Filtrados hace casi un año, esos reportes militares desvelaron el protocolo de atención médica para la familia presidencial y también, el cuadro clínico actual de López Obrador
Acritudes, detrás de los rumores sobre la recaída del presidente Andrés Manuel López Obrador, que su sustituto en las mañaneras, Adán Augusto López Hernández, públicamente atribuye a aquellos que “tienen podrida el alma”. En privado, el secretario de Gobernación ha tenido que reconocer lo innegable: el aparato de comunicación social de Palacio Nacional es inoperante.
Ni los reporteros de la fuente ni el personal de apoyo adscrito a la oficina del vocero presidencial cubrieron las actividades presidenciales del pasado fin de semana por la Península de Yucatán. Desde mediados del año pasado, la comitiva del Primer Mandatario se traslada en aeronaves de la Fuerza Aérea y en la agenda ni siquiera figuran los puntos de supervisión.
De vuelta a la Ciudad de México, aislado —de acuerdo al protocolo—, el Ejecutivo federal sólo tuvo contacto con el alto mando castrense, con el secretario de Gobernación y con el Fiscal General de la República. El hijo menor del presidente y su esposa están fuera de la Ciudad de México.
Por segunda ocasión, en menos de un mes, corrieron profusamente rumores sobre la salud presidencial. Aquella vez, Elizabeth Vilchis hizo escarnio de los líderes de opinión que difundieron imágenes —borrosas, sin contexto—de un helicóptero que sobrevolaba Palacio Nacional, para ilustrar la noticia falsa sobre un evento cardiaco de López Obrador.
Al inicio del 2023, otro problema presuntamente ocurrido en Palenque, Chiapas, obligó a los voceros oficiales a desmentir versiones aviesas. De los check up de rutina en el Hospital Central Militar tampoco hay información oficial.
Ni evento cardiaco ni enfermedad vascular ni ambulancia aérea ni terapia intensiva en el Centro Médico Militar… Las “voces que se nutren de la desinformación” se resisten a creer la versión oficial. Hasta que sean divulgados los resultados de la prueba rápida o un video del paciente, acallarán las suspicacias.
El silencio oficial avivó las maledicencias de las que se quejó el secretario López Hernández. Pero el debate sobre la salud del presidente no amaina y todos los caminos conducen al Guacamaya Leaks que tanta molestia ha ocasionado en el primer círculo lopezobradorista.
Filtrados hace casi un año, esos reportes militares desvelaron el protocolo de atención médica para la familia presidencial y también, el cuadro clínico actual de López Obrador.
La difusión de ese tipo de información —clasificada, por las Fuerzas Armadas, pero además protegida el derecho a la privacidad—está justo detrás del diferendo entre la Cuarta Transformación y quienes pretenden que prevalezca el Inai.
En el primer círculo lopezobradorista están enterados de que al menos dos equipos periodísticos —uno, de un diario capitalino y otro, de medios electrónicos— han tenido acceso a reportes detallados sobre el Ejecutivo federal y al menos dos de sus hijos, aquejados por enfermedades. “¿Es material hackeado?”, se preguntó a un funcionario federal con conocimiento de estas revelaciones. “No. Hay filtraciones. Supuestos garantes de los expedientes —que tienen acceso a la información, sin testeos— han orientado pesquisas periodísticas. Son juez y parte”.
Sobre esa animosidad, no hay duda. Ayer 25 de abril, el secretario de Gobernación reiteró su anatema a los comisionados del Inai. Habla con conocimiento pleno de lo que ha pasado en la llamada “caja de cristal” durante la última década: de los expedientes ocultos sobre hostigamiento, del suicidio de un comisionado —que alteró el cronograma de relevos escalonados—, de la maniobra monrealista para capturar el pleno…
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