Ambos han recurrido a antiguos aliados para amainar las tormentas. Uno contactó a Lázaro Cárdenas Batel. Otro a Pablo Gómez. La última palabra —quedó claro— sale de Palacio Nacional
Las indagatorias de la Estafa Maestra llevaron al banquillo de los acusados a Rosario Robles y a sus colaboradores más cercanos en Sedesol y Sedatu. En su equipo compacto destacaban, por sus prerrogativas, Emilio Zebadúa y Ramón Sosamontes; pero no han sido llamado a cuentas por el juez de control.
Zebadúa fue oficial mayor de las dos dependencias que encabezó Rosario en el sexenio pasado. Sosamontes fue su jefe de Oficina. El primero estuvo a cargo del manejo de las partidas presupuestales, el otro encabezaba el equipo político que estaría listo para enfrentar a AMLO en 2018. Ese proyecto fracasó estrepitosamente, por la Estafa Maestra.
Ambos fueron investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Con sus cuentas intervenidas y con alertas migratorias —para evitar que abandonaran el país— enfrentaron su suerte. Zebadúa se acogió al criterio de oportunidad.
Sosamontes tramitó amparos y se refugió en Acapulco. Los gastos legales y el bloqueo de sus cuentas lo llevaron a la ruina —ni siquiera la venta de emporio mediático logró salvarlo— pero se mantuvo en pie de lucha, sin traicionar a sus antiguos compañeros.
Ambos han recurrido a antiguos aliados para amainar las tormentas. Uno contactó a Lázaro Cárdenas Batel. Otro a Pablo Gómez. La última palabra —quedó claro— sale de Palacio Nacional.
Tras de la judicialización del expediente de Estafa Maestra, Robles Berlanga contrató los servicios de Julio Hernández Barros, quien fungió como presidente de la Comisión Ejecutiva para Atención a las Víctimas a finales del sexenio peñista, pero dejó el caso en manos de Epigmenio Mendieta, en febrero del 2020.
La ratificación de Alejandro Gertz como fiscal general de la República obligaba a un cambio de estrategia de la defensa, que entonces sostenía la absoluta inocencia de la exfuncionaria peñista. Entonces, el despacho del abogado Javier Coello Trejo se acercó a la familia de Rosario para explorar otras opciones. Pero el criterio de oportunidad nunca ha sido una opción.
Ahora, Manuel Martínez Garrigós y Raúl Carrancá están a cargo de la defensa de la exsecretaria peñista. Aunque su hermano Francisco tiene un papel relevante en las definiciones de la estrategia.
Efectos secundarios
EMPLAZADOS. En el centro de la trama financiera que involucra al expresidente Enrique Peña Nieto en movimientos bancarios atípicos han sido ubicados distinguidos personajes mexiquenses por la Unidad de Inteligencia Financiera. Entre ellos, Luis Alfonso Rodríguez y Héctor Maccise Yitani; el primero es esposo de Maribel Barroso Aguirre, la exsecretaria del exmandatario priista, y actualmente residen en un departamento valuado en siete millones de euros en la misma ciudad española dónde vive el exmandatario, mientras que Maccise Yitani, empresario dedicado a los bienes raíces, también tuvo entre sus clientes al exsecretario de Sedesol, Luis Miranda Nava y al extitular de la Unidad de Apoyo a la Presidencia, José Antero Rodarte Cordero. El matrimonio Rodríguez Barroso —esperan las autoridades— deberá regresar a México en breve, sobre todo por el cercano enlace de su hijo Max, en Veracruz.
RESPONSABILIDADES. En la mañanera de Palacio Nacional, el mecanismo de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha quedado bajo el escrutinio público. Al proveedor de servicio, RCU Sistemas, se le señaló por presuntos vínculos con familiares del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, pero el subsecretario Alejandro Encinas públicamente desmintió esas versiones. La firma, fundada hace 25 años y dedicada inicialmente al desarrollo e integración de TIC, tampoco tiene expedientes abiertos por faltas administrativas. Nuestros clientes —tanto públicos como privados— son importantes y buscamos brindarles siempre calidad, seguridad, confianza y certeza.
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