De los 1,300 solicitantes, sólo 531 pasaron a la siguiente fase, que iniciará mañana con la aplicación del examen de conocimientos
Para competir por una de las cuatro vacantes en el Consejo General del INE, los aspirantes deben cumplir cabalmente con los requisitos establecidos en la Ley y la convocatoria. Así deben garantizarlo los cinco siete integrantes del Comité Técnico de Evaluación, designados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
La primera etapa del proceso —el registro— quedó cumplimentada, el pasado viernes 3. De los 1,300 solicitantes, sólo 531 pasaron a la siguiente fase, que iniciará mañana con la aplicación del examen de conocimientos y quedará completada con la “evaluación de idoneidad” y las entrevistas, previas a la integración de las quintetas.
Javier Santiago Castillo y Carla Astrid Humphrey Jordan —ambos exintegrantes del IEDF y designados consejeros electorales para el INE— quedaron descartados. Tienen un impedimento constitucional, determinaron, pues no pueden ser electos por segunda ocasión para ocupar un cargo en el Consejo General ya que eso implicaría una reelección.
Santiago Castillo estuvo en el INE entre 2014 y 2017; Humphrey Jordan apenas cumplirá el segundo de los nueve años de su encargo. Ambos buscaban llegar a la presidencia del órgano autónomo, pero tampoco podían decidirlo. Y es que los evaluadores sostienen que no pueden diferenciar ante a los aspirantes, en función del cargo que pretenden ocupar. En caso contrario habría una violación a los principios de imparcialidad y certeza.
Humphrey Jordan rechazó esos argumentos e interpuso un recurso para insistir en que la norma vigente no excluye la posibilidad de que una persona que en la actualidad ocupe una consejería pueda ser designada como titular de la presidencia antes de concluir su periodo, pues esto no cae dentro del concepto de reelección, que implica la culminación de un periodo y la designación para uno nuevo, de la misma duración.
Sobre el impedimento a Humphrey Jordan tendrá la última palabra el Tribunal Electoral. Hubo otros 345 aspirantes cuyos registros fueron rechazados, por defectos en la integración de sus expedientes. Entre los excluidos destacan los académicos Álvaro Arreola Ayala, por no haber entregado copia certificada de su cédula profesional, y Pablo Xavier Becerra Chávez, quien se abstuvo de entregar su currículum vitae con fotografía reciente y omitió dar consentimiento al aviso de privacidad.
Desde el 28 de febrero, 94 aspirantes fueron prevenidos sobre faltantes en sus expedientes, pero al no subsanarlos quedaron impedidos de seguir en el concurso. Otros tres –Laura Lucía Ceballos Alcázar, Fernando Vargas Manríquez y Axel Alberto Duarte Corona—afrontaban “circunstancias insubsanables”: los dos primeros no cumplen el requisito de 10 años de experiencia profesional. Y otros 32 fueron rechazados, al no entregar ensayo o exposición de motivos.
Efectos secundarios
SEGUROS. La empresa administradora del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles pagará 138.5 millones de pesos al Grupo Mexicano de Seguros, por la prima neta de la póliza que cubre la obra civil terminada y el equipamiento de las principales estructuras de la terminal aérea construida en Santa Lucía contra diversas eventualidades, entre ellas desastres naturales como sismos o inundaciones, pero también daños provocados por personas como vandalismo, terrorismo y sabotaje. También fueron incluidas afectaciones por errores u omisiones, descuido y negligencia, por un límite de responsabilidad de 7,000 millones de pesos.
RESTRICCIONES. Hecha pública, la denuncia que directivos de El Heraldo presentaron contra José Luis Moyá Moyá por tentativa de extorsión. A finales de la semana pasada, el exaspirante a comisionado del Inai se apersonó en la sede de ese consorcio informativo, para reclamar airadamente, por lo que ya se tramita una nueva querella en su contra ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para exigir que pueda acercarse a las oficinas del medio o a las empresas de Grupo Andrade.
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