Una mayoría se mantuvo leal al secretario general del SME, Martín Esparza, y la facción minoritaria siguió una ruta más radical, con Rosendo Flores a la cabeza
Enrique Peña Nieto tuvo que asumir los costos de una de las decisiones más cuestionadas del calderonismo: la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Los bloqueos del Sindicato Mexicano de Electricistas al Periférico, en el 2009, llevaron al entonces presidente de la República y a su secretario del Trabajo, Javier Lozano, a tomar la decisión de cerrar al organismo descentralizado encargado de suministrar el servicio en la megalópolis.
Más de 30,000 trabajadores perdieron su fuente de empleo. Una mayoría se mantuvo leal al secretario general del SME, Martín Esparza, y la facción minoritaria siguió una ruta más radical, con Rosendo Flores a la cabeza.
Con los peñistas, Esparza recuperó la interlocución que perdió con los gobiernos panistas. En la reconexión con el gremio electricista —que complementa el sindicato encabezado por Víctor Fuentes— tuvo mucho que ver Alfonso Navarrete Prida, uno de los funcionarios mexiquenses más eficientes de esa época.
El aval de las organizaciones sindicales a la reforma energética era esencial. Esparza pasó a convertirse en socio de la firma portuguesa Mota-Engil en el 2016. Antes había conseguido recursos para cubrir las liquidaciones de sus leales, que salieron de Agroasemex.
Hasta el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, la facción minoritaria del SME tuvo acceso a la justicia laboral. Empero, el paso del tiempo es implacable. Y ahora, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que encabeza Ernesto Prieto, ofreció una solución a extrabajadores de LyF que acudieron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para exigir el pago de salarios caídos y pensiones jubilatorias.
Antes de la extinción de Luz y Fuerza estuvo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, aunque ese proceso no ha concluido, después de tres sexenios en los que Víctor Flores ha perdurado como el representante de los trabajadores.
El decreto presidencial para abrogar la Ley Orgánica que sustentaba la existencia de ese organismo descentralizado fue publicado del 4 de junio del 2001. La SCT dispuso que Banobras se hiciera cargo de las liquidaciones, tarea que cumplió durante una década.
Desde septiembre del 2010, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes asumió las tareas de liquidador sustituto. Dos años después —también por decreto presidencial— quedó estipulado que su actuación debía apegarse a la vigencia de un plan de liquidación que debería contar con la autorización de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación.
Dos meses antes de que concluyera la administración peñista hubo una ampliación de términos, para establecer que el plan de liquidación concluiría en junio del 2021.
En el segundo semestre del año pasado hubo una nueva actualización. Ahora el plan de liquidación deberá ser consensuado entre la Comisión Intersecretarial y los representantes de la nueva Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. El funcionario responsable es Rogelio Jiménez Pons.
La liquidación de los ferrocarrileros no es un asunto menor. Al cierre del año pasado, el IDEP —en su calidad de liquidador sustituto— reportó que había 3,833 juicios laborales “vivos”, de los cuales 971 están registrados en los estados financieros como “probables”, equivalentes a 6,819 millones de pesos.
El monto del pasivo exigible por laudos condenatorios firmes es de 1,024 millones de pesos.
Efectos secundarios
CONTRERAS. Entre denuncias penales y estentóreas manifestaciones en ambas sedes del Congreso de la Unión, los integrantes de las bancadas panistas han exigido transparencia y rendición de cuentas a la Cuarta Transformación, pero sus representantes en el Congreso de Morelos no quieren que se realicen auditorías a las cuentas públicas. La dirigencia estatal de Morena acusó al PAN y a sus aliados de que, en intento por mantener el control de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, han paralizado el diálogo al interior del Congreso afectando más de 100 dictámenes que deberían resolverse en sesión ordinaria. Nos cuentan que en muchos de los casos los militantes panistas han desaparecido de la noche a la mañana todas las carpetas que dan cuenta de las irregularidades que existen.
BORROSOS. Para cubrir las necesidades de cartuchos para impresoras en las unidades administrativas y médicas del IMSS de Tamaulipas, cada año son convocados los proveedores de esos servicios a presentar ofertas. En el 2019 —Zoé Robledo ya había tomado las riendas de esa institución— las bases de la licitación LA-050GYR018-E696-2019, fueron “adaptadas” para que el rendimiento de esos aditamientos estuvieran en un rango que pudo cubrir la empresa seleccionada, Lexmark. Ante las quejas sobre presuntos favoritismos intervino el área de responsabilidades del Órgano Interno de Control del IMSS, que llamó a cuentas al encargado de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de la delegación estatal, David Cano Córdova, quien deberá responder por una defectuosa investigación del mercado de consumibles. La audiencia inicial sobre el expediente 2020/IMSS/DE231 está programada para el próximo lunes 21, justo cuando está en curso una nueva licitación obtener cartuchos de impresión.
EXPECTATIVAS. El próximo domingo 20, el titular de la ASF deberá entregar en San Lázaro los informes individuales de auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020. Pero no hay certeza de los informes individuales que serán remitidos a la Comisión de Vigilancia de la ASF. De acuerdo con fuentes del órgano autónomo, el auditor superior habría ordenado “ajustes de último minuto” al Programa Anual de Auditorías, que dejarían fuera del listado una decena de informes ya elaborados. “¿Qué encontraron y no quieren entregar el 20 de febrero a la Cámara de Diputados?”, inquirieron.
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