El arbitraje sobre las presuntas violaciones al T-MEC ha sido una opción ominosa e infértil para la causa mexicana.
Cuando Blanca Alicia Mendoza Vera llegó a la Profepa, en diciembre del 2018, su antecesor le dejó un listado con 10 asuntos “de urgente resolución”. Tres meses antes, Legacy Vulcan había notificado su intención de solicitar un arbitraje en contra del Gobierno de México, al amparo del Tratado de Libre Comercio, entonces vigente.
Las sanciones contra Calizas Industriales —su filial mexicana dedicada a la extracción de materiales pétreos en Playa del Carmen, Quintana Roo, desde 1986— motivaron su reclamación. La clausura de su área de extracción y antes, la intención de habilitar una administración portuaria en sus terrenos, por instancias locales, eran los agravios mayores, que motivaron dos juicios de amparo.
Catedrática universitaria y una carrera en el poder Judicial, Mendoza Vera fue recomendada de la exministra Olga Sánchez Cordero y tuvo el respaldo de la entonces titular de Semarnat, Josefa González Blanco Garrido.
Han pasado tres años del arbitraje (Caso CIADI No. UNCT/19/1) y también, tres secretarios del Medio Ambiente y un cúmulo de funcionarios que fracasaron en la resolución de este conflicto, que si bien se originó en el sexenio pasado, no pudo ser resuelto… ni siquiera por los mandos militares que —al igual que los funcionarios de SCT que estuvieron a cargo de Puertos y Marina Mercante— no pudieron tomar control de Punta Venado, el predio de 11.9 hectáreas donde está la terminal marítima cuya importancia en el proyecto del Tren Maya es esencial.
La titular de Profepa dejó la atención de este asunto al subprocurador de Recursos Naturales, Antonio Jesús Díaz de León Corral. Más sanciones contra Calica por presuntos incumplimientos a la normatividad ambiental, estaban en curso.
Las instancias gubernamentales encargadas de la protección medioambiental perdieron piezas valiosas. Entre los mandos medios y superiores que fueron invitados a retirarse del servicio público estuvo Luis Vera Morales, extitular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.
Para negociar con el gobierno mexicano, los inversionistas de Legacy Vulcan siguen la ruta que la minera canadiense Americas Gold&Silver marcó para reabrir su planta en Cosalá, Sinaloa, ante los amagos del sindicato de Napoleón Gómez Urrutia.
En este caso, empero, la prisa es de la parte demandada. Y los representantes de la empresa —que inicialmente reclamó 100 millones de dólares como indemnización— han recalculado los daños probables en ¡3,500 millones de dólares!
Ayer, el Ejecutivo federal planteó los escenarios probables: un nuevo complejo turístico, que se atenga a las especificaciones de las autoridades mexicanas, o la recompra de las 4,000 hectáreas adyacentes a Xcaret… con avalúos que elaboren peritos mexicanos.
El embajador de México ante Estados Unidos, Esteban Moctezuma, está encargado de las negociaciones. Pero los representantes de Legacy Vulcan se quejan de la actitud pendenciera del extitular de la SEP. Algo sabrán, pues su representante en México, Ernesto Márquez Castillo, ha sido retirado de la mesa de negociación.
El tiempo apremia. Y más para el Tren Maya, que deberá entrar en funcionamiento dentro de 24 meses. El arbitraje sobre las presuntas violaciones al T-MEC ha sido una opción ominosa e infértil para la causa mexicana.
La extitular de la Semarnat, Julia Carabias, ya hizo un deslinde público sobre los permisos otorgados en las instancias medioambientales a Calica, cuyo registro está validado por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, donde han guardado prudente silencio sobre esta polémica.
Las ligas de esa empresa con políticos locales han sido desveladas. Y pronto, las acreditaciones que obtuvo, por parte de la Profepa, como industria limpia. Las pesquisas del actual gobierno están dirigidas a exhibir presuntos nexos con Rafael Pacchiano Alamán, quien desahogó el caso Calica a través del entonces subprocurador de Recursos Naturales, Alejandro Del Mazo, y de la delegada de Profepa en Quintana Roo, Carolina García Cañón.
Pacchiano Alamán pronto afrontaría otras polémicas sobre su desempeño como secretario de Estado. Allí está —por ejemplo— el expediente que circula profusamente desde mediados del año pasado sobre la organización de la COP-13, en Cancún.
Ese contrato —una adjudicación directa por servicios de logística que data de septiembre de 2016— dio más de 642 millones de pesos a Cinética Producciones. Hace tres años, Pacchiano Alamán dejó el servicio público, pero mantiene una discreta actividad social y en las redes sociales, mientras que su esposa Alejandra Lagunes cumple con sus funciones legislativas en el Senado de la República.
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