La retención del IVA y el cobro de derechos seguirá siendo tarea de funcionarios civiles
Habrán pasado seis meses desde que el Ejecutivo federal anunció la creación de la Agencia Nacional de Aduanas cuando Rafael Marín Mollinedo asuma plenamente el control de esa nueva instancia gubernamental.
Entonces será posible darle cristiana sepultura a las Aduanas de México, el organismo que estuvo adscrito al SAT y que nunca pudo ser depurado. Por allí pasaron tres directores generales —Ricardo Peralta, Ricardo Ahued y Horacio Duarte— que dejaron casi intacto un aparato burocrático, inmune a la política de austeridad y combate a la corrupción de la Cuarta Transformación.
La retención del IVA y el cobro de derechos seguirá siendo tarea de funcionarios civiles. La vigilancia de las aduanas en los puertos, cruces fronterizos y terminales aéreas ya es competencia absoluta de las Fuerzas Armadas, en aras de preservar la seguridad nacional y la integridad territorial.
De acuerdo con el SAT, las 44 aduanas del país recaudan dos terceras partes del IVA que se genera dentro del país, lo que es equivalente al 30% del total de los ingresos tributarios. El fideicomiso aduanero actualmente —de acuerdo con fuentes de la Hacienda mexicana— concentra más de 83,000 millones de pesos.
La corrupción dentro de las Aduanas, pero también el tráfico ilegal de combustibles, armas y fentanilo, obligaron a la reestructuración del aparato gubernamental. Y también pesó la carencia de un sistema eficiente para la revisión de los vehículos y contenedores.
La actual administración nunca aceptó el proyecto de integración tecnológica que durante una década trató de instrumentar el SAT. Justo en enero del 2021, el SAT rescindió el contrato de los scanner de rayos X que proveía la firma Rapiscan Systems. Por los constantes problemas técnicos, le impuso además una multa de 7.5 millones de pesos.
Fueron tres años de servicios deficientes. Rapiscan Sytems, vía adjudicación directa, obtuvo un contrato bianual, por un monto de 3,350 millones de pesos. Las ampliaciones de los contratos, a través de convenios modificatorios, le generaron otros 555 millones.
Antes de cancelar ese contrato, el SAT tuvo conocimiento —a través de un reporte de la compañía MW, dedicada a la venta de acciones a corto plazo— que el SAT había adquirido scanners de rayos X a la empresa estadunidense OSI Systems a finales de la administración calderonista. Esos equipos tampoco funcionaron adecuadamente.
Rapyscan Systems es subsidiaria de OSI Systems y dicha compra fue realizada por José Antonio Meade, cuando era Secretario de Hacienda, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dirigía el SAT.
La contratación de los sistemas de detección con rayos X en aduanas para la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante —valuados en más de 6,000 millones de pesos— ahora quedará en la jurisdicción de la Secretaría de Marina. Hasta ahora, solo tres empresas han presentado cotización: Astrophysics Inc, Leídos y Rapyscan System.
La licitación todavía no es convocada. La Semar evalúa si es por invitación o si se adjudica de forma directa. Las tres cotizantes son originarias de Estados Unidos y de esta convocatoria quedarían marginadas las proveedoras nacionales.
Efectos secundarios
INFLUENCIA. A un mes de la renovación de la Presidencia de la Suprema Corte, las organizaciones de la sociedad civil pugnan por acotar “los espacios de arbitrariedad en la ruta procesal” y buscan abrir espacios para que los aspirantes al cargo que dejará Arturo Zaldívar Lelo de Larrea puedan exponer sus propuestas. La renovación judicial quedó en punto muerto, tras del intento fallido por extender el mandato del ministro presidente al frente de la Corte. La relación con el poder Judicial quedó a cargo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien ha garantizado que el Ejecutivo no se involucrará en el proceso de renovación. Pero las voces ciudadanas ahora se quejan de la injerencia de otros actores políticos en el procedimiento. ¿Sus iniciales? Julio Scherer Ibarra.
IMPUGNADOS. La administración pública federal asignó el servicio de vales electrónicos de despensa a Toka Internacional a finales del pasado mes de noviembre. Y en vísperas del pago del aguinaldo y las prestaciones de fin de año, los otros tres invitados a la licitación —PreviVale, Edenred y Sí Vale— se han quejado por el resultado. De acuerdo con el acta de fallo de Compranet, las tres quejosas no presentaron la documentación necesaria para acreditarse en la licitación, y además de tener irregularidades técnicas, tampoco ofrecieron la propuesta más económica, ya que eso lo hizo Toka al ofertar un contrato por 7,936 mdp y una bonificación del 0.45 por ciento.
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