El Senado cerró sus puertas hace tres semanas, y desde entonces se implementó un “plan mínimo” de operaciones. Aunque el pasado sábado 18 el subsecretario Hugo López-Gatell avaló la reapertura del recinto parlamentario, en tanto que las tareas legislativas están consideradas como actividades esenciales
El “bloque de contención” conformado por el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano al arrancar la LXIV Legislatura en el Senado de la República hará valer su peso. La presidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández Balboa, citó a los 128 integrantes de la Cámara Alta a sesionar, luego de un impasse de un mes, por la contingencia sanitaria.
En ese periodo, la bancada panista demandó que el órgano legislativo trabajara por vías digitales para sancionar su iniciativa de Ley de Emergencia y Recuperación Económica, presentada luego de la ruptura de la cúpula empresarial con el Ejecutivo federal.
El Senado cerró sus puertas hace tres semanas, y desde entonces se implementó un “plan mínimo” de operaciones. Aunque el pasado sábado 18 el subsecretario Hugo López-Gatell avaló la reapertura del recinto parlamentario, en tanto que las tareas legislativas están consideradas como actividades esenciales.
La indicación de regresar a legislar salió de Palacio Nacional el miércoles 15. Al periodo ordinario de sesiones le quedaban dos semanas y entre el cúmulo de pendientes —entre ellos la designación de dos nuevos comisionados del INAI y un nuevo integrante del IGFT— había quedado la minuta de la nueva Ley de Amnistía.
La agenda legislativa de la 4T, ¿por encima de la emergencia nacional? En vísperas de la cita, los coordinadores de esos cuatro grupos parlamentarios condicionaron su asistencia a una ampliación del orden del día que incorpore, además de un debate sobre la estrategia implementada para atender el Covid-19 y el plan de emergencia propuesto por el PAN, la construcción de un acuerdo nacional para enfrentar la emergencia sanitaria.
“Nos convocan a asistir a la sesión sólo para levantar o no levantar la mano”, destaca un desplegado suscrito por Mauricio Kuri (PAN), Miguel Ángel Osorio (PRI), Dante Delgado (MC) y Miguel Ángel Mancera (PRD). “Si consideran que en la pandemia es relevante el tema de la amnistía, para nosotros es igualmente importante y tiene mucho mayor relevancia la necesidad de deliberar y adoptar resoluciones para fortalecer la capacidad de hacerle frente a la emergencia”.
El destinatario era el Ejecutivo federal. “Si la mayoría gobernante se mantiene en su cerrazón y busca la imposiciones, hemos decidido no presentarnos a la sesión”, adelantaron los representantes del bloque opositor. Morena y sus aliados —PT, PES y PVEM— sumarían 73 votos, de 128 posibles.
La iniciativa de Ley de Amnistía fue remitida por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados hace siete meses, donde fue aprobada con 306 votos a favor, 129 en contra y cuatro abstenciones. El 12 de diciembre, la Mesa Directiva de la Cámara Alta turnó la minuta a las comisiones de Gobernación, Estudios Legislativos II y para la Igualdad de Género. Una semana después, el Senado clausuró el primer periodo de sesiones del segundo año de la LXIV Legislatura y reanudó su actividad en febrero. Pero la conclusión del trámite no estuvo contemplada… hasta ahora.
El Ejecutivo impuso una agenda legislativa, a pesar de la contingencia sanitaria. En vísperas del inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, los parlamentarios ensayaron soluciones inverosímiles para aprobar la reforma al Artículo cuarto constitucional. Y este lunes, en atención al exhorto presidencial y a una petición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, consolidará la estrategia para la pacificación del país que incluye —a propuesta de la secretaria Olga Sánchez Cordero— la despenalización del consumo de la mariguana.
La impertinencia de citar al pleno de la Cámara Alta fue rechazada por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que luego de revisar un dictamen elaborado por su Comisión de Derecho Penal —coordinada por Rodolfo Islas Valdés— consideró que la liberación de reos es una resolución “con un sentido claramente político”, bajo el pretexto de la contingencia sanitaria.
“Esta Ley de Amnistía no sólo violenta el Estado de derecho, sino hasta la propia Ley General de Víctimas”, sanciona el pronunciamiento avalado por el presidente de la BMA, Héctor Herrera Ordóñez: “Éstas, como perjudicados directos, no encontrarán justicia ni una reparación integral del daño que se les haya causado”.
Efectos secundarios
COMPETENCIAS. Acostumbrados a las prácticas judiciales, en la Secretaría de Gobernación emitieron un peculiar apercibimiento a TV Azteca por supuestamente haber invitado “a desobedecer las instrucciones del subsecretario Hugo López-Gatell”. Para vigilar y sancionar a los concesionarios de los medios electrónicos, el marco legal vigente otorga facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones y al Consejo Nacional de Radio y Televisión, instancia que también deberá pronunciarse sobre la devolución (sic) de los tiempos fiscales. Ni más, ni menos. Y ya cerca de la fase 3 de la contingencia sanitaria, surgen evidencias innegables de la próxima saturación de las unidades hospitalarias en la Ciudad de México. El dato preciso sobre la ocupación de camas de terapia intensiva o de ventiladores no se incluye en el panorama epidemiológico desvelado diariamente por el equipo del subsecretario López-Gatell.
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