo oportunidad de defenderse.
La orden de Sumitomo fue inapelable: evitar un escándalo mediático y acudir a los tribunales para frenar este intento de expropiación promovido por el coordinador jurídico del Ejecutivo estatal, Gabriel Camarena, y el subfiscal, Rodrigo Benítez Pérez.
¿Reglas claras? ¿Mayores inversiones? ¿Respeto al Estado de Derecho en Nayarit? En su pleito con sus antecesores, el gobernador morenista, Miguel Ángel Navarro Quintero, ha provocado severos daños a la propiedad privada. Allí está el aseguramiento del fraccionamiento Náutico, en Nuevo Vallarta, que llevó a 80 propietarios —entre ellos familias extranjeras— a ampararse por supuestamente haber adquirido terrenos del Fideicomiso de Bahía de Banderas por debajo del precio comercial ¡hace 20 años! Y todo porque sospecha que el exgobernador Echeverria está entre los condóminos.
Efectos Secundarios
DESATINADOS. El misil contra Xóchitl Gálvez y sus operaciones inmobiliarias ya tuvo respuesta. Los mismos creadores de la Estafa Maestra ahora hallaron un presunto nexo entre un sector de Movimiento Ciudadano y los responsables del fraude a Segalmex. El empresario Alejandro Puente, expresidente de la Cámara de la Industria de las Telecomunicaciones estaría en medio de esta trama. ¿Investigación periodística o guerra sucia? Esta historia transcurrió en territorio zacatecano e impactaría directamente al primer entorno del gobernador morenista, David Monreal Ávila y quien fue su secretaria particular, Verónica Espinosa, actual coordinadora de los programas federales en aquella entidad. La carrera rumbo al 2024 ha comenzado, de la peor manera.
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