La libertad de la elección pone acentos en la expectativa de una Corte más profesional y expedita, menos sujeta a los vaivenes y los cálculos políticos de su presidencia
Priva cierto consenso en torno a que los ministros de la Corte votaron libremente, por sí y ante sí, sin alinearse a presiones externas, la elección de su nueva presidenta, Norma Piña.
Fue como si emitieran un mensaje de #LaCorteNoSeToca.
Esta es al menos la impresión de María Amparo Casar y de quien esto escribe en el texto “Las deudas de la Corte” que sirve de entrada al balance de los últimos cuatro años del máximo tribunal de México.
La libertad de la elección pone acentos en la expectativa de una Corte más profesional y expedita, menos sujeta a los vaivenes y los cálculos políticos de su presidencia.
Nos urge esa Corte profesional y expedita porque tiene muchos asuntos cruciales en espera. Según nuestro recuento, la Corte no ha revisado algunas de “las mayores amenazas constitucionales que penden sobre el país”:
“Apenas ha tocado el paquete de leyes relativas a la militarización de un gobierno que se presume civil.
“No se ha pronunciado sobre el decreto que permite al Ejecutivo conceder de facto y de manera discrecional los permisos, dictámenes, licencias, autorizaciones y asignaciones directas para los proyectos de infraestructura del gobierno.
“Tampoco sobre el embate legal evidente contra los órganos autónomos constitucionales, como la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia y, sobre todo, el Instituto Nacional Electoral.
Están en curso, además, “leyes de abierta inconstitucionalidad, aprobadas por la mayoría gobernante, para lisiar aún más al árbitro electoral, leyes que ponen en riesgo los principios básicos de la democracia“.
¿Qué puede y debe esperar el pueblo de México del nuevo ciclo en la Corte, iniciado el 1 de febrero, con su nueva presidencia?
Creemos que no una Corte opuesta por consigna al Presidente. No. Pero sí una presidencia y una Corte “decididas a concebirse como guardianas de la Constitución”, que “asuman la responsabilidad de juzgar con la celeridad, la seriedad, el profesionalismo y la colegialidad requeridos”, con “presencia y vigencia frente a los problemas”, con “entereza y templanza frente a quien quiera intervenir”, con “prudencia y seriedad frente a los graves problemas que le toca resolver”.
Nada más, pero nada menos.
Minuto a minuto
