Ante la embestida de las autoridades universitarias, la ministra encargó su defensa al experto penalista Alejandro Romano Rascón, mientras que Hugo Concha asumió la oficina del abogado general de la UNAM
Cuatro meses cumple el “escándalo mediático” que evitó que la ministra Yasmín Esquivel Mossa presidiera el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas publicaciones sobre el presunto fraude en la elaboración de su tesis de licenciatura estuvieron sustentadas en un testimonio falso, pero el daño reputacional es casi irreparable, en gran medida por un equivocado manejo de esa crisis.
Pocas voces se escucharon entonces a favor de la ministra en desgracia. Everardo Moreno —decano en la Facultad de Derecho de la UNAM— y Eduardo Andrade, destacadamente, aunque de manera supletoria pues en la estrategia original, la asesora de la tesis, Martha Rodríguez, y el entonces titular del Seminario de Derecho Laboral de la UNAM, Hugo Ítalo Morales, serían los principales testigos en descargo pero rápidamente fueron rebasados por el dictamen del Comité de Integridad Académica de la FES Aragón —alma mater de Esquivel Mossa— y la áspera reprobación del director de la facultad, Raúl Contreras Bustamante.
A finales de enero pasado, el entonces abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, había informado a Enrique Graue sobre ese vergonzoso caso: la normatividad universitaria impedía actuar, en casos anteriores al 2007. No obstante, el rector de la máxima casa de estudios turnó el expediente al Comité de Ética y anunció una serie de acciones para inhibir los plagios en los trámites de titulación de los universitarios.
c. Ambos han recurrido a los juzgados administrativos.
La defensa de Esquivel Mossa logró —en diversas instancias— acallar a las autoridades universitarias y ahora ha expuesto el “insuperable vicio de origen” del Comité de Ética invocado por el Rector Graue: “es una instancia legalmente incompetente para ocuparse del asunto respecto del que indebidamente han venido actuando”, reclamó.
Romano Rascón ha emprendido la contraofensiva en nombre de “una ciudadana que ante un posible atropello, recurre a los instrumentos jurídicos que le concede —como a cualquier persona— nuestra Constitución”.
El caso Esquivel ha revivido, de mala manera. Si la resolución del expediente, por parte del Comité de Ética, ya está lista es imposible saberlo por mandato judicial. Su actuación —insiste la defensa de la ministra— carece de sustento jurídico y de legitimidad.
¿Obstrucción de la justicia? ¿Abuso de autoridad? O por el contrario, ¿actos arbitrarios? ¿indebido proceso? La ministra tal vez perdió el litigio mediático, pero a través de su representante legal ha solicitado —y obtenido— medidas cautelares que han frenado la sanción que le tiene preparada la Rectoría. La última palabra —en todo caso— quedaría en la Junta de Gobierno… ¿o en el Tribunal Universitario?
Efectos secundarios
ESCAPARATE. Además de centro cultural y espacio de convivencia, la exresidencia oficial en la primera sección del Bosque de Chapultepec, se ha convertido en un punto de venta de productos naturales provenientes de todo el país. A la Cencalli de Los Pinos llegan café, chía, chocolate, harina de plátano, jamaica, jengibre, pasta de achiote, ajonjolí, orégano, piloncillo y harina de yuca. Actualmente hay 28 productos de sembradores de Chiapas, Puebla, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán en proceso de acuerdo para la venta permanente en la tienda de productos. Hay casi un millar de productos de valor agregado de todo el país en el catálogo de los sembradores. Y ha tocado al subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría del Bienestar, Hugo Raúl Paulín Hernández, hacerse cargo de los esfuerzos por comercializarlos.
Minuto a minuto
