La traumática experiencia colectiva de los primeros 100 días del segundo término del presidente Donald Trump, pletórica de frustración confusión, inconformidad, preocupación, incertidumbre, en todas las áreas y niveles, evidentes en cada vez más frecuentes manifestaciones en más de mil 200 ciudades de todo el país, palidece ante el endurecimiento que viene. Al desplome global … Continued
La traumática experiencia colectiva de los primeros 100 días del segundo término del presidente Donald Trump, pletórica de frustración confusión, inconformidad, preocupación, incertidumbre, en todas las áreas y niveles, evidentes en cada vez más frecuentes manifestaciones en más de mil 200 ciudades de todo el país, palidece ante el endurecimiento que viene.
Al desplome global de mercados de valores, pérdida de trillones de dólares de fondos de retiro y peligrosa volatilidad, por la guerra comercial y tarifas, se sumará lo que expertos consideran, sería un “grave asalto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al sistema de Cortes de Justicia Federal.”
“No tenemos que estar de acuerdo en política, pero sí en que jueces y abogados deben ser independientes de la rama ejecutiva; sin el imperio de la ley, seríamos una dictadura como China o Rusia, donde hay sistemas legales que parecen pero son”, dice experto legal John Keker, con más de 50 años de experiencia.
Y es que ante la masiva y férrea defensa de la Constitución, por cada vez más magistrados federales, -incluyendo nominados por él- al tsunami de órdenes ejecutivas del presidente Trump, para eliminar la ciudadanía automática, crear DOGE al margen de procedimientos legales, autorizar acceso a información sensitiva del Departamento del Tesoro, sobre contribuyentes, o del IRS, Seguro Social, Medicare y Medicaid, para cazar y deportar indocumentados, sin respetar el derecho al debido proceso; desaparecer agencias federales, despidos masivos de burócratas, congelar fondos a servicios, optó por tratar de apoderarse de todo el Poder Judicial, para someterlo, como hizo con el Legislativo, al Poder Ejecutivo.
Mientras Rusia celebra el “retorno del imperio” que, dice, no será moralmente obsoleto, después de todo,” destacando constantes amenazas de expansión como la “anexión de Canadá, ocupación Groenlandia o del Canal de Panamá, para justificar también su invasión a Ucrania o la ocupación de Gaza, por parte de Israel, el presidente Trump, declaró “no estar seguro si debe respetar la regla de la ley y el derecho a debido proceso “del que sus “brillantes abogados” tienen una interpretación diferente,” tratando de “evitar 3 o 4 millones de juicios de gente que ha cometido crímenes.”
Trump, quien considera la declaración de independencia como “una declaración de unidad, amor y respeto; algo muy especial para su país,” califica de “lunático radical, conflictivo y agitador” al juez Federal de Distrito James E. Boasberg, (quien prepara un procedimiento por desacato contra la Casa Blanca) por ignorar su orden de detener la deportación de indocumentados criminales a El Salvador, y traer de ese país a Kilmar Abrego García, deportado “por equivocación.”
El juez federal de Distrito Fernando Rodríguez, nominado por Trump en 2017, determinó -como otros magistrados-, decretó la improcedencia de la aplicación de la Ley de Deportación de Extranjeros Enemigos, de 1798, para la remoción de indocumentados.
Frustrado por dictámenes que bloquean sus decisiones -incluyendo las emitidos en más de 75 consignaciones penales y una convicción criminal con 34 cargos- el presidente Trump -quien también generó fuertes críticas del mundo católico, por la imagen vistiendo la indumentaria de Papa, argumenta que esas decisiones -basadas en la correcta aplicación de la ley y la Constitución-, son un “golpe judicial,” de los que denomina como “magistrados de la izquierda radical agitadores,” contra la política presidencial, como el caso del juez Boasberg.
“Él no fue elegido presidente, él no ganó el voto popular en los 7 swing states, no ganó y yo gané con un mandato abrumador (sólo por dos millones y medio de votos) hago sólo lo que los votantes quieren que haga; ése como otros jueces deben ser enjuiciados,” dijo Trump, quien encontró una inusual respuesta de John Roberts, presidente de la Suprema Corte de Justicia.
“Durante más de dos décadas, se ha establecido que enjuiciar no es la respuesta adecuada al desacuerdo sobre un dictamen judicial; el proceso normal de apelación existe para ese propósito,” dijo Roberts, lo que generó frustración y furia de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia.
Eso generó el lanzamiento de una de las más graves ofensivas contra la estructura de gobierno, en la historia de este país.
La organización “América First Legal,” (fundada por el actual subjefe de Gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller, posible sucesor de Mike Waltz), demandó a John Roberts, Jefe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando que tanto la Conferencia Judicial y la Oficina Administrativa de las Cortes Federales, responsables de la política y manejo de los tribunales federales del país, presididas por Roberts y el administrador Robert Conrad, son “agencias, parte del poder ejecutivo, que deben ser “supervisadas” por el Presidente,” no a la inversa, rechazando la separación de poderes.
Tratando de manipular una solicitud de legisladores, en 2023, para que se creara una comisión y código de ética, para evitar sobornos confirmados a magistrados como Clarence Thomas y Samuel Alito, quienes han recibido millones de dólares en obsequios e “invitaciones” para viajar en aviones y jets privados, con sus familias o compra de propiedades, ahora reconocen que eso debilita la independencia política de la Suprema Corte de Justicia, que establece el Artículo III, tratando de romper la barrera constitucional de la separación de poderes, para que el Ejecutivo pueda controlar y usurpar su autoridad.
“Este es un momento de peligro constitucional sin precedentes, por crecientes amenazas y ataques a magistrados y bufetes legales proponiendo leyes que debiliten e intimiden al poder judicial’ advierten más de 72 organizaciones nacionales y docenas de organismos locales, en representación de millones de estadounidenses preocupados por la intención de desmantelar el imperio de la ley para manipularlo como arma política, neutralizando el sistema de chequeos y balances que han sido salvaguarda de la democracia durante 248 años.
Miller tiene como objetivo hacer ilegales los programas de Diversidad, Igualdad e Inclusión (DEI) en todo el país y se ha convertido en el líder privado de la Casa Blanca para ese propósito.
Miller era secretario de Prensa del exsenador y exprocurador general de Justicia, Jeff Sessions, quien lo presentó a Trump. Para quien comenzó a escribir discursos “asesorar” en política migratoria, ahora es subjefe del Gabinete, es considerado para el cargo de Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Mientras, las declaraciones de Trump parecen marcar la lejanía de la reducción de precios de combustibles y alimentos, que aumentan sin control, lo que inútilmente trata de atribuir al expresidente Joe Biden, quien dejó una economía sólida y fuerte, con bajos niveles de desempleo e inflación, que en sólo 3 meses se han disparado, para terror de inversionistas que esperan la difusión de importantes reportes económicos y el posible anuncio sobre el mantenimiento de tasas de interés de la Reserva Federal.
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