Ese es el origen de una historia en la que Miguel Ángel Yunes, Tomás Ruiz y Javier Duarte tendrían mucho qué decir
Hace 10 años, Homex promovía Villa Maya, su segundo desarrollo de vivienda media en Playa del Carmen. La vorágine que pondría al consorcio encabezado por Eustaquio de Nicolás al borde de la quiebra ya estaba en curso. El fraude contable que derivó en sanciones de la SEC quedaría al descubierto poco después.
Vendría otra ronda de empréstitos —ya en el sexenio peñista— para impulsar las actividades de las filiales de Homex en México, Brasil, Arabia Saudita y la India. Entre ellos, una línea de crédito por 456.7 millones de pesos con Bancomext, y otra de Nacional Financiera, por 320 millones de pesos.
Ambas instituciones estuvieron a cargo de Enrique de la Madrid. Pero las instrucciones para salvar a la empresa de De Nicolas venían de Palacio Nacional. Además del Ejecutivo federal, el empresario sinaloense contaba con Luis Miranda y Emilio Lozoya.
El auge de Homex, empero, no ocurrió en el peñismo. Todo lo contrario. Fue en la administración foxista cuando funcionarios de la extinta Secretaría de la Reforma Agraria, paisanos de De Nicolás, contribuyeron a encumbrarlo. Sobre todo, con los incentivos que ofrecieron a los trabajadores al servicio del Estado —léase el SNTE, que entonces encabezaba Elba Esther Gordillo— tuvieron para conseguir créditos para la vivienda.
Ese es el origen de una historia en la que Miguel Ángel Yunes, Tomás Ruiz y Javier Duarte tendrían mucho qué decir. Desde hace tres meses, el empresario sinaloense espera que Nafin retire los reclamos que lo tienen en el reclusorio. La lista de funcionarios que lo beneficiaron es larga e incluye a Víctor Manuel Borras, Javier Gavito Mohar, Rosario Robles y Miguel Ángel Osorio Chong.
Sus problemas iniciaron con José Antonio González Anaya.
Nacional Financiera reclamó los pagos a través de un juicio, radicado en el juzgado 67° de lo civil de la Ciudad de México, contra Proyectos Inmobiliarios de Culiacán, Homex Atizapán y Casas Beta del Noroeste. Para tramitar el crédito quedaron en garantía cuatro predios ubicados en Villa Maya.
Los deudores ya no han atendido los exhortos judiciales, por lo que el juez Eustorgio Marín Bartolomé ordenó el remate de los inmuebles, que ocurrirá el próximo 19 de agosto, con una rebaja del 20% en la tasación. La base para los postores —que serán convocados por un juez de lo civil de Cancín, Quintana Roo— son 60 millones de pesos.
Efectos secundarios
TRABADOS. Han pasado dos meses de que el presidente Andrés Manuel López Obrador públicamente increpara a Vulcan Materials por la ruptura de los términos de la negociación sobre las operaciones de la empresa en Playa del Carmen. En este lapso, ningún funcionario federal o del gobierno de Quintana Roo ha vuelto a contactar a los directivos de la Sactum o al CEO de la firma estadounidense, Tom Hill que está emplazada a desistirse del arbitraje internacional y ceder la operación del puerto de Punta Venado, que es clave para el ingreso de los materiales del tramo 5 sur del Tren Maya que comenzará a construir la Sedena en los próximos días. Sin este puerto los costos y el tiempo de la obra impedirán entregarla a tiempo.
POLITIZADOS. La recolección de basura es terreno de la disputa política en la zona metropolitana de Guadalajara. Los alcaldes de la capital tapatía y de los municipios conurbados —Tonalá, El Salto y Tlajomulco— provienen de partidos distintos pero coinciden en su rechazo a Caabsa Eagle, la concesionaria de ese servicio. ¿Y la opinión ciudadana? Hasta ahora ningún funcionario ha entregado documentación o evidencia que acredite el incumplimiento de los términos del contrato. LAMENTOS. De Crédito Real se despide Felipe Guelfi como director general interno, con más pena que gloria. Una historia más, donde el regulador es testigo, no juez. Jorge Pellicer añade a su haber la caída de banco Accendo, mientras fue titular de supervisión bancaria, aunque sigue en la CNBV, vicepresidente de banca de desarrollo y finanzas populares. La salida de Guelfi fue una disposición expresa de liquidador judicial designado. En una decisión desesperada, en la última semana la CNBV ha pedido a la institución financiera que aclare su situación al público inversionista.
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